La peregrina de Bukele, por Rosa María Palacios

El peregrinaje a Bukele se ha vuelto un ritual político latinoamericano. Desde usar su nombre («el Bukele peruano», «alguien como Bukele»), hasta presidentes que van de visita; «expertos» salvadoreños que van vendiendo sus servicios por la región; gobernadores, alcaldes y una diversidad de funcionarios públicos que desfilan por los distintos niveles de la administración pública salvadoreña. Algunos, quiero creer, irán a buscar la varita mágica para resolver un problema multifactorial y se irán con las manos vacías. La varita no existe. Pero otros, que bien lo saben, van para tratar de que algo se les pegue del presidente más popular de América. Como ha podido saborear Keiko Fujimori, tampoco funciona.

El Salvador es el país más pequeño de América continental. Apenas tiene una superficie de 21.041 km². Para que hagan los números, el Perú tiene 1.285.215 km². Puedes meter dentro de nuestro país 61 veces el territorio de El Salvador. Como se ha mencionado varias veces, es del tamaño de Ica, que tiene 21.327 km². Sin embargo, es un país densamente poblado para esa superficie, con un poco más de 6 millones de habitantes, según el censo de 2024.

Según cifras oficiales proporcionadas este mes por el mismo Bukele, en una conferencia de prensa con la presidenta de Costa Rica, tienen 120.956 personas en prisión. De ellas, 96.457 están vinculadas a pandillas. Estas han sido calificadas como «terroristas». Sin embargo, Bukele ha anunciado que en menos de una década el 70% de los presos de El Salvador estarán libres, aunque ha tenido declaraciones anteriores contradictorias. Se ha anunciado una pronta liberación de un contingente importante de presos, aunque las cifras han variado en diversas declaraciones y han llegado al 50%.

Vamos, otra vez, a los números. El Salvador tiene hoy aproximadamente al 2% de su población en la cárcel. Mayoritariamente, se trata de población joven que está excluida de un mercado laboral que necesita mano de obra. ¿Cuánto es el 2% de la población del Perú si consideramos 34 millones de habitantes? 680.000 presos. ¿Cuántos presos hay hoy en nuestro país? Más de 103.000, repartidos en 69 penales. La capacidad instalada penitenciaria del Perú está diseñada para 41.764 personas. Si ya tenemos un grave problema de hacinamiento, ¿dónde van a meter a 500.000 presos más si se quiere imitar a Bukele?

Estas cifras son públicas y muy básicas. ¿No las conoce la Cancillería peruana? ¿No debía advertir a la presidenta sobre las profundas diferencias que existen entre las dos realidades? En 2015, El Salvador llegó a tener una tasa de 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En 2025 cerró con una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes. Bajar de 103 a 1 es, por supuesto, un éxito. Sin embargo, Bukele asumió el poder en 2019, ya con una tasa de 36 asesinatos por cada 100.000 habitantes. A pesar de poner en práctica un plan de seguridad que redujo para 2021 esa tasa a 17,6, fue en 2022 cuando radicalizó las medidas, luego de un ataque letal de las maras (pandillas) en marzo.

¿Cuál es la tasa actual de homicidios en el Perú? Según cifras del INEI, en 2025 tuvimos 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿La cifra está aumentando? Lamentablemente, sí. En 2021 fue de 8,6; en 2023, de 9,3; y en 2024, de 10,1. Por eso es que Bukele miraba a Keiko casi con compasión. Nuestras cifras, siendo trágicas en su aumento, no son ni remotamente las de El Salvador. Apenas hace cuatro años estaban en 17,6. ¿Esto no lo sabía el Ministerio de Justicia? Por supuesto que lo saben. Y obviamente lo saben las autoridades de El Salvador, que no terminan de entender qué podría querer Keiko Fujimori de una visita de cuatro días.

Estas son las cifras frías. Ahora hablemos de costos. ¿Qué le cuesta a una sociedad tener al 2% de su población presa? Lo han denunciado desde la prensa libre hasta organizaciones de todo calibre: miles de inocentes están presos. No hay nada que se parezca a un debido proceso. Juicios exprés y colectivos, con suerte, o presos sin condena. Las condiciones pueden ser duras en un penal, pero estas no pueden condenar a muerte a cientos de internos. No hay proteína, no hay visitas. Los castigos físicos y otras formas de tortura también han sido denunciados. Bukele ha justificado la modificación de la Constitución para reelegirse y planea hacerlo de nuevo en 2029, en su rol de «pacificador». Por supuesto, la «medicina amarga» que le ofreció a su pueblo es cada vez más difícil de tragar. Miles de salvadoreños están felices de vivir en paz mientras lloran la ausencia de hijos inocentes, de los que no tienen noticias desde hace ya varios años. Eso, ¿es imitable en el Perú?

El asesinato, el sicariato, la extorsión y el secuestro son realidades duras en el Perú. Pasar de dos a seis asesinatos diarios en un quinquenio es una tragedia que sí tiene cura. Una solución que no pasa por someter al país a una dictadura. No es cierto que solo un régimen autoritario puede combatir el crimen. Es más bien la excusa que todo aspirante a dictador usa para perpetuarse en el poder.

Sorprendió que un aburrido Bukele fuera quien le pinchara el globo a Keiko Fujimori. Se lo tuvo que decir él para que lo entienda: este modelo no es para el Perú. Un trabajo más prolijo de los ministros que acompañaron a la presidenta le habría ahorrado el papelón. Sin embargo, el viaje puede iluminar al gobierno para que haga ya lo que sí puede y tiene que hacer.

Nadie pone en cuestión la necesidad de construir cárceles. Solo para cubrir la demanda actual se necesita duplicar el número de plazas. ¿Por qué hace 20 años que no se construye un penal nuevo? Porque es impopular. Nadie lo quiere cerca y nadie ve ese gasto como una prioridad. Pero tiene que hacerse urgentemente. Lo siguiente es modificar las leyes que amputaron a la Policía su capacidad de investigar. Reducir la escucha telefónica autorizada por un juez a solo dos meses es un error grave (tributo del Congreso anterior a los hermanitos). Obstaculizar la colaboración eficaz, la extinción de dominio y los allanamientos, o reducir la prescripción, solo favorece a los criminales. Llamar a todos «terroristas», pero restringir el tipo penal de «crimen organizado», revela las intenciones.

Acabar con la corrupción policial parece imposible, pero el Perú tiene amplia experiencia evadiéndola a través de grupos de élite. No hay otra forma, por ahora. Grupos policiales limpios, con una inversión tecnológica importante (software de interceptación de WhatsApp, reconocimiento facial y escuchas masivas de teléfonos dentro de las cárceles), pueden producir inteligencia que garantice capturas y condenas. Eso no se hace con visores nocturnos y trajes de Rambo. Tampoco se resuelve en TikTok. Mucho menos en El Salvador.