Colectivo de mujeres diversas, desde diferentes trayectorias, tendencias políticas, territorios y experiencias, que se levantan en voz unida con el...
En mayo de 1999, en el libro Un alegato por Cayara, publicado por APRODEH, Fernando Rospigliosi escribía que la masacre de Cayara era significativa porque, a pesar de las pruebas, toda la maquinaria del Estado se prestó al encubrimiento, incluyendo a parlamentarios, jueces y fiscales, evidenciando que no se trataba de un hecho aislado ni de un simple “exceso”, sino de una práctica sistemática.
En el año 2023, luego de 35 años de ocurridos los hechos, la Corte Superior Nacional condenó a 18 militares por el homicidio de 29 cayarinos. Esta sentencia confirma que los militares fueron responsables de esta masacre. Sin embargo, aún existen militares que no han sido juzgados por estos hechos y que, hasta hoy, buscan a toda costa la impunidad.
Han transcurrido 27 años desde aquellas afirmaciones de Rospigliosi y su posición ha cambiado de manera drástica. Hoy, desde su rol de parlamentario, es él quien impulsa un pedido de prescripción, desconociendo las pruebas y la jurisprudencia nacional e internacional. Y es quien ha sido un aliado principal para la impunidad.
A pesar de los intentos del fujimorismo y sus aliados, que en las últimas décadas han hecho hasta lo imposible por borrar la verdad y reescribir la historia, a través de leyes de amnistía, de prescripción e incluso mediante una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, no han logrado su cometido. Y el último 30 de enero, la Tercera Sala Penal Nacional Transitoria declaró infundados los pedidos de prescripción. Los militares seguirán siendo juzgados.
En tiempos de elecciones, la memoria, la verdad y el compromiso con la justicia también son criterios de representación democrática. Y quienes hoy apuestan por la impunidad son los que encabezan las encuestas, pero deben saber que los peruanos y peruanas con memoria seguiremos resistiendo los embates contra la justicia y la democracia.
Por Gabriela Paliza Romero, abogada cusqueña

Colectivo de mujeres diversas, desde diferentes trayectorias, tendencias políticas, territorios y experiencias, que se levantan en voz unida con el objetivo común de rehabilitar la esperanza en la construcción del país. Se comprometen y convocan a un diálogo abierto, y a tejer lazos para contribuir a un proyecto democrático que impidan que el autoritarismo y la corrupción se apoderen de las instituciones.