
La violencia debe mirarse desde el lugar de quienes la sufren. Desde el asiento del chofer que sale a trabajar y teme ser atacado. Desde la mujer que enfrenta a quien amenaza su vida. Desde el estudiante agredido por sus compañeros. Desde las familias que deben seguir viviendo con el dolor.
Esa perspectiva debe orientar las palabras y las decisiones de quienes gobiernan. La seguridad que rodea a una autoridad obliga a recordar a quienes carecen de ella.
Decir “que se porten bien” ante quienes han cometido crímenes graves resulta insuficiente. El asesinato, la extorsión y la violencia sexual exigen una respuesta que reconozca su brutalidad. Reducirlos a un problema de comportamiento agravia a las víctimas y a la memoria de quienes fueron asesinados. Para una familia que ha perdido a alguien, escuchar esa exhortación puede sentirse como una cachetada. La comunicación política debe informar la realidad, asumir responsabilidades y demostrar que se comprende el sufrimiento ciudadano. Las palabras construyen confianza o la destruyen, pero no reemplazan la acción.
El comerciante que paga cupos para no cerrar su negocio, el transportista que entrega dinero para circular sin que le quemen el vehículo, el vecino que calla por miedo a represalias: todos ellos sostienen una economía que el Estado no ha logrado proteger. El crimen organizado les cobra un impuesto que ninguna ley aprobó. Frente a eso, las palabras que minimicen la amenaza o exhorten buena conducta al agresor no alivian el miedo ni devuelven lo robado.
La misma exigencia alcanza a la denuncia de agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise. La investigación debe esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Calificar una agresión de “travesura” o decir que a sus autores “se les pasó la mano” desdibuja el daño y deja a la víctima en segundo plano. Los jóvenes que ejercen violencia pueden haber sufrido abandono, fallas educativas o una crianza tolerante con el abuso. Comprender esas circunstancias obliga a corregirlas, y jamás convierte la agresión en una conducta aceptable.

Las víctimas merecen palabras a la altura de su sufrimiento y resultados a la altura de la ley.

Cada vez que el petróleo sube por un factor externo, como una guerra ajena, el peruano paga un sobrecosto que su propio gas podría evitar.

Incendios forestales arrasan diversas regiones y han cobrado la vida de una niña de 11 años.

La mujer que se convirtió en símbolo del derecho a la vivienda digna en España murió ayer sin poder regresar al hogar del que fue desalojada.

La discriminación es un delito que la ley peruana sanciona con hasta tres años de prisión.