
Hace un tiempo, el juez fue el sacerdote que mediaba entre lo humano y lo divino. Fue tan importante que el monarca le arrebató su función. Así empezó su deterioro. En el Perú es vital recuperarlo porque es lo único que nos queda para controlar a los otros poderes.
Una ideología jurídica conservadora lo marginó. La doctrina de la separación de poderes, en su versión simplista y acrítica (Locke o Montesquieu), concibió al Judicial como un poder nulo e invisible y al juez como un funcionario neutral y apolítico.
En los siglos XVIII y XIX fue definido como una máquina de construir silogismos. Su función solo era aplicar la ley: tenía prohibido interpretarla. Fue tan marginado que en Francia se creó un recurso para anular sus sentencias cuando se apartaban del texto expreso. Así se originó la casación.
A fines del siglo XIX, el juez pasó a ser un funcionario (nombrado, suspendido, controlado, transferido y sometido al presupuesto asignado por el Ejecutivo). Como solo debía aplicar la ley, pasó a depender también del Legislativo. Una broma macabra: quedó sometido a los poderes que debe controlar.
En el siglo XX, la lucha consistió en romper estas cadenas. Para ello, debía crearse una organización que los integrara como un poder independiente y contralor de los otros poderes. Para lograr su independencia corporativa, en Italia se creó un órgano que además contaba con reconocimiento constitucional: el Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Sus inicios no fueron auspiciosos: el fascismo lo copó y el juez siguió marginado. Todo cambió con la Constitución de 1947.
El CSM está compuesto por 33 miembros. Veinte son jueces activos elegidos por sus pares. Siendo el vértice del sistema judicial italiano, lo administra (nombramiento, asignación, transferencia y promoción) y lo disciplina. Como más de 60% del CSM está conformado por jueces, esto significa que se autogobiernan. Así ocurre en Francia, España y Portugal, y es el antecedente de nuestra Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Cuán cerca está de su modelo histórico?
La JNJ debía proponer a la comunidad otro sistema de justicia. No hay un solo acto que insinúe su intención de cumplir. Un fracaso total.
Los CSM de otros países son el vértice de la organización judicial. En el Perú, si no fuera por la ratificación, un arma prohibida que blande con dedicada obediencia, sería un órgano burocrático más. Es una técnica patológica que solo existe en el Perú desde hace más de un siglo. Sirve para violar la primera conquista que logró el juez en el siglo XVIII: la de no ser removido ni enviado a otro lugar contra su voluntad. Para la ONU, es una garantía universal.
La JNJ utiliza la ratificación como un instrumento punzocortante al servicio del poder oculto. Elimina a todo juez o fiscal que “incomode” los negocios ocultos. Recientemente, ha decidido “no ratificar” al líder del gremio nacional de jueces porque en un evento académico describió lo que ocurre en el país. Es decir, lo expulsa por decir la verdad: que los corruptos no quieren ser controlados, sin advertir que en el Perú describir un hecho es lo mismo que denunciarlo.

Construyó un universo de bronce, resina, acrílico, pintura, animales y cuerpos humanos. Atravesó la modernidad peruana desde una figuración obstinada, sensual y lúdica capaz de transformar la continuidad histórica en invención pura. Se exhibe en La Galería de San Isidro.

El caso del Liceo Naval Almirante Guise ha generado gran preocupación. La denuncia señala que un estudiante de 16 años habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de otros alumnos. Tras los hechos, ocho estudiantes fueron intervenidos y el caso viene siendo investigado por las autoridades. Ante esta situación, cabe preguntarnos: ¿qué podemos hacer padres, docentes y estudiantes para prevenir la violencia y construir comunidades educativas más seguras?

Este tratado, que entrará en vigor el 17 de enero de 2026, es vinculante y aborda aspectos críticos como la gestión de recursos genéticos marinos y áreas protegidas.

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