Economista de la Universidad del Pacífico. Consultor en economía laboral y profesor invitado en la PUCP. Ha sido viceministro de...
En el Perú, a los jóvenes (población de 18 a 29 años de edad) les cuesta más acceder a empleos de calidad que a los adultos de 30 años a más, lo cual se refleja en sus mayores niveles de desempleo, subempleo (empleo precario), informalidad e inactividad laboral; así como en sus menores ingresos, estabilidad y acceso a la sindicalización y negociación colectiva.
Si queremos solucionar de manera estructural dicha problemática, resulta imprescindible desarrollar una política de diversificación productiva, que implica planificar e implementar un conjunto de incentivos económicos para contribuir al despegue de sectores con potencial de generación masiva de empleo asalariado formal, como la agroindustria, textiles y confecciones, metalmecánica, turismo y sus ramas vinculadas (alojamiento, restaurantes, servicios recreativos y transporte).
Además, se requiere mejorar significativamente la calidad y pertinencia de la oferta educativa en todos los niveles, articulándola a la política de diversificación productiva, con el fin de incrementar la empleabilidad de la población juvenil.
Dado que los resultados de la aplicación de este tipo de políticas no son inmediatos, en el corto plazo se podría establecer un subsidio temporal a la seguridad social en salud y pensiones para incentivar la contratación formal y estable de jóvenes en micro y pequeñas empresas; lo cual constituiría una política activa de empleo de fomento de la demanda laboral.
Se precisa aprobar una ley, a propuesta del Poder Ejecutivo, con las siguientes características:
Pueden aplicar al beneficio las entidades empleadoras de la actividad privada con ventas hasta 1700 UIT (micro y pequeñas empresas) declaradas en el año fiscal previo, que estén sujetas al régimen laboral general regulado en el Decreto Legislativo N° 728.
Asimismo, los jóvenes contratados bajo las condiciones establecidas tienen un crédito por un monto equivalente al 100% de su aporte al sistema previsional al que se encuentren afiliados en el primero de los supuestos señalados en el párrafo precedente, 50% en el segundo y 25% en el tercero.
Los beneficios aplican por un máximo de tres años para cada trabajador contratado.
En tal caso, los empleadores deben efectuar el reintegro de los aportes regulares correspondientes a los trabajadores contratados, desde la fecha en la que se produjo el incumplimiento.
Asimismo, los trabajadores contratados que tienen un crédito por su aporte al sistema previsional al que se encuentren afiliados, mantienen los mismos derechos previsionales.
Adicionalmente, la información relevante de los trabajadores contratados será remitida a la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la evaluación permanente de su trayectoria, así como para su inclusión en la Bolsa de Empleo a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo.
La eliminación de exoneraciones y gastos tributarios ineficientes (como los generados por la nueva ley agraria, Ley N° 32434) contribuirá a contar con los recursos económicos necesarios.
Esta propuesta permitiría incentivar la contratación formal y estable de los jóvenes con una adecuada focalización y sin necesidad de reducir o eliminar sus derechos laborales (vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, asignación familiar, seguro de vida, seguro de salud, entre otros), como lamentablemente ocurrió con iniciativas anteriores (por ejemplo, la derogada ley Pulpín, Ley N° 30288).
Sin duda, se trata de un planteamiento que sería un punto de partida para ser debatido y enriquecido por los representantes de los trabajadores y empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, previamente a su aprobación.

Economista de la Universidad del Pacífico. Consultor en economía laboral y profesor invitado en la PUCP. Ha sido viceministro de promoción del empleo, asesor de la alta dirección del Ministerio de Trabajo y del Consejo Nacional de Trabajo, especialista en SERVIR, así como consultor en el Ministerio de Economía y Finanzas, la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación Friedrich Ebert, entre otros.