Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente...

Bombardeos en el Caribe, por Diego García-Sayán

"Si Washington quiere combatir seriamente el tráfico de drogas, debe reconocer la importancia de la colaboración internacional"

Es creciente la alarma, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, sobre los bombardeos y ataques estadounidenses en mares del Caribe venezolano contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.
Desde Washington mismo se alzan voces de protesta, pues afectan no solo reglas internacionales, como las de la no intervención, sino la propia ley estadounidense. Porque el hecho, fuera de dudas, es que el Congreso en Washington no ha emitido una autorización formal de uso de la fuerza para las operaciones marítimas recientes, aunque el Ejecutivo las justifica bajo disposiciones existentes de lucha contra el narcotráfico y seguridad nacional. Principios básicos de no intervención y de respeto a la paz internacional están sobre la mesa… y en cuestión.

Destaca en el análisis minucioso que sustenta una protesta que se extiende la respetada institución académica Stimson Center, basada en Washington D. C.

Ataques ilegales

La agresión estadounidense en el Caribe amenaza con exacerbar las condiciones que conducen al tráfico de drogas y la migración (que hasta ahora quedan, al fin de la historia, tal cual).
Los recientes ataques contra varios barcos en el Caribe y en la costa Pacífica (de Colombia y México) han provocado acusaciones de que se está llevando a cabo algo que es ilegal y beligerante. El hecho es que cualquiera de las tres vías que se están debatiendo actualmente —seguir llevando a cabo ataques contra barcos no combatientes, intensificar los ataques selectivos dentro de Venezuela o intentar un cambio de régimen directo— dejaría a Estados Unidos en una posición peor.

Un riesgo claro es el de aumentar la inestabilidad regional y la hostilidad hacia Estados Unidos. Ya en agosto se autorizó el uso del ejército estadounidense contra los cárteles de la droga en América Latina. En las últimas semanas ha ido un paso más allá al declarar a los supuestos miembros de los cárteles de la droga «combatientes ilegales», sin prueba ni investigación sólida de por medio.

Varios líderes sudamericanos ya han reaccionado en consecuencia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, pronunció un encendido discurso en la ONU en el que criticó estas acciones militares, mientras el presidente brasileño, Lula da Silva, aprovechó sus declaraciones en una reciente cumbre del BRICS para instar a Estados Unidos a actuar con prudencia en el Caribe.

Como destaca el comentario del Centro Stimson, una mayor acción militar de Estados Unidos contra Venezuela y en el Caribe tendría graves consecuencias negativas para Estados Unidos. Con muy pocas ventajas. La administración y el Congreso —aconseja Stimson— deberían reevaluar su enfoque o correr el riesgo de agravar problemas subyacentes como el tráfico de drogas y la migración.

Ataques continuos

Estados Unidos ha llevado a cabo al menos cuatro ataques contra buques civiles en el Caribe. Se estima que han muerto más de veinte personas. Muy grave.
Consecuencia: condena generalizada por parte de los países latinoamericanos, junto con una disminución de la actividad comercial y la amenaza de acciones legales por parte de las familias de las víctimas. No se señala que se haya incautado droga ilegal ni capturado narcotraficantes. Muertes por gusto…

La información disponible es uniforme y contundente: indica que se ha tratado de ataques contra civiles a quienes no se ha sometido a debido proceso y que, además, no participan activamente en hostilidades bélicas. En el lenguaje jurídico del derecho internacional eso se llamaría “ejecuciones extrajudiciales”. 

En eso estamos

Mientras, las reacciones en el Congreso estadounidense no se han hecho esperar. Ya apuntan a sanciones contra el gobierno.

En su testimonio ante el Senado de los EE. UU., el embajador Nathan Sales, que ocupó el cargo de embajador plenipotenciario y coordinador de la lucha contra el terrorismo, ya había advertido antes de estos hechos: «Las víctimas civiles también pueden tensar las relaciones de los Estados Unidos con importantes gobiernos socios, lo que les haría perder el apoyo público y, por lo tanto, pondría en riesgo la estabilidad de países y regiones que son vitales para la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de los Estados Unidos».

Terreno impredecible

Dada la ausencia de pruebas que demuestren la afiliación de estas embarcaciones a los cárteles, se abre un terreno desconocido e impredecible de tensión. Le sirve a Maduro de argumento —¿o pretexto?— para acusar el imperialismo y la extralimitación de Estados Unidos. Se argumenta que nuevos ataques podrían reforzar su control del poder. Ya ha activado la milicia ciudadana de Venezuela, lo que le da una imagen más prominente como resistente a la “agresión estadounidense”.

A nivel internacional, las duras condenas de otras naciones latinoamericanas, incluso de aquellas que no reconocieron la legitimidad de su elección, también permiten a Maduro presentarse como parte de un frente unido contra el imperialismo, lo que complica los esfuerzos por aislar internacionalmente a su régimen.

La continuación de los ataques también viene afectando a la actividad comercial en el Caribe. La pesca, el transporte marítimo y el turismo se ven afectados negativamente por los continuos ataques estadounidenses. Lo que perjudicaría directamente a Estados Unidos, pero también podría provocar un mayor resentimiento hacia ese país por parte de las naciones de la región. La preocupación por ataques a civiles o por utilizar un proceso opaco e ilegal para seleccionar sus objetivos no haría más que obstaculizar aún más las actividades comerciales.

Pocos beneficios

Los beneficios de esta política para la reducción del tráfico de drogas hacia Estados Unidos no se han visto. Venezuela no produce fentanilo, y la principal ruta marítima de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos es a través del Pacífico. Se argumenta que, si los ataques lograran reducir la cantidad de cocaína que se envía a través del Caribe, es poco probable que esto se traduzca en una reducción de la cocaína que llega a las costas estadounidenses, en lugar de simplemente provocar un desvío hacia otras rutas.

Miembros de la administración en Washington han planteado la posibilidad de intensificar los ataques contra los presuntos cárteles de la droga dentro de Venezuela. Probablemente, tendría las mismas consecuencias que continuar los ataques contra los barcos en el Caribe, incluyendo la creación de resentimientos y el refuerzo de Maduro. Probablemente, se produciría hasta “solidaridad” con Venezuela por parte de los países latinoamericanos, beneficios políticos para Maduro y altos costos operativos y riesgos para los aviones estadounidenses.

Estados Unidos tiene una larga historia de intervenciones militares en América Latina. Los ataques en territorio venezolano refrescarían la memoria de esas intervenciones y amenazarían con alimentar el sentimiento antiestadounidense. Y, además, no está garantizado que, incluso con información de alta calidad sobre los objetivos, EE. UU. pudiera llevar a cabo con éxito una campaña aérea contra objetivos venezolanos.

Si los ataques se intensifican hasta convertirse en un conflicto total con el gobierno venezolano, es improbable que los intentos de detener el tráfico de drogas tengan éxito: múltiples zonas de producción y de tránsito, y, en especial, un importante y lucrativo negocio dentro de los Estados Unidos que demanda y seguirá demandando drogas. El quid de la cuestión.

¿Qué viene?

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, Estados Unidos se involucró en conflictos enormemente costosos que dieron pocos resultados positivos y generaron descontento generalizado. La administración gubernamental actual corre el riesgo de prolongar esa era de costosas intervenciones estadounidenses, con repercusiones durante las próximas décadas.

Lo dice claramente Stimson desde Washington: “esta no es una guerra que Estados Unidos necesite”. Si Washington quiere combatir seriamente el tráfico de drogas, debe reconocer la importancia de la colaboración internacional. La desestabilización de Venezuela creará más personas desesperadas que buscan formas de ganar dinero y que buscarán emigrar.

Aún no es demasiado tarde para actuar con moderación.

Diego García Sayán

Atando cabos

Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.