El trabajo no es un juego para niños, por Javier Herrera

El trabajo infantil en el Perú: la infancia hipotecada

“Para el niño, el trabajo es el juego”, decía María Montessori, convencida de que la infancia debía estar consagrada al descubrimiento y al aprendizaje. Pero en el Perú, esa frase suena más a utopía que a realidad. Para miles de niños y adolescentes, el trabajo no es una forma de juego ni un medio de formación: es una obligación que se impone desde la precariedad familiar, que erosiona su derecho a la educación y que los condena a repetir el ciclo de la pobreza.

Lo complejo es que no todo trabajo infantil es, por definición, negativo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece una distinción clara: no se trata de la actividad en sí misma, sino de sus consecuencias. Un niño que ayuda en el hogar o que colabora algunas horas en un negocio familiar, sin ver afectada su salud ni su asistencia escolar, puede incluso desarrollar sentido de responsabilidad y habilidades sociales. Sin embargo, cuando el trabajo se convierte en jornada prolongada, en riesgo físico o en un obstáculo para la escuela, hablamos de un fenómeno pernicioso que vulnera derechos fundamentales.

El límite entre lo formativo y lo nocivo

El desafío de la política pública y de la sociedad está precisamente en identificar ese límite. ¿Cuándo el trabajo se vuelve explotación? La OIT lo define con contundencia: es trabajo infantil todo aquel que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad; que daña su desarrollo físico o mental; o que interfiere con su educación. En esa categoría entran labores en minería, construcción, agricultura con agroquímicos, explotación sexual, comercio callejero, trabajo nocturno o jornadas excesivas.

El Perú, como signatario de los convenios 138 (edad mínima de admisión al empleo) y 182 (peores formas de trabajo infantil), se compromete a erradicar estas prácticas. Pero la brecha entre la norma y la realidad es amplia, y las cifras recientes lo demuestran.

Las cifras de una realidad persistente

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2024, casi uno de cada cuatro adolescentes peruanos (22,3%) trabaja en ocupaciones peligrosas o dedica tantas horas al trabajo que su educación se ve comprometida. La desigualdad territorial es evidente: mientras en las ciudades apenas uno de cada diez adolescentes trabaja, en el campo lo hace casi seis de cada diez.

En el grupo de niños de 5 a 13 años, el panorama tampoco es alentador: el 14,5% trabajaba la semana previa a la encuesta. En el área rural, la cifra se dispara hasta el 43,8%, siete veces más que en las ciudades. Allí, el trabajo infantil está normalizado: ayudar en la chacra, pastorear animales o apoyar en cosechas se considera parte de la vida cotidiana, incluso cuando estas tareas implican largas horas bajo condiciones duras que no dejan espacio para el estudio ni el juego.

La carga horaria también importa. Los adolescentes trabajan en promedio 16,7 horas semanales; en Lima Metropolitana esa cifra sube a 22,4 horas, lo que equivale prácticamente a una media jornada laboral de adulto. En los más pequeños, de 5 a 13 años, la media es de 11 horas semanales, tanto en el campo como en la ciudad.

Educación hipotecada

Las consecuencias educativas son inmediatas. En 2024, el 30,6% de los adolescentes que trabajan no estaba matriculado en la escuela, frente al 19,9% de quienes no trabajaban. En los niños más pequeños, el 14,1% de los que trabajaban quedó fuera del sistema educativo, comparado con un 8,3% de los que no realizaban actividades laborales.

El dato no se queda ahí: incluso entre los matriculados, la asistencia es menor. En las ciudades, el 12,9% de los adolescentes trabajadores no asistió a clases pese a estar inscritos, dos puntos más que quienes no trabajaban. Y aunque aún falta medir con precisión el impacto sobre los aprendizajes, la evidencia es clara: estudiar con la carga de un trabajo implica menor rendimiento, cansancio acumulado y altas probabilidades de abandono escolar.

Detrás de este fenómeno se esconde un factor estructural: la economía de los hogares. Programas sociales como Juntos, que transfiere 200 soles cada dos meses a cambio de la asistencia escolar, resultan insuficientes frente a la necesidad de ingresos inmediatos. Para una familia en la ciudad el apoyo de los hijos en el negocio o el trabajo fuera del hogar y para una familia campesina, el aporte de un hijo en la chacra o en el mercado puede ser más valioso que una transferencia estatal que no compensa realmente la pérdida.

El círculo de la pobreza

El trabajo infantil no solo afecta al presente de los niños; condiciona su futuro. Quien crece sin educación completa o con una formación deficiente se ve limitado a empleos precarios y mal pagados. Así, la infancia perdida se convierte en adultez vulnerable. El círculo de pobreza se repite de generación en generación: pobreza que obliga a trabajar temprano, trabajo que impide estudiar, falta de educación que condena a más pobreza. Y el impacto no es solo individual. Una sociedad que permite que sus niños trabajen en condiciones nocivas compromete su propio desarrollo. Cada niño fuera de la escuela es una oportunidad perdida para el país.

El reto de la política pública

¿Cómo romper este círculo? Las respuestas no son sencillas, pero hay pistas claras. Primero, fortalecer los programas sociales para que los hogares no dependan del ingreso infantil. El monto de las transferencias debe ser suficiente para cubrir la pérdida económica de que un hijo deje de trabajar, especialmente en zonas rurales.

Segundo, la escuela debe ser un espacio de atracción y retención. Becas, comedores escolares, transporte para estudiantes de zonas alejadas y programas de tutoría son herramientas concretas para evitar la deserción. Ello existe, pero deben ser escalados significativamente.

Tercero, la fiscalización laboral necesita ser más firme. La inspección en sectores como la agricultura, la minería informal y el trabajo callejero debe ser constante, con sanciones efectivas para quienes se benefician de mano de obra infantil.

Cuarto, es urgente ofrecer alternativas para los adolescentes. Espacios de formación técnica temprana, talleres productivos y actividades recreativas pueden reemplazar las horas de trabajo riesgoso por oportunidades de desarrollo.

Finalmente, el cambio cultural es indispensable. La normalización del trabajo infantil —particularmente en las zonas rurales— debe ser cuestionada. Campañas sostenidas de sensibilización pueden ayudar a instalar la idea de que la infancia es para aprender, crecer y jugar, no para cargar con responsabilidades de adultos.

Una deuda colectiva

El trabajo infantil pernicioso en el Perú no es solo un problema de derechos humanos: es también un obstáculo para el desarrollo económico y social. Permitir que niños y adolescentes trabajen en condiciones que afectan su salud y educación equivale a hipotecar el futuro del país.

Erradicarlo no es tarea exclusiva del Estado. Se requiere un frente amplio que involucre a familias, comunidades, empresas y sociedad civil. Solo así será posible cortar el ciclo de la pobreza y garantizar que la frase de Montessori deje de sonar como un anhelo lejano.

Porque la infancia no debería ser un lujo reservado para algunos. La infancia, en el Perú, deber ser una promesa cumplida y un derecho respetado.