Abogado constitucionalista
A río revuelto, ganancia de congresistas, Diego Pomareda
Este Congreso no busca justicia, busca impunidad. Con más de 50 parlamentarios denunciados constitucionalmente, no sorprende que su prioridad sea someter al Ministerio Público y al Poder Judicial.
La reciente crisis en el Ministerio Público ha servido como el escenario perfecto para que el Congreso avance, sin disimulo, en su verdadero objetivo: controlar el sistema de justicia desde sus raíces.
Mientras el país se enfoca en la decisión contra la fiscal suspendida Delia Espinoza y un pedido de cancelación de inscripción partidaria, se cocina silenciosamente una reforma constitucional que podría dinamitar los últimos pilares de la democracia peruana.
A esta distracción se ha sumado el gobierno, que no ha tardado en intervenir donde no le corresponde. Su pronunciamiento a favor de Fuerza Popular en el proceso judicial que busca cancelar su inscripción rompe con el principio de neutralidad estatal y contamina el proceso judicial en curso. En una democracia plena, el gobierno respeta la separación de poderes; en una democracia erosionada, el Ejecutivo se convierte en abogado de los suyos.
Pero lo más peligroso ocurre en paralelo: el Congreso avanza en su intento por capturar el sistema judicial. Aprovechando este “río revuelto”, las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular y los otros miembros de la coalición autoritaria han presentado más de 25 proyectos de ley para reformar el sistema de justicia.
Quieren eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), restringir el control difuso y crear una “Escuela Nacional de Justicia” para manejarla políticamente. Lo que se esconde detrás de esta supuesta reforma es una estrategia para destruir la independencia judicial.
Este Congreso no busca justicia, busca impunidad. Con más de 50 parlamentarios denunciados constitucionalmente, no sorprende que su prioridad sea someter al Ministerio Público y al Poder Judicial. Si esta reforma avanza en las dos legislaturas que le quedan, el país podría tener en el 2026 un sistema judicial hecho a medida del pacto de gobierno.
Sí, la JNJ cometió un atropello institucional al suspender a la fiscal de la Nación, pero la fiscal suspendida tampoco actuó con prudencia al responder con la solicitud de la cancelación del partido aliado del gobierno justo cuando más se cuestiona su permanencia en el cargo.
Esa decisión incendia aún más la pradera y le da a los sectores autoritarios del Congreso la excusa perfecta para seguir avanzando en su cruzada por capturar la justicia. No es momento de respuestas viscerales; más bien toca refugiarse en la justicia constitucional del Poder Judicial, desde donde se viene frenando el abuso político.
