Hasta vencer el miedo, por Marisa Glave

Hay un grupo de poder instalado en el Congreso de la República que quiere mantener secuestradas no sólo nuestras instituciones, sino la esperanza del pueblo peruano de tener un país mínimamente justo. Se han instalado rompiendo las reglas éticas del juego democrático, alterando la voluntad popular expresada en las urnas.

Primero lo hicieron de manera mediata, capturando a Boluarte que – se quiera o no – fue electa vicepresidenta y tenía un mandato emanado de las urnas. Revestida de esa legalidad decidió destrozar cualquier mínimo de legitimidad de origen. Traicionó a sus electores y cambió de bando. Permitió que los perdedores de las elecciones ejercieran el poder ejecutivo a través suyo. Se volvió el engranaje necesario para que la maquinaria de impunidad y prebendas opere a la perfección.

PUEDES VER: EDITORIAL | Pacto insiste en el engaño de los estados de emergencia

Francisco Durand decía que la captura del Estado era un proceso por el cual intereses económicos – legales o ilegales – logran una especie de privatización de las decisiones públicas para su beneficio. Es decir, usar la fuerza pública, el poder de las instituciones, de manera distorsionada, no pensando en el bienestar general, colectivo, sino para fines privados, personales. Esto es lo que han hecho los grupos políticos parlamentarios que sostuvieron a Boluarte. Lograron capturar el poder.

Pero el engranaje, de tanto uso, se quebró. No había manera de sostener más a Boluarte sin estallar ellos con ella. La vacaron por unanimidad. Ahora ejercen el poder de manera directa y es quizá su principal riesgo. Jerí no es una ficha externa. Jerí es parte del pacto congresal. Esta semana ha quedado absolutamente claro.

El poder en base a la represión popular

El miércoles decenas de miles de personas salieron a protestar en distintas ciudades del país, incluida la capital. Lima logró concentrar en la avenida Abancay a una gran diversidad de colectivos, gremios y grupos ciudadanos que se convocaron en distintos puntos pero que confluyeron en un mar de gente que llegó hasta el Congreso. La consigna era clara ¡Fuera Jerí!

Múltiples razones sustentan este pedido. Desde su denuncia por violación y la recatafila de mensajes misóginos en sus redes sociales hasta investigaciones por desbalance patrimonial. Pero la que unifica estas razones es la pertenencia de Jerí al pacto de poder hegemónico. Él votó por las leyes que han afectado el combate al crimen por buscar generar impunidad para políticos y sus partidos. Él sustento la inocencia de Boluarte en las muertes de 50 compatriotas por represión violenta entre fines del 2022 e inicios del 2023.

Hay un hermanamiento. Él la salva de la culpa por las muertes tras la represión violenta y ahora pretende normalizarla en su mandato.

El general Arriola ha reconocido que la muerte de Mauricio Ruiz Sanz (Trvko) la causó una bala de la policía. Ha dado el nombre del oficial que habría disparado el arma, quien se encontraba en la manifestación, vestido de civil, pero en funciones. Ha señalado que se le va a separar del cargo y a investigar. Ha pedido perdón y ha tratado de colocar el caso como un hecho aislado y “lamentable”.

Pero todos vimos que el oficial señalado no era el único. El video en el que se registra el asesinato muestra la presencia de al menos dos oficiales, uno segundo que aparece luego a verificar la muerte. Otros videos subidos a redes por manifestantes muestran a decenas de policías vestidos de civiles deteniendo personas de manera violenta por el parque universitario y por Piérola. Estuvieron ahí por una decisión institucional, parte de un plan de operaciones que incluyó la participación de policías encubiertos y armados en una protesta ciudadana. La responsabilidad por esta muerte no es sólo del oficial. Incluye a sus mandos superiores y a quienes tienen responsabilidad política, como el ministro de turno y el propio Jerí que se presentó desde sus redes ejerciendo el rol de supervisión de la acción de la policía.

Pero además no estamos ante un único hecho de violencia con consecuencias irreparables. Otro ciudadano, de 28 años, se debate entre la vida y la muerte en el Loayza, con operaciones complejas luego de que le destrozaran el cráneo. Una niña, menor de edad, está internada por el impacto de una lacrimógena en el estómago. Hay decenas de manifestantes internados con múltiples heridas de perdigones, algunas en cuello, tórax y espalda.

Violentando la voluntad popular tomaron el poder y con represión violenta pretenden generar miedo para mantenerlo.

La “yuca” como practica política

Pero están en el poder no sólo por egocentrismo – obviamente no por altruismo – sino por representar intereses privados concretos. Necesitan que la maquinaria opere para garantizar prebendas, privilegios e impunidad. Por tanto, es necesario para ellos seguir distorsionando la gestión pública. Usarán la narrativa instalada desde los 90 en el país de la adopción de decisiones perjudiciales para la población, pero amparadas en leguleyadas y supuestos beneficios técnicos.

No olvidemos que la oleada de protestas que terminaron con la vacancia de Boluarte se produjeron tanto por el crecimiento de la criminalidad – en parte por las normas pro-crimen de este Congreso que debilitan la acción de la justicia – como por la “reforma” de pensiones. Ésta última merece el título de yuca mayor, con todos los costos para las nuevas generaciones y los beneficios asegurados para las administradoras de fondos de pensiones (AFPs). 

Ahora el legislador Jon Tay trae una innovación. Dado que nadie se atreve a derogar las normas pro-crimen, deciden las extorsiones deducibles. Pasamos de las OxI, obras por impuestos, a las ExI, extorsiones por impuestos. Ya sabes ¡Yuca pa´ ti!

Pero la ciudadanía reacciona. La indignación logra romper la parálisis. Nos organizamos y seguiremos haciéndolo hasta vencer el miedo y recuperar la esperanza.