Democracia para las mujeres, por Paula Távara

Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha no fue elegida al azar, sino para recordar a las hermanas Mirabal, mujeres líderes de la lucha por la democracia en República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Esta fecha nos da así la oportunidad de recordar el valioso aporte de las mujeres a la construcción de la democracia, y lo relevante que es la preservación de este régimen para nosotras.

Y es que, según todos los estudios, los países con regímenes más autoritarios son también los más restrictivos para las libertades y derechos de las mujeres.

Solo hace falta ver cómo en Afganistán el retorno del talibán ha vuelto a expulsar a las mujeres y niñas de la educación formal; cómo Rusia y Turquía están reduciendo las protecciones contra la violencia de género; cómo dictaduras como la española o la chilena mantuvieron la prohibición del divorcio hasta bien entrado el siglo XX; y cómo hoy en día el régimen de Bukele —que tanto emociona a los políticos peruanos de diversas tiendas— prohíbe expresiones como identidad de género, inclusión o educación sexual en los libros escolares.

Obviamente las mujeres también sufren discriminación y otras violaciones de derechos en democracia. Pero cuando hay poderes autónomos, tribunales independientes, libertades civiles y representación diversa en los puestos de gobierno, las mujeres tenemos más herramientas para protegernos contra los retrocesos y la violencia.

Por eso es posible vincular muy directamente los retrocesos en cuanto a democracia en nuestro país con los retrocesos en cuanto a derechos de las mujeres.

Rodrigo Gil Piedra, en su libro Entre Dios y el Estado (IEP, 2024), señala con bastante claridad cómo la “politización proactiva” del movimiento conservador toma fuerza a partir de las elecciones de 2016, las mismas en que empieza la crisis política que nos ha llevado a tener siete presidentes en nueve años, con un cierre del Congreso y tres vacancias presidenciales de por medio.

Esta politización terminará de cobrar fuerza, nos dice Gil, hacia las elecciones de 2021, llevando a un “encumbramiento de una agenda moral provida y profamilia evidenciada en un implacable posicionamiento contra el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Así, en nuestro país, estos años de involución democrática han sido también años de involución en cuanto a nuestros derechos, especialmente a partir de las acciones de un movimiento conservador ya asentado en el poder y, en más de una ocasión, transversal a todo el espectro político.

Disfrazando sus iniciativas bajo conceptos que se presentan como inofensivos y sobre los que nadie podría oponerse en principio, como la protección de la familia o la niñez, los aliados de este régimen no democrático en el que nos encontramos siguen buscando limitar la autonomía de las mujeres.

Ejemplo de esto es cómo se ha eliminado la educación sexual integral de todo contenido escolar, siendo que esta tenía especial relevancia para la prevención de violencia sexual y embarazos adolescentes.

Además, justificándose en una supuesta protección de “el niño por nacer”, se ha buscado perseguir y criminalizar al personal de salud que cumple con la aplicación del protocolo terapéutico en niñas (es decir, menores de 14 años) embarazadas víctimas de violencia sexual.

Se ha abolido también, y se sigue avanzando en ello, toda mención al “género”, negándole el reconocimiento a las mujeres en su diversidad y pretendiendo perpetuar la idea de que las mujeres lo somos solo en tanto nacidas con vagina.

Ni qué decir del abandono que los diferentes gobiernos han dado a las niñas y adolescentes de zonas como Condorcanqui, víctimas de la violencia sexual generalizada por parte de docentes (la que incluso pretendieron llamar “práctica cultural”). O de las menores que se encuentran en Centros de Asistencia Residencial del MIMP, violentadas por personal que debía cuidarlas. Todos estos hombres, heterosexuales cisgénero, pagados por el propio Estado.

Detrás de las censuras a textos educativos, de la persecución al personal de salud o de propuestas que pretenden penalizar a las mujeres que denuncian violencia, lo que hay no es una protección a la justicia o la infancia, sino un férreo intento de control de nuestros cuerpos. Y esto no es sino violencia ejercida desde el poder.

En plena crisis de inseguridad ciudadana, además, es relevante recordar que esta afecta de forma particular a las mujeres, víctimas de trata de personas, viudas de choferes asesinados, extorsionadas en los pequeños negocios con los que miles sostienen a sus familias como jefas de hogar.

A estas alturas ya está más que claro que tener mujeres en cargos de gobierno no asegura la defensa de nuestros derechos. Sin embargo, también hemos visto en este último quinquenio múltiples esfuerzos por eliminar la paridad en la postulación a cargos públicos, y las listas electorales que hemos conocido hasta ahora no cuentan casi con ninguna mujer a la cabeza.

Pero también se ha visto en otros momentos y otras materias cómo nuestra presencia en la política habilita un “horizonte de posibilidades”, y da voz a las mujeres para pelear por los temas que más afectan nuestras vidas, como el amplio consenso de mujeres parlamentarias para eliminar el matrimonio infantil en nuestro país.

Por eso estamos llamadas a interesarnos por lo que pase con la democracia en nuestro país, porque una democracia debilitada, como bien hemos visto, nos afecta más a nosotras, a nuestra libertad, a nuestros cuerpos y a nuestros derechos conquistados.

Porque lo que es bueno para la democracia es bueno para las mujeres.