El JNE debe ceñirse a la ley, no a la discrecionalidad

El Perú atraviesa un momento conocido en medio de las tensiones propias de un proceso electoral complejo. Antes las fallas logísticas ocurridas el día de la elección como algunas posteriores en el traslado de cédulas a los centros de cómputo, el rol del Jurado Nacional de Elecciones ha sido invocado por la ciudadanía y los candidatos políticos. En ese marco, algunos pretenden guiar sus decisiones con recomendaciones supuestamente ceñidas en los límites de un Estado de Derecho. Pero no es así.

Antes de discutir cualquier otra tesis aventurera, la respuesta debe quedar clara y sostenerse con firmeza: el JNE tiene en la ley su único fundamento de actuación y en el respeto al voto ciudadano su principal mandato.

El sistema electoral peruano cuenta con reglas, procedimientos y mecanismos diseñados para enfrentar contingencias. Las demoras en la instalación de mesas, las dificultades en la distribución de material y las actas observadas encuentran respuesta dentro del propio ordenamiento. Las herramientas existen y cumplen una función precisa: corregir, revisar y garantizar la validez del proceso sin afectar su integridad.

En ese sentido, los ciudadanos deben saber que la discusión actual también pone en evidencia el papel de ciertos operadores jurídicos que, en los últimos años, han impulsado interpretaciones funcionales a intereses políticos específicos. Hoy, esas mismas lógicas buscan incidir en el proceso electoral. Frente a ello, el país necesita rigor y apego a sus normas. La ley constituye un límite y, al mismo tiempo, una garantía.

Eso no significa eximir de sanción a los responsables de las fallas logísticas, las cuales desde esta casa editorial insistimos en que deben atenderse con diligencia y celeridad. Esto amparados en que la rendición de cuentas forma parte esencial de la institucionalidad democrática.

Al mismo tiempo, el principio rector permanece intacto en las bases de cualquier esfuerzo y respeto institucional a los órganos electorales: la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La legitimidad electoral se construye a partir del conteo completo, transparente y verificable de cada voto.

El Jurado Nacional de Elecciones enfrenta una responsabilidad histórica. Su actuación debe consolidar la confianza pública, garantizar el orden constitucional y asegurar que cada decisión se sustente en la ley. Ahí reside la fortaleza de la democracia.