Retroceso empujado desde las calles, por Eliana Carlín

"A diferencia de las leyes que amparan la corrupción y las economías ilícitas, en esta ocasión la voz de la calle se ha hecho escuchar con fuerza, forzando un repliegue que revela la fragilidad del poder ante la indignación colectiva"

Nada ilustra con mayor crudeza la cercanía de las elecciones de 2026 que el discurso errático y contradictorio de los partidos políticos, esta vez evidenciado con mayor claridad en Fuerza Popular. En cuestión de días, hemos visto a congresistas que, con mano firme, votaron para bloquear nuevos retiros de los fondos que millones de peruanos han aportado a las AFP, alzar ahora la voz en un supuesto “hartazgo” de los “abusos” de esas mismas entidades. Desde el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte —en un desesperado intento por levantar una aprobación que se arrastra por los suelos— ha visto desfilar a sus ministros contradiciendo la oposición inicial a la medida. Pero, ¿qué explica este viraje desde un Estado que durante años ha ignorado sistemáticamente la voz popular sobre tantos temas? A diferencia de las leyes que amparan la corrupción y las economías ilícitas, en esta ocasión la voz de la calle se ha hecho escuchar con fuerza, forzando un repliegue que revela la fragilidad del poder ante la indignación colectiva.

El sábado 13 de septiembre, Lima fue escenario de una jornada entera de protesta que congregó a la juventud como protagonista. Estos jóvenes, ausentes desde las masacres orquestadas por el actual régimen —donde la represión estatal cobró 49 vidas inocentes—, habían optado por el silencio, probablemente por el costo prohibitivo de la disidencia en un contexto autoritario. ¿Quién arriesgaría su vida en las calles? Bien lo dijo la sinvergüenza Boluarte: “el peruano ya aprendió que no hay por qué marchar”. Sin embargo, la validación de los abusos y negligencias de las AFP —que esta vez amenazaron con ensañarse con trabajadores independientes y menores de 40 años— desató una ebullición social que, hasta hace apenas una semana, parecía algo remoto.

Este retroceso en las medidas aprobadas por el Congreso —y no observadas por un Ejecutivo cómplice— no surge de la noche a la mañana. Su génesis radica en la cercanía del proceso electoral. Por primera vez, los partidos tradicionales y los congresistas ávidos de reelección sienten el viento del accountability: la obligación de escuchar, de ceder ante la presión popular. La era de la matonería impune y de la defensa descarada de intereses privados se va terminando a medida que nos acercamos al horizonte de abril de 2026. Si la juventud movilizada, junto con una ciudadanía organizada, asume la importancia de la movilización hoy, será posible conquistar algunos avances concretos en medio del océano de arbitrariedades.

Finalmente, se difundió una fotografía de Alfredo Torres, de Ipsos, ante una audiencia de empresarios, mostrando una gráfica en la que Martín Vizcarra lidera las preferencias con un 16%, seguido por Pedro Castillo con un 13%. Ambos, vedados y luego inhabilitados, comparten un denominador común: su enfrentamiento frontal con el Congreso. Estas cifras no son mero ruido estadístico; son un veredicto demoledor contra instituciones en ruina y anuncian —como en 2021— un escenario de repudio al establishment en 2026.