Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente...
Ya adelanté en esta misma página (15 de setiembre), la voz de alarma sobre la grave responsabilidad en que incurriría el Estado peruano de llegarse a concretar el contrato que el gobierno viene negociando con la empresa israelí Elbit Systems. Esa enorme empresa fabrica el 85% del armamento terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel y sus sistemas vienen siendo empleados en Gaza para arrasar barrios enteros.
Como lo mencioné en aquella nota, esa empresa ha sido declarada, por el Ejército peruano, ganadora del concurso Nº 005-2025, convocado por FAME S.A.C., la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército.
El contrato incluirá nada menos que la fabricación, cofabricación, ensamblaje y modernización de los sistemas de artillería, así como la adquisición de blancos y plataformas de comando y control.
En un contexto como el actual, un contrato como el que así y ahora se quiere perpetrar es un asunto de interés público y sobre lo cual no se puede hablar a media voz. Y es de interés público, al menos por dos motivos de fondo.
En primer lugar, porque el Perú no puede seguir permaneciendo silente, y mucho menos cómplice, frente a lo que el gobierno de Netanyahu viene perpetrando en Gaza: miles de niños, mujeres y hombres víctimas de bombardeos, desplazamientos forzados, hambre y destrucción sistemática de su hábitat.
No se trata de un conflicto “convencional”, sino de la aniquilación planificada —y en marcha— de un pueblo. El pueblo peruano, en sintonía con millones de voces en el mundo, no puede ni debe permanecer en silencio frente a lo que ocurre en Gaza.
En segundo lugar, porque Elbit Systems ha sido públicamente señalada por presuntas irregularidades en contratos internacionales, incluyendo acusaciones de posibles sobornos y sobreprecios en diversos países en los que ha operado, como Grecia, Turquía y Azerbaiyán.
Pregunta “inocente”: ¿se necesita más corrupción en el Perú?
Profundizar y ampliar las relaciones militares con una empresa —y un gobierno— señalados en el mundo por cometer graves crímenes contra la humanidad acercaría demasiado a nuestro país a la complicidad. No se limitaría al trasiego de armas. Si hay esos “negocios” en marcha, pasa a ser más grave y preocupante que el gobierno guarde silencio, se abstenga en votaciones críticas o evite acompañar sanciones cuando los principios más elementales de humanidad están siendo arrasados.
Asociarse con Elbit Systems no es un asunto administrativo menor. En los hechos, acercaría al Perú a la cadena de producción de las matanzas en Gaza.
Cada cohete o sistema que se fabrique o adapte en suelo peruano tendrá como espejo la devastación que hoy produce el gobierno de Netanyahu en la Franja: hospitales destruidos, miles de niños sepultados bajo los escombros, familias desplazadas por la lluvia de misiles.
Ningún beneficio económico —ni siquiera un supuesto 10% de rentabilidad— puede justificar que el Perú se manche las manos de esta manera.
El Perú fue pionero en América Latina en levantar las banderas de los derechos humanos y la justicia internacional. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de la cual nuestro país es parte, obliga no solo a no participar en genocidios, sino también a prevenirlos. La indiferencia viola esa obligación.
No se trata de un asunto lejano. La historia juzgará a los pueblos que callaron y a los gobiernos que miraron hacia otro lado. El Perú conoce bien lo que significan la violencia, la exclusión y el desprecio por la vida. Precisamente por esa memoria, tenemos la obligación moral y política de levantar la voz.
El Perú debe ponerse del lado correcto de la historia: con la vida, con la justicia, con la humanidad. Y, entre otras cosas, no asociarse con esa impresentable empresa.
Lo que está en juego no es un contrato ni un porcentaje de utilidades: es la dignidad del país. Y un Estado que se precia de democrático no puede hipotecar su nombre para volverse socio de la barbarie. La historia no tendrá contemplaciones con quienes opten por la cobardía o la conveniencia.

Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.