La sostenibilidad fiscal en riesgo: #PorEstosNo, por José De Echave C.

Para el Consejo Fiscal, la implementación de todo este paquete de exoneraciones, aumento de gastos, reasignación de recursos, etc., provocaría que el déficit fiscal se incremente en cinco puntos porcentuales del Producto Bruto Interno 


La campaña ‘por estos no’, que alude al grupo de partidos políticos que en la práctica han gobernado el país en los últimos años, que han reformado la Constitución a su regalada gana y han aprobado leyes nocivas -como las pro crimen, entre varias otras-, tiene un correlato en los temas de fiscalidad. 

Hace unas semanas, el Consejo Fiscal (CF) salió en pleno en una conferencia de prensa para alertar sobre varias bombas de tiempo que nos está dejando este Congreso y que representan una tendencia preocupante que amenaza nuestra estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal. Previamente, mediante el Oficio N° 175-2025-CF/ST, enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, este organismo había alertado de la existencia de riesgos fiscales relacionados a la potencial aprobación de iniciativas legislativas que limitan la capacidad recaudatoria.

¿Qué ha dicho el Consejo Fiscal? Que en los últimos años se han incrementado las leyes con impacto fiscal negativo, que se caracterizan por proponer incrementos del gasto sin financiamiento identificado y sacrificando ingresos fiscales presentes y futuros. Además, esto ocurre en un contexto en el que se viene incumpliendo por varios años seguidos la regla fiscal.

Los datos son contundentes. Este Congreso ha aprobado 229 leyes que representan un alto costo fiscal, un número que triplica el promedio aprobado en períodos anteriores.Muchas de estas leyes, fueron aprobadas por insistencia, es decir, en contra de la opinión técnica del Poder Ejecutivo. Y todo indica que la amenaza continúa: hay 352 iniciativas legislativas similares, y de éstas, las 10 más onerosas, “tendrían un costo fiscal anual de S/ 25 mil millones” (CF).

El Ministerio de Economía y Finanzas también ha confirmado esta preocupación. En oficio remitido el pasado 3 de julio, ante un pedido de la congresista Ruth Luque, se señala que: “Desde el año 2013 a la fecha, la DGPIP (Dirección General de Política de Ingresos Públicos) ha recibido 1,773 Proyectos de Ley por parte del Congreso de la República. Es relevante mencionar que desde el año 2021 se ha observado un importante incremento anual de la cantidad de Proyectos de Ley con temas tributarios que vienen a evaluación por esta Dirección General”. “Al respecto, considerando la tendencia observada, se ha estimado un crecimiento promedio de la cantidad de proyectos de ley de iniciativa del Congreso de la República de alrededor del 16% anual, con lo cual se proyecta que durante el 2025 se recibirán más de 300 proyectos de ley con temas tributarios”, lo que representa un alto costo fiscal.

Para el Consejo Fiscal, la implementación de todo este paquete de exoneraciones, aumento de gastos, reasignación de recursos, etc., provocaría que el déficit fiscal se incremente en cinco puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), por encima del escenario proyectado por el Marco Macroeconómico Multianual y, si la tendencia se mantiene, la deuda pública podría llegar a 70% del PBI, todo en un horizonte de diez años. No hay que olvidar que el límite de endeudamiento no debe superar el 30%.

Si bien todo apunta a que la principal responsabilidad recae en el Congreso de la República, es importante remarcar que el Ejecutivo también ha puesto de su parte, ya que decidió mayoritariamente no observar estas leyes: según el Consejo Fiscal, en el período 2021-2025, el 56% de las leyes con impacto fiscal adverso fueron aprobadas sin observaciones del Poder Ejecutivo. Tampoco se puede dejar de mencionar al Tribunal Constitucional que, con la interpretación que hizo del artículo 79 de la Constitución, creó las condiciones para que el Congreso tenga la vía libre para aprobar las mencionadas leyes con el consecuente impacto fiscal negativo.  

¿Quiénes son?

Pero en el Congreso hay varias bancadas y son 130 congresistas. Por lo tanto, no está demás identificar quiénes son las bancadas responsables que han impulsado estas leyes que ponen en riesgo la recaudación de ingresos y la sostenibilidad fiscal. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, Acción Popular encabeza, de lejos, el primer lugar con proyectos de ley que representan un costo fiscal de 18,281 millones de soles (46.3% del total). Le sigue Somos Perú, nada menos que el partido de José Jerí, con proyectos que fueron presentados cuando éste era congresista y que representan un costo fiscal de 41,304 millones de soles. Luego está Fuerza Popular con proyectos con un costo fiscal de 39,015 millones de soles (cabe precisar que la bancada fujimorista ocupa el primer lugar en cuanto alnúmero de proyectos presentados: 17.4% del total). Luego aparecen Podemos Perú, Alianza Para el Progreso, Perú Libre, el Bloque Magisterial, Avanza País, Renovación Popular, entre varios otros: el Ministerio de Economía y Finanzas identifica 145 proyectos, por un monto de 347,411 millones de soles, que representan, nada menos, que un costo fiscal del 27.7% del PBI. 

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                Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas   

Que nadie se haga el desentendido y que asuman sus responsabilidades, sobre todo, ahora que todos estos partidos políticos ya están en campaña electoral,pidiéndole nuevamente el voto a la ciudadanía. Más aún, un integrante de una de las bancadas más dilapidadoras y ex presidente del Congreso, está hoy en día a la cabeza del Ejecutivo. 

El gobierno ha aprobado el Decreto de Urgencia N. 008-2025 que establece medidas extraordinarias de austeridad y eficiencia en el gasto público, aparentemente, para lograr el cumplimiento de la regla fiscal prevista para el 2025: se estima que se lograría un ahorro de S/ 1,200 millones en lo que resta del año, aunque no queda claro si este monto será finalmente reasignado a otras partidas. Si bien, en una perspectiva de muy corto plazo, una decisión de este tipo puede justificarse, no se ha explicado si medidas como ésta se van a mantener el próximo año. La impresión que se deja es que se pretende seguir “gobernando” con medidas efectistas sin atacar los temas de fondo. 

Otro dato que debería preocuparnos: según el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, no se contemplan aumentos significativos de los ingresos fiscales, pese a que estamos en un contexto de precios de nuestros principales productos de exportación (cobre y oro) nunca antes visto, con los mejores términos de intercambio de los últimos 70 años. Como ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, con estos precios excepcionales de nuestras exportaciones, con ingresos fiscales también excepcionales, deberíamos tener superávit e, incluso, pensar en guardar pan para mayo.     

Si el señor Jerí quisiera gobernar en serio, se podría remangar la camisa y pedir facultades extraordinarias para corregir todos los despropósitos aprobados en el Congreso que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y, también, dejar de darle subsidios a sectores que no los necesitan, como es el caso de la agro exportación. Más aun, podría pedir facultades extraordinarias para trabajar una verdadera reforma tributaria y mejorar los ingresos y la presión tributaria que sigue siendo una de las más bajas de América Latina. Que no mire al costado, si quisiera asumir la tarea, tiene el tiempo suficiente para hacerlo.