Salgan del clóset, por Guido Croxatto y Eugenio Zaffaroni

Estas últimas dos semanas han sido particularmente difíciles para Perú.

Un candidato ultraderechista, apoyado por Milei, propone violar a un funcionario, amenaza que perturba el proceso y configura en sí misma un delito. Otros, como Nieto Montesinos, que suele disimular un poco su segundo apellido, reconocen por un lado que el sombrero sigue andando, lo cual es real (porque muchos votos son de Pedro Castillo), pero luego opinan sobre la propuesta de López Aliaga de elecciones complementarias en Lima Metropolitana y sostienen: 'no veo que sea un pedido que esté fuera del margen de acción del JNE'. Pero lo está.

Circulan muchas versiones sobre la remoción del jefe de la ONPE. También es un delito publicitar los pasaportes italianos de sus dos hijos para intimidarlo o forzar su renuncia. Muchos recuerdan el encono de Keiko Fujimori en 2021, cuando el funcionario, junto con el magistrado Jorge Salas Arenas, que pidió medidas de protección personal a la Comisión Interamericana, reconoció como legítimo el triunfo de Pedro Castillo.

Dos reflexiones. La primera: muchos aún se resisten a entender el caos electoral más allá de la coyuntura. Es un síntoma más de una democracia debilitada al extremo, que viene arrastrando otra crisis legal que nadie menciona, pero que es mucho más profunda y severa: la vacancia irregular de un presidente. A muchos, Castillo podría no caerles muy bien o, directamente, podrían ser sus detractores, pero nadie puede negar —Nieto Montesinos tampoco lo hace— que no fue vacado conforme a la ley. Que no estaban, como dice bien Nieto, 'los votos reglamentarios' mínimos para hacer una vacancia exprés. El acuerdo inmediato requiere 104 votos para poder proceder. Ese día solo se contabilizaron 101. Es decir, tres votos menos que el piso mínimo. Esa también fue y es una crisis jurídica grave, que no siempre se menciona con la magnitud con que debería mencionarse. En este escenario de caos jurídico recurrente, de sucesión de presidentes interinos (sin legitimidad ni tampoco legalidad: son usurpación de funciones), lo raro no es que no haya salido bien una elección. Lo lógico es que funcione mal, porque casi ninguna institución jurídica del hermano país —la ONPE recibe solo una fracción del presupuesto solicitado al Congreso— funciona como debería: ni la Fiscalía de la Nación, ni el Tribunal Constitucional, ni la Defensoría del Pueblo, que en la remoción irregular de Castillo cambió en apenas 48 horas dos veces de criterio jurídico, recomendando primero al Congreso la aplicación del artículo 117 de la Constitución; luego, ante el hecho consumado de una vacancia nula, cambió rápidamente el criterio para adecuarlo ex post, no antes, y evitar la contradicción manifiesta. En este escenario, lo raro no es que las elecciones hayan salido mal, o con diversas fallas técnicas o muchos inconvenientes. Lo raro hubiera sido que salieran bien. Si ni siquiera respetaron la Constitución y el reglamento congresal para vacar conforme a derecho a un presidente legítimo que había ganado un año antes, al que le negaban con mentiras el uso del avión presidencial, ¿qué esperar de otros procesos institucionales democráticos posteriores? Si no respetan a la fiscal de la Nación y la terruquean a viva voz desde el propio Congreso, ¿qué esperar de otros procedimientos formales? La gente rechazó en un referéndum, en 2018, la bicameralidad. Fue obligada a elegir, sin embargo, la bicameralidad.

Segundo: muchos —que no reconocen la nulidad formal de la vacancia de Castillo, llevada a cabo sin los votos reglamentarios, como bien advierte Nieto— no se atreven ahora a ser directos en defensa del conteo oficial de votos. Prefieren ser cautos. Se muestran muy prudentes. Hasta algunos se permiten sugerir la posibilidad —denegada ya— de realizar elecciones complementarias (nuevamente la matemática: la ley electoral requiere una cantidad de votos nulos para realizar algún proceso complementario, pero esa cantidad está muy lejos de existir; nuevamente, como en la vacancia de Castillo, 'no dan los números'). Se buscan vías o atajos para no reconocer que el candidato que ya entró al balotaje es Roberto Sánchez, el candidato de Pedro Castillo. A todos los que todavía se rehúsan a asumir que el balotaje es ese, que miran a regañadientes el conteo oficial porque lo que dice el conteo oficial les molesta, hay que pedirles que dejen de dar tantas vueltas, que apoyen el resultado o asuman su racismo antidemocrático de forma clara y directa. Que los indios 'de mierda' —como los llaman— no deberían votar. ¡Díganlo de frente! Es cierto que ya muchos lo hacen ('los serranos han nacido "sin cerebro"', dijo un youtuber); un candidato dice que la boleta es demasiado compleja y que la gente rural no tiene la instrucción suficiente para llenarla, como si los youtubers fueran todos grandes físicos o matemáticos, no gamers, pero no todos. Lo cierto es que muchos excandidatos —algunos abandonan a sus electores el día mismo de la elección, comediantes inclusive— buscan rodeos, formulaciones ambiguas, demasiado laxas, para no decir lo que realmente piensan: que así como no importa que Castillo fuera vacado violando la ley peruana, no importa ahora tampoco buscar cualquier atajo electoral, incluida la remoción de Piero Corvetto, para cambiar o forzar el resultado del conteo oficial de votos. Es mejor que lo digan a viva voz, de una vez: les molesta el resultado electoral porque este, una vez más, no los favorece. Y muestra que todos los votos de la sierra, que tanto han despreciado en 2022 (52 muertos inclusive), han vuelto a pronunciarse. Les han dicho de nuevo: que no. Como aún no han rendido cuentas de ese fraude político ante la Justicia, el pueblo se los hace saber con su rechazo.

Muchos (candidatos, funcionarios, periodistas) están a favor del golpe y no se animan a decirlo. Díganlo de una vez. ¡Salgan del clóset! Con Castillo pasó lo mismo. Todos miraron para el costado. Lo dejaron caer pese a que el procedimiento no había sido conforme a derecho. Ahora se cierne sobre el proceso electoral peruano una amenaza semejante. Y los destinatarios del eventual fraude, con una ONPE intervenida a dos meses del balotaje, serán otra vez los votos andinos.