Ecos del Perumin, por José de Echave

Esta semana se realizó una nueva edición del Perumin que, sin discusión, luego del Cade, es el evento más importante del empresariado peruano, que tiene en la minería a uno de sus sectores portaestandarte. El Perumin siempre es un buen termómetro para medir por dónde va la agenda del empresariado minero, sus demandas y también sus preocupaciones. Aunque debería haber coincidencias, no siempre esas demandas empatan con lo que debería ser la agenda país en relación con esta actividad.

Revisando el programa, pero sobre todo las declaraciones de los principales voceros y las últimas campañas empresariales, las demandas giran en torno a lo que las empresas denominan, desde hace bastante tiempo, como tramitología, tema que en el programa se presentó bajo el título “Desregulando para la competitividad”. La segunda gran preocupación es, sin duda, el avance de la minería informal e ilegal, tema que fue abordado en mesas en las que se evaluaron los principales retos que tiene la minería o el riesgo político frente al próximo contexto electoral.

Desregulando y desregulando, una carrera hacia el fondo

Una primera constatación es que la crítica al exceso de regulaciones de parte del empresariado, sobre todo el minero, no es nueva. Aunque estuvo presente en estas últimas tres décadas y media, desde el momento en que se fueron construyendo las regulaciones y la institucionalidad ambiental, o cuando se tomaron algunas medidas de reconocimiento de los derechos de las poblaciones vecinas a las operaciones mineras, la ofensiva comenzó a tomar cuerpo y fue sostenida desde hace más de una década. El argumento es, y sigue siendo, que los excesos de trámites y regulaciones espantan las inversiones y que el Perú ha perdido competitividad.

Sin embargo, la realidad y las cifras muestran que, con esas mismas regulaciones y trámites, el Perú batió récords de inversión y duplicó la producción de cobre en la segunda mitad de la década pasada. La realidad y las cifras también muestran que, en todo este tiempo, el Perú se ha mantenido en el grupo de los diez principales destinos de la inversión minera mundial y que, si los niveles de inversión bajaron en el Perú, ocurrió lo mismo en todo el mundo, sobre todo cuando terminó el período del súper ciclo de precios de los minerales.

Lo cierto es que, a lo largo de más de una década, la campaña en torno a la tramitología les ha dado resultados, ya que se fueron aprobando decretos supremos, leyes y diversas disposiciones que han golpeado, sobre todo, la legislación ambiental. Algunos ejemplos: los denominados “paquetazos ambientales” que comenzaron a aprobarse desde 2013 y tuvieron un momento culminante con la Ley N.° 30230 en 2014, que estableció medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión. Esta ley también restringió la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), redujo plazos para la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y limitó las funciones del Ministerio del Ambiente (Minam) en campos como el ordenamiento territorial, entre otros. La tendencia a desregular ha continuado con modificaciones a la normativa sobre exploración minera, restricciones a las funciones del Minam y modificaciones en los estándares de calidad ambiental, entre otros. En los últimos años el mecanismo utilizado ha sido el de los shocks desregulatorios trabajados en las denominadas mesas ejecutivas minero-energéticas, entre el MEF y los empresarios del sector. En el marco de este Perumin, se ha anunciado nada menos que 385 medidas desregulatorias.

Todo indica que seguimos en una suerte de carrera hacia el fondo en materia de desregulaciones ambientales y sociales. Con tantas medidas tomadas y shocks desregulatorios continuos, a estas alturas ya debería estar claro que el diagnóstico es errado: los problemas que arrastra nuestra economía, y la minería en particular, no se explican por un supuesto exceso de regulaciones. Las inversiones cayeron en el país mientras que caían en todo el mundo y, en la actualidad, hay que agregar algo que el propio presidente del BCRP, Julio Velarde, ha subrayado: la cartera de proyectos en minería ha cambiado, ya no hay proyectos grandes, los de clase mundial; los que predominan son los proyectos medianos y pequeños.

El otro rostro de la minería

El otro tema que ha recorrido varias mesas es el avance de la minería informal y la abiertamente ilegal en el país, hoy en día percibida por el empresariado como la principal amenaza para sus actividades. Lo cierto es que, en la actualidad, al empresariado minero formal le ha salido un competidor directo desde las propias entrañas de la producción y el socavón, que le está disputando narrativa, influencia política y cuotas más importantes en la producción de minerales, como es el caso del oro y otros minerales menores.

Todo indica que ni las campañas realizadas ni las iniciativas políticas le vienen funcionando a las empresas formales. Una posibilidad que se debería evaluar es si el enfoque es el correcto. Se sigue pensando en una Ley MAPE (minería artesanal y de pequeña escala) disociada de la Ley General de Minería. El enfoque sigue siendo que la MAPE es un mundo aparte del resto de los estamentos de la producción minera y que no hay conexiones que deben ser reconocidas y atendidas.

La Ley General de Minería, que data del año 1992, fue pensada en función, sobre todo, de la gran minería y hasta de la mediana minería. Apenas dos artículos de esta ley mencionan a la pequeña minería para, básicamente, definirla tomando como referencia la extensión de concesiones y la producción. La pequeña minería y todas las ramificaciones que le han salido (artesanal, informal, comunal y la abiertamente ilegal) han sido tratadas como actividades marginales desde hace tres décadas. Y lo cierto es que, en todo este tiempo, han resistido al mismo tiempo que eran ignoradas por los canales institucionales.

Recién ahora que esta actividad ha tomado las proporciones que constatamos se intenta reaccionar, pero sin querer tocar la estructura legal e institucional que ya tiene más de treinta años de vigencia y que no permite dar respuesta a un fenómeno que se ha salido de control y que pretende ser tomado, en varias partes del país, por las economías ilegales y el crimen organizado. Muchos de los cuellos de botella que deben ser abordados están en la Ley General de Minería. Solo una muestra: la política de concesiones mineras, hoy en día, es uno de los temas que ha sido puesto sobre la mesa de debate y que debe ser tratado.

Si no entendemos que las salidas a un problema tan complejo pasan, en parte, por revisar el marco legal e incorporar a los verdaderos mineros artesanales y de pequeña escala, y a los informales que buscan regularizar su situación, seguiremos sin encontrar verdaderas salidas que permitan revertir la situación que se vive en varios territorios.

La pregunta que hay que hacer a los diferentes estamentos de la minería es cuánto están dispuestos a ceder en sus agendas e intereses de grupo para construir respuestas que permitan atraer a los verdaderos mineros y aislarlos de los ilegales y del crimen organizado.