Cuando lo local transforma: votar más allá de la resignación, por Paula Távara

A una semana de las elecciones regionales y municipales, la campaña apenas se siente. Quizás se deba al cansancio ciudadano tras años de crisis y a que apenas hace un par de meses tuvimos elecciones presidenciales. Quizás también a la avalancha de noticias graves que concentra la atención de la prensa y la opinión pública.

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la campaña subnacional no ha prendido en el ánimo ciudadano y parece poco probable que lo haga en los días que quedan.

Hace un par de meses planteaba que las elecciones del próximo 4 de octubre podían ser una oportunidad para preguntarnos qué rumbo queremos para el país, esta vez en clave local. También podían permitirnos construir gobiernos subnacionales capaces de articular las necesidades de sus territorios con el gobierno central y, a la vez, funcionar como piedra de tope de los abusos que este pueda pretender cometer en el futuro.

Sigo convencida de la relevancia de estos comicios, aunque estén pasando más desapercibidos de lo habitual.

Ricard Gomá, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Institut Metròpoli, afirma en su Alegato por un municipalismo transformador que “aún hoy la escala nacional estructura imaginarios políticos y vertebra actores de cambio (…) Es posible, sin embargo, adoptar otra mirada. Una perspectiva orientada a rescatar la relevancia histórica de lo local como activador de transformaciones”.

La inseguridad ciudadana, por ejemplo, exige un trabajo conjunto entre el Ejecutivo nacional y los municipios, aunque todavía no se perfilen alternativas novedosas para esa colaboración.

Aunque los gobiernos regionales y locales no tienen competencias directas sobre la detención y persecución del delito, sí pueden colaborar con la investigación y, sobre todo, desarrollar políticas de prevención.

Algo similar ocurre con otro problema estructural: la vivienda. En el país, el mercado inmobiliario ha crecido con el apoyo de programas gubernamentales de crédito y bonos para la compra. Sin embargo, muchos proyectos mal llamados de “vivienda social” son impagables para la mayoría o solo ofrecen viviendas cada vez más pequeñas. Cabe preguntarse si responden al derecho a una vivienda digna o, más bien, al negocio de constructoras e inmobiliarias.

Frente a ello, los gobiernos regionales y locales pueden regular la zonificación y gestionar proyectos públicos que garanticen condiciones dignas a sus residentes.

¿Y qué ocurre con el espacio público? Tras la pandemia, nuestras sociedades parecieron revalorar los espacios abiertos, la arborización y el aire puro frente a formas de esparcimiento puramente privadas. Sin embargo, las autoridades no parecen compartir esa valoración. En 2024, la Municipalidad Provincial de Piura taló una veintena de árboles y cercó un parque para construir un conjunto de piletas. En Lima, quienes transitamos hacia el centro vemos día a día cómo el Campo de Marte va muriendo.

Existe también un ámbito menos tangible, pero altamente relevante: como los gobiernos regionales y locales pueden convertir una visión política y un horizonte para su ciudadanía en medidas concretas, les es posible confrontar posiciones regresivas, como las promovidas en los últimos años en el gobierno central y el Poder Legislativo.

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Así lo ha demostrado el Gobierno Regional de Arequipa al garantizar, mediante ordenanzas, la Educación Sexual Integral, el enfoque de género en la educación y, más recientemente, la salud menstrual digna en su jurisdicción. Estas medidas defienden derechos frente a una legislación nacional que buscaba restringirlos, especialmente para las mujeres.

Gomá sostiene que “en el contexto actual de cambio de época y de ofensiva reaccionaria (…) la política de proximidad ha sido y es un espacio generador de utopías cotidianas y practicables; quizás con niveles bajos de épica y simbolismo, pero con un potencial remarcable para alterar trayectorias vitales y colectivas, para liberarlas de ataduras e injusticias”.

Estos ejemplos recuperan una idea central: debemos llegar a las elecciones del 4 de octubre no con la resignación de quien solo busca impedir que una opción política se imponga, sino con la voluntad de elegir autoridades capaces de proponer miradas distintas y progresistas.

Necesitamos gobiernos que reemplacen a aquellos que nos han llevado a la crisis en que vivimos, sí, pero que también impulsen avances desde lo regional y lo local. Necesitamos recuperarnos de la resignación y recuperar nuestra capacidad de construir alternativas. Lo contrario implica aceptar pasivamente el destino privatista y desigual de nuestros territorios.

En Lima Metropolitana, por ejemplo, parecemos encerrarnos entre dos opciones que representan un mismo modelo conservador y privatizador de la ciudad; su diferencia es más discursiva que sustantiva.

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Salvo algunas excepciones regionales, la ausencia de un debate público sobre lo qué esperamos de estas elecciones nos empuja hacia un proceso que podría dejar como ganadora a la “mismocracia”, representada muchas veces por organizaciones políticas sin bancada parlamentaria y próximas a perder su inscripción.

¿Qué esperamos, entonces, de nuestras autoridades? ¿Estamos dispuestos a apostar por construir alternativas nuevas para nuestros territorios? Nos quedan solo algunos días para responder esta pregunta.