
La violencia política ha escalado. No solo la observamos. También se ha trasladado a nuestros entornos más cercanos. Los discursos de odio se amplifican, se validan y se normalizan en espacios académicos, entre líderes y grupos políticos, entre militantes y simpatizantes, entre medios de comunicación.
Aún más grave es la apropiación de estas narrativas por parte de una ciudadanía frustrada, cansada, enojada y sin confianza en sus instituciones. Las emociones, la decepción social y las armas son una combinación perversa. Y en ese sentido, la violencia política no solo avanza. También penetra. Conecta.
Lo que ha pasado en Estados Unidos con el asesinato del activista de derecha, Charly Kirk, es un espejo de lo que se está viviendo en el mundo y también en la región. Un ejemplo reciente fue en junio del presente año, con el atentado contra el candidato Miguel Uribe Turbay, en Colombia. Pero antes, en el 2023, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, también fue asesinado a tiros mientras salía de un mitin.
Todos estos eventos no son aislados y comparten elementos en común: la falta de control sobre el uso de las armas, la criminalidad e inseguridad ciudadana, la polarización y las narrativas de odio. Sobre esto último, los hechos de violencia política en el espacio físico se alimentan previamente de la violencia en el discurso político.
Lo que hoy nos decimos, y lo que —como sociedad— permitimos que se diga, es la antesala a los hechos que lamentamos luego. Si aceptamos la violencia en el discurso, la alentamos en la práctica. Se instrumentalizan, estratégicamente, los formatos tradicionales del debate, del mitin o del diálogo para proliferar discursos de odio y posicionar narrativas extremas del “nosotros contra ellos”. En el Perú es necesario contar con mecanismos de control efectivos para alertar, reportar y denunciar casos de violencia política en sus diversas formas.
Vigilemos los mensajes. Hoy, la alerta más cercana son las expresiones incitando a la violencia del alcalde de Lima y líder del partido político Renovación Popular, Rafael López Aliaga, contra el periodista Gustavo Gorriti. Este hecho debe activar todas las alarmas. El próximo proceso electoral en el Perú se desarrollará en un escenario hostil y de absoluta desconfianza ciudadana.
Cuando una narrativa deshumaniza al “otro” y lo despoja de sus derechos, ya no es libertad de expresión: es violencia. Y esta se denuncia abierta y públicamente.

Las críticas hacia el electorado cusqueño, que ridiculizan y deshumanizan, evidencian la normalización del odio y la discriminación, en lugar de fomentar un debate político saludable y respetuoso.

¿Las consecuencias? Autoridades que van a llegar al poder sin preparación y sin conocer sus realidades locales, y una población con altas expectativas que muy pronto terminará —otra vez— decepcionada.

El arte en Perú se ha convertido en una herramienta de incomodidad y reflexión en medio de la convulsión social y política del país, desafiando narrativas impuestas.

La falta de protección legal para las mujeres sigue siendo crítico, con un sistema que justifica y normaliza la violencia. Datos muestran que una gran mayoría de hombres acepta la violencia hacia ellas.

En un contexto de desconfianza institucional, el nuevo gobierno deberá implementar un enfoque descentralizado y colaborar con la sociedad civil para abordar problemas estructurales.