Alcalde de Lima funge de operador de Fuerza Popular

Renzo Reggiardo es el alcalde de Lima desde que Rafael López Aliaga renunció al cargo para postular a la Presidencia y al Senado. Su mandato es transitorio y su función es meramente administrativa. Tiene sobre la mesa aniegos sin resolver en el sur de la ciudad, trenes despreciados sin destino real por falta de planificación técnica, tránsito cada vez peor, además del cuantioso endeudamiento de la comuna.

Con ese panorama pendiente, Reggiardo decide salir a amenazar a los diputados que cuestionan el alcance del pedido de facultades delegadas del gobierno de Keiko Fujimori. Lo peor es que los anuncia que los responsabilizará por bloquear o dilatar el proceso. Nada más trillado.

Al respecto, vale la pena recordarle al alcalde de Lima sobre sus competencias sobre el debate legislativo nacional. Como cualquier ciudadano, tiene libertad de opinión para expresar sus ideas, pero resulta que además el tiene un mandato como autoridad edil. Su prerrogativa funcional no incluye presionar al Congreso en nombre del Ejecutivo ni calificar de bloqueo lo que es el ejercicio legítimo de la función parlamentaria.

Los diputados que debaten el alcance de las facultades delegadas están haciendo exactamente lo que su cargo les exige: fiscalizar que el Ejecutivo no reciba poderes más amplios de los que la urgencia justifica. Ese debate es parte de la democracia, y requiere una discusión técnica con perspectiva de Estado. Llamar a eso cálculo político es desconocer el principio de separación de poderes que cualquier autoridad electa debería conocer.

El episodio ocurre además en un momento en que Renovación Popular, el partido aliado del gobierno, muestra sus propias fisuras. La diputada Norma Yarrow le pidió públicamente a la presidenta más celeridad, señalando que prometió resultados en los primeros 100 días y que el ritmo actual no está a la altura de ese compromiso. La tensión interna del bloque fujimorista y sus aliados de RP, empieza a mostrar grietas.

Este diario documentó el obstruccionismo del fujimorismo y sus aliados cuando controlaban el Congreso. El blindaje sistemático a ministros cuestionados, el rechazo de interpelaciones con evidencias de mala gestión, la aprobación de leyes que beneficiaban a grupos de interés antes que al ciudadano. Todo eso fue presentado como gobernabilidad cuando en realidad era la sustitución del debate de Estado por el cálculo político de quien tenía mayoría.

Hoy, desde el Ejecutivo, el mismo bloque llama obstruccionismo tratando de equipararlo a lo que antes era su método. Y eso no es lo que los peruanos observan desde el bloque opositor que, por cierto, no es homogéneo.