El derecho de asilo, por Guido Croxatto

A Castillo lo vacaron sin los votos mínimos que pide el reglamento del Congreso. No existió moción de vacancia. No existió denuncia constitucional (la que apareció fue extemporánea). Nadie objetó nunca estas faltas graves. A Boluarte la vacaron con todas las garantías del debido proceso. A Castillo no. Castillo no asesinó a nadie. El gobierno de Boluarte asesinó, a pocos días de asumir, a 50 manifestantes desarmados. Castillo está preso. Boluarte está en su casa.

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Con Castillo actuaron con ametralladora en mano. Con Boluarte el fiscal dijo: “Ya vamos a actuar”. Todavía estamos esperando que “actúen”. Propusieron emitir un “comunicado” a las embajadas para que no se fugara. Eso es todo. Castillo sigue preso.

Es curioso que Castillo esté preso por haber dado un discurso sin las firmas que se requieren para un mensaje a la Nación. Parece que en el Perú es más grave dar un discurso que asesinar a personas.

Es curioso que cuando Brasil otorga asilo a Nadine Heredia, el Estado peruano no objeta esta acción. Pareciera que cuando hay una multinacional de por medio, como Odebrecht, cambia el termómetro político. Cuando Betssy Chávez pide asilo en México, en ese caso sí “se rompen relaciones” diplomáticas. Pareciera que el silencio de Brasil —el silencio errático de Lula— en el caso Castillo es un bien preciado para el régimen peruano. Lo quieren “cuidar” a toda costa. No quieren alterar ese equilibrio delicado. Porque cuando Nadine Heredia se fuga de la justicia peruana en una embajada de Brasil, el régimen no dice una sola palabra. Solo alzan la voz si Betssy Chávez es asilada en la embajada de México. Doble vara. Son dos asilos políticos a dos figuras encausadas. No se entiende la doble vara. En un caso sí “se cortan relaciones” diplomáticas; en otro, no. Brasil preserva la salida al Pacífico. Prioriza sus intereses comerciales. Chancay. (“No es el mismo Lula de antes…”).

Tampoco se entiende la doble vara de los congresistas peruanos. Las Carlincaturas llevan ya un registro cómico de la tragedia institucional que vive el hermano país (en Argentina sentimos un gran afecto por los peruanos, un vínculo que se remonta a la historia de la independencia y siguió por el conflicto de Malvinas, donde la Fuerza Aérea Peruana apoyó a mi país, con aviones que partían desde Arequipa ya pintados con el pabellón nacional; gran afecto por los peruanos). Una Carlincatura en especial ha marcado a fuego esta etapa: la que expone a la congresista afrodescendiente Martha Moyano (cuya hermana fue asesinada por Sendero Luminoso por ayudar a los pobres) diciendo: “Ahora sí debemos respetar el reglamento y juntar el piso mínimo de 104 votos, porque ya no se trata de vacar a Pedro Castillo”, cosa que hicimos de cualquier manera, se podría agregar. A veces el humor dice más que el derecho. Las Carlincaturas resumen bastante bien —y mucho mejor y más claro que las sentencias judiciales, sobre todo las del Tribunal Constitucional, que investigan a unos pero limpian de todo cargo a otros— el desarreglo jurídico que vive el Perú. El Estado dice ser “respetuoso del derecho” internacional. Pero el derecho internacional se oponía al indulto a Alberto Fujimori.

Se ha dicho muy poco sobre una novedad de peso: la desvinculación de la fiscalía en el caso Castillo sobre la acusación de rebelión, que era el delito más grave, el que usó el Congreso como excusa para vacarlo en forma “exprés”; cosa que hicieron sin los votos suficientes. (No existe tal cosa como una “vacancia exprés”: es un eufemismo ilegal, pero que tiene peso mediático para justificar la inconstitucionalidad del proceso. No existe una vacancia “exprés”). La corte reconoce que no lo han podido probar. Que la acusación de la fiscalía sobre la “rebelión” de Castillo no tiene sustento. Es algo muy importante, pero muchos medios aún no lo dicen. La acusación más fuerte contra Castillo no ha podido probarse. Claro que esperaron hasta que viniera a Perú un jurista español, conservador encima, a decirlo. Hasta que no vino un profesor de España a decir que “no había delito” en el caso Castillo, la corte peruana insistía en la imputación por rebelión. Pero cuando Cancio Meliá, funcionalista, discípulo español de Günther Jakobs, dice lo contrario, a los jueces peruanos ya no les queda más remedio que “desvincular” a Castillo por ese delito. Lo grave es que ese delito, por el que ahora se lo “desvincula”, era el delito central por el cual fue “vacado” (entre comillas, porque la vacancia “legal” nunca existió: hubo una farsa de vacancia con 101 votos; eso no es “legal”, es un acto sin validez jurídica ninguna, porque no alcanza el piso mínimo de votos que marca la ley). Habría que considerar este detalle “técnico”: el Perú tiene un presidente constitucional mal vacado.

Repitámoslo para que la gente lo sepa: Castillo fue vacado violando el reglamento del Congreso peruano, con menos votos que el piso mínimo que indica la ley. Esto no quiere decir que no pueda ser vacado. Claro que lo pueden vacar (no decimos otra cosa ni Zaffaroni ni yo), pero no lo pueden hacer de cualquier manera. El proceso penal actual no procede, porque el proceso constitucional, que es anterior, no fue conforme a derecho. Es insalvable. La única forma de que la vacancia nula pase de ser irregular a ser legal es con un nuevo juicio político conforme a derecho, no con un juicio penal. Por eso está bien otorgado el asilo a Betssy Chávez: porque hay un desarreglo procesal muy grave contra ella y contra Castillo. Esto no implica que no puedan ser acusados, solo implica que hay “reglas” que respetar en todo proceso. Y en este caso no se están respetando, empezando por la vacancia inconstitucional de Castillo. ¡No se puede vacar de cualquier manera a un presidente, canciller Hugo de Zela! Por favor, repase el reglamento del Congreso.

La sucesión de 2022 fue, por ende, inconstitucional, porque el presidente nunca fue “vacado” conforme a derecho. Por eso, en la última vacancia contra Dina Boluarte se puso a una relatora a sobreactuar cada paso dado por el Congreso, a repetir en voz alta cada paso que daban, para tratar de decir tácitamente: “Ahora sí actuamos conforme al reglamento”. Pero eso no quita que dos años antes no lo hicieran. Falta un juez con coraje en el Perú que lo diga. Una corte diligente, independiente en serio, que haga valer el derecho.

Nadine Heredia y Betssy Chávez: dos asilos políticos, dos reacciones muy diferentes. Con toda seguridad, corresponde más el segundo. Por eso tiene mucha razón la presidenta mexicana, la física Claudia Sheinbaum, en hablar de una “reacción desmedida”. Diríamos, sobreactuada. Como el Congreso peruano al “sobreactuar” la constitucionalidad de la vacancia contra Dina Boluarte, para ocultar las fallas severas de la vacancia anterior, contra Pedro Castillo. Si la vacancia es nula, el proceso penal subsiguiente no procede. Por ende, el asilo político es correcto. Está bien otorgado.