Dos fracasos constitucionales, por Rosa María Palacios

Dos asuntos han hecho crisis estas últimas semanas. En ambos casos, las soluciones que establece la Constitución no han sido suficientes. De un lado la reelección encubierta de alcaldes y de otro, el unicameralismo encubierto del Senado. Curioso que, en ambos casos, lo encubierto es lo que une y prima.

En el 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se modificó la Constitución para impedir la reelección indefinida de alcaldes y gobernadores. Se debatió y pesaron más los argumentos a favor de la reforma. En la práctica política, el fenómeno de la corrupción en los gobiernos subnacionales hacía metástasis en Áncash. Lo que buscaba el cambio era impedir el mismo vicio que explica por qué no tenemos reelección presidencial: quien está en el poder tiene el privilegio de usarlo para ganar votos. La neutralidad electoral, en el Perú, resultó un imposible de cumplir. Por eso, se permitió la reelección mediata y se prohibió la inmediata. El espíritu y el texto del artículo 194 es indubitable: "No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular sujetos a las mismas condiciones". ¿Qué es lo oscuro? ¿Qué no se entiende? Si Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía que ganó para el periodo 2023-2026 no puede volver a ser alcalde hasta el periodo 2031-2034.

Sin embargo, la trampa llegó y se extendió por todo el país. La prohibición expresa de reelección se brincó haciendo postular al alcalde como primer regidor. Luego, haciendo renunciar al candidato a alcalde. Un JNE pusilánime ha permitido esta manifiesta violación constitucional alegando que los sujetos solo postulan a regidores y que eso no esta prohibido. En los más de 20 casos, que ganaron a nivel nacional, recibirán su credencial de regidor y el JNE, a los Poncio Pilatos, se lavará las manos. En enero, cuando se instalen todos esos concejos municipales, sin alcalde electo, deberán cubrir la vacancia con el llamado por ley. ¿Y ese quién es? El primer regidor. ¿Quién es ese en Lima? El exalcalde al que la Constitución le prohíbe la reelección inmediata.

López Aliaga, que jamás ha tenido respeto por la Constitución (cuando violas contratos y confiscas propiedad privada no hay ley que valga) tiene una lectura propia. Dice que la Constitución le prohíbe “postular” a alcalde, cosa que él no ha hecho porque postuló a regidor, pero que no le prohíbe “ser” alcalde. Daría risa, pero no es un chiste. ¿Qué parte de “no hay reelección” no se entiende? Ni directa, ni indirecta. Él no puede ser alcalde. Ni ninguno de los que están en la misma situación. Al estar impedidos, los llamados son, en el orden en que fueron elegidos, los siguientes regidores.  Supongo que la primera minoría limeña que voto por Renovación Popular se sentirá estafada, pero eso es lo que pasa cuando avalas una trampa.

Sin embargo, López Aliaga está confiado. En enero el Concejo lo designa alcalde. Las impugnaciones llegarán hasta el JNE en el verano. Por sus diatribas habituales, parece que tiene todo arreglado. Violar la Constitución, frente a todo el país lo tiene sin cuidado, como tampoco parece preocupar al JNE.

¿Fracasó la Constitución? Sus intérpretes así lo han querido. Ese derrumbe del estado de derecho no es poca cosa. La prohibida reelección presidencial (con las lecciones históricas de Leguía y Fujimori) regresará con los mismos esquemas si esta barbaridad se permite. Para no mencionar que todos los alcaldes electos hoy, usarán la misma estrategia en 4 años.

Pero no es la única derrota del estado de derecho. El bicameralismo no tiene ni tres meses de reestrenado y ya probó que su diseño no funciona. Lo aprobado por el Congreso unicameral saliente no es más que un artefacto imperfecto que no se parece en nada a ningún congreso bicameral moderno.

Lo he explicado muchas veces, desde hace meses, pero es justamente el primer proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados (la delegación de facultades) lo que permite explicar el desastre. El diseño es absurdo. 130 diputados aprueban un proyecto de ley. Se supone que lo estudian, debaten en comisiones, negocian en el pleno y finalmente una mayoría lo aprueba. En una democracia normal (no es la nuestra), el Senado, de 60 miembros, revisa la constitucionalidad del proyecto, lo transforma si quiere y luego regresa a Diputados para que con mayorías más o menos calificadas (dependiendo del sistema) se apruebe. En nuestro “original” diseño lo que aprueba Diputados es irrelevante porque no hay retorno del proyecto. Éste ya solo se aprobará en el Senado.

¿Qué han diseñado en realidad? Un congreso unicameral encubierto en un Senado que tiene un pequeño filtro. Y digo pequeño, por ser amable. En realidad, el reglamento solo señala que el Senado no puede desnaturalizar lo enviado, pero como dijo el presidente fujimorista de la Comisión de Constitución: “no sé qué es desnaturalizar”. Claro que no sabe. Está más que anunciado que van a hacer lo que les dé la gana y probablemente demostrar su poder añadiendo todo lo que se quitó. ¿Y el dictamen de Diputados? Pueden darle el uso que más les plazca, pero el basurero parece ser su destino ante la mayoría oficialista y sus aliados.

Los diputados de Buen Gobierno pidieron un compromiso político antes de votar. El fujimorismo se negó. Es evidente que ese camino, a futuro, queda cerrado. Si es así, y teniendo la actual correlación de fuerzas en diputados y Senado, la producción legislativa va a ser casi inexistente. La única forma de limitar el poder legislativo absoluto del Senado es no mandarle nada. Nada de nada. No es culpa de los actuales congresistas. Es culpa del pésimo diseño que les dejaron los anteriores. ¿Se puede reformar la Constitución? Siempre es posible, pero el proceso tardaría un par de años y, de nuevo, la actual correlación lo hace imposible.

Alcaldes prohibidos de reelegirse que se reeligen y un unicameralismo encubierto de un falso bicameralismo, son los primeros fracasos constitucionales del estrenado gobierno de Keiko Fujimori. Vacancia y cuestión de confianza son instituciones descartadas por los gruesos candados que tienen puestos. La crisis puede durar 5 años sin resolverse.