¿Por qué Venezuela, tras la caída de Maduro, no puede tratarse como una transición política normal?, por Nancy Arellano

La situación venezolana escapa a todo precedente contemporáneo: es la evidencia viva del riesgo que representa un Estado híbrido, ese Frankenstein geopolítico en el que las instituciones formales se fusionan con redes de crimen organizado transnacional. Como un pulpo de múltiples tentáculos, diluye la soberanía clásica en un mapa de poder multiactor.

El 3 de enero de 2026, la extracción y detención de Nicolás Maduro por cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas y drogas marca un punto de ruptura. No es un suceso político, sino un hecho penal internacional con claros efectos soberanos. El evento inaugura el dilema de fondo que define esta nueva etapa:

¿Debe la comunidad internacional respetar la “autodeterminación” de un Estado capturado por redes criminales, o priorizar la defensa de los derechos humanos y la seguridad hemisférica? ¿Hay realmente un esquema donde se prioriza la autoritas de facto, así sea en perjuicio de las mayorías populares y con impacto regional?

Responderlo con sensatez implica no solo reconocer que Venezuela no puede vivir una transición política normal, porque ya no es —hace años— un Estado-nación ordinario, sino un nodo criminal transnacional en proceso de desmontaje. Y también implica considerar el impacto que estos hechos imponen en un reordenamiento y actualización del sistema internacional.

Entre soberanía y jurisdicción internacional

El derecho internacional contemporáneo vive en tensión entre los principios de soberanía y de responsabilidad de protección. La detención de Maduro imprime a Venezuela un carácter sui generis: es un Estado sometido a procesamiento penal internacional mientras intenta reconstruirse políticamente.

Nada similar ocurrió en Chile tras Pinochet ni en Irak tras Sadam. En esos casos, ambos regímenes cayeron con estructuras estatales distinguibles del crimen transnacional. Tampoco es asimilable a la historia venezolana de la salida de Pérez Jiménez, en 1958. La Venezuela chavista, por el contrario, desdibuja la frontera entre el poder público y la economía ilícita.

La Misión Internacional Independiente de la ONU verificó desde 2014 que el aparato de seguridad venezolano (SEBIN, DGCIM, GNB) cometió crímenes de lesa humanidad: ejecuciones, torturas, desapariciones y violencia sexual. La diferencia hoy es que esa maquinaria coactiva —que garantizó el control interno— estaba financiada por circuitos ilícitos: narcotráfico, contrabando de oro y lavado internacional. Un Leviatán sostenido por dinero sucio y represión sistemática.
Según indictment DOJ (revisado 2026), el “Cártel de los Soles” es un sistema de clientelismo corrupto —no organización formal— que enriquece élites vía narcotráfico, con flujos estimados > 8.000 millones USD anuales (Transparency 2024). La minería ilegal del Arco Minero generaba ~4.800 millones USD (67 toneladas de oro), ligada a ELN/FARC disidentes y militares.

Estos flujos consolidaron un modelo de economía criminal dependiente, articulada con actores de poder extranjeros —Cuba, Irán, Rusia, China, Turquía— que, amparados en “cooperación energética o militar”, fungieron en la práctica como usufructuarios del esquema de explotación paraestatal de recursos y generaron mutaciones que apoyaron el establecimiento de un orden paralelo.

La ruta del poder: del oligopolio coactivo al monopolio legítimo

A diferencia de las transiciones posautoritarias clásicas —basadas en pactos entre élites civiles o militares—, Venezuela enfrenta una transición poscriminal, donde el poder está concentrado en un oligopolio armado.

Las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), los colectivos urbanos, los pranatos, las células del Tren de Aragua y los agentes cubanos del G2 conforman nodos del poder interno sin obediencia institucional centralizada. Estas estructuras administran las rentas ilícitas, la seguridad local y el control social. Ninguna transición puede consolidarse sin un proceso de desmantelamiento quirúrgico, coordinado internacionalmente, que neutralice su poder operativo y financiero.

El EH + EC + GAO = PSH (Estado híbrido + Economía criminal + Geopolítica de afrenta a Occidente = Problema de Seguridad Hemisférica) sintetiza esta realidad. Venezuela no es hoy solo un país en crisis; es una amenaza estructurada a la seguridad regional que dialoga con la realidad de países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

La transición venezolana post-3E debe articular tres ejes simultáneos: 1) Neutralización del PSH mediante colaboración coordinada (DEA, Interpol, OEA, gobiernos andinos) para clausurar redes criminales, extraditar mandos y congelar activos ilícitos, aplicando jurisdicción internacional sin injerencia; 2) Reconfiguración del tablero de soberanías, reformando la FANB en fronteras/minas, reactivando PDVSA bajo control técnico internacional temporal con empresas mixtas y convocando elecciones supervisadas por OEA/ONU para legitimidad popular, reconstruyendo el Estado weberiano vía cooperación con sociedad civil y restitución de los partidos políticos a sus dirigencias legítimas; 3) Legitimidad constitucional mediante Asamblea Constituyente avalada por OEA/ONU/Comunidad Internacional, abordando temas como la descentralización, justicia transicional y revisión extractivista, exigiendo testimonio operativo —no amnistía— de actores del régimen para desmontar el monopolio ilegítimo de la fuerza.

La economía del control y la nueva “soberanía útil”

Mientras tanto, los capitales exploran Caracas como si fuese un territorio en venta. Delegaciones de fondos buitre y firmas de inversión —Canaima Capital, Altana Wealth— sondean terreno por la reestructuración de más de 200.000 millones USD en deuda soberana y corporativa.

El petróleo, con 17 % de las reservas mundiales, reaparece como palanca estratégica. El riesgo es claro: la transición venezolana puede convertirse en un nuevo protectorado financiero de facto, donde actores extranjeros sustituyan al viejo rentismo estatal sin transformar su lógica extractiva. Por eso la pregunta real del poder no es entonces “quién gobierna” Venezuela, sino quién la administra y con qué legitimidad. Y aquí la respuesta conecta con el derecho internacional: ante un Estado híbrido, colapsado por cooptación mafiosa, la noción de soberanía se redefine en clave funcional, orientada a proteger la vida y los derechos más que las fronteras. Es una soberanía útil, de supervivencia cívica, que resignifique la doctrina del R2P (Responsabilidad de Proteger).

Epílogo: la colaboración eficaz como tabla de transición

La “caja negra” del poder chavista —esa zona donde convergen inteligencia, negocios, coerción y diplomacia paralela— no se abre con discursos, sino con cooperación penal, inteligencia compartida y colaboración eficaz.

Los Rodríguez —Delcy, al frente del Ejecutivo interino, y Jorge, de la Asamblea Nacional— podrían actuar como bisagras transicionales para desmantelar desde dentro la arquitectura criminal, garantizando al mismo tiempo la supervivencia de un chavismo repolitizado, aunque esto implique costos en sus bases y aliados y diste del ideal de la democracia liberal. Representan el escenario mínimo necesario para una transición sostenible que retorne gradualmente al país a la normalidad jurídica y al constitucionalismo democrático, conteniendo los riesgos de retroceso o caos que un enfrentamiento abierto podría desatar, como advierte la CIA (según el WSJ) ante posible descontrol de la FANB. No se trata de impunidad, sino de un esquema que debe operar con supervisión internacional, como una herramienta de inteligencia operativa que garantice las restituciones esenciales: que arranca con la liberación de los presos políticos y la retoma del monopolio del poder coactivo.

Es este el escenario en el que, en segunda fase y controlado el escenario de dispersión del poder coactivo, entra la soberanía popular a escena y ahí, indubitablemente, los resultados del 28J cumplen la función cristalizadora: Edmundo González y María Corina Machado como el liderazgo con legitimidad popular nacional y reconocimiento internacional.

La restauración del principio de autodeterminación del pueblo venezolano pasa por recobrar su expresión en todos los niveles y la legitimación del poder político, la única garantía de Estado de derecho que viabilice las inversiones necesarias y asegure la recomposición económica y productiva.

Venezuela, como la URSS de 1991 pero con un twist mafioso, enfrenta la doble cura del cuerpo estatal y del capital ilícito que lo parasitó. Su desenlace no se juega solo en Caracas, sino en la capacidad del sistema internacional de admitir que la soberanía no puede proteger al crimen y que la apertura de una sociedad poshíbrida pasa indispensablemente por redirigir la fuerza hacia la ley y la cooperación con base en el mandato popular que opera en los resultados del voto directo, universal y secreto. Sin legitimidad popular, no hay confianza para la inversión; sin confianza, la economía criminal puede seguir latiendo.