Abogado constitucionalista
A iguales hechos, distintos derechos, por Diego Pomareda
Sin igualdad ante la ley, no puede haber inversión, ni desarrollo, ni confianza en las instituciones.
Uno de los principios centrales del Estado Constitucional es que a una misma razón debe corresponder un mismo Derecho. Esto no solo garantiza la igualdad ante la ley, sino también seguridad jurídica; es decir, la certeza de que las normas serán aplicadas de forma coherente, sin importar quién esté en el poder o a quién se juzgue.
En abstracto, existe un consenso entre juristas: que la interpretación de la Constitución debe ser unitaria, lo que hace insuficiente una lectura aislada; que la institución presidencial, para que un país como el Perú sea gobernable, requiere una protección especial; que los tratados internacionales son de obligatorio cumplimiento; y que las sanciones a altas autoridades deben responder a criterios objetivos.
Si hay un acuerdo sobre estos elementos como principios, ese mismo razonamiento debería aplicarse a los casos concretos. Pero en nuestro país, el Derecho se ha relativizado a tal nivel que el criterio que prima es la aplicación de la norma más favorable, pero no a cualquiera, sino a la persona amiga o cercana en términos de poder o afinidad ideológica.
Así, se justifica que en un momento los miembros de la JNJ deban cumplir sus cinco años de gestión, y en otro que deba primar el límite de edad; que resulte más grave no presentar un informe de gestión que tener una denuncia por violencia familiar; que al presidente, en un mismo quinquenio, se le pueda voltear de cabeza y allanar Palacio, pero luego solo se le pueda tomar declaraciones; o que se defienda a capa y espada los tratados limítrofes, pero se ignore el cumplimiento de los tratados vinculados a derechos.
Ya no se trata, entonces, de que “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”, sino de “dime quién está al frente para decidir qué interpretación aplicar”, o, en su defecto, qué revestimiento legal darle a una posición política previa. Eso también explica los malabares jurisdiccionales y administrativos para inhabilitar adversarios o imponerles condiciones carcelarias distintas.
Lo expuesto no solo es un problema de coherencia o de principios democráticos: afecta al Perú en todos los niveles. Sin igualdad ante la ley, no puede haber inversión, ni desarrollo, ni confianza en las instituciones. Es momento de volver a lo esencial: a iguales hechos, debe corresponder el mismo Derecho. Y que la predictibilidad en el Derecho deje de ser política, para volver a ser jurídica.
