Juntos, pero no revueltos: las desigualdades que nos dividen, por Javier Herrera

El sentimiento de compartir el mismo destino y de pertenecer a una misma nación es pilar de la cohesión social. Gracias a ella se superan obstáculos y se logran consensos en política social y económica. La política tributaria determina quiénes y cuánto pagan impuestos a la renta y al patrimonio, lo que constituye una parte clave de los ingresos estatales. Sin ellos, la inversión en infraestructura y el gasto social en salud, educación y alimentación se ven limitados.

Mucho se ha escrito sobre la importancia de las desigualdades sociales y económicas y su supuesta relación con la cohesión social y, en casos extremos, las revueltas sociales o la criminalidad. Desde el punto de vista económico, la atención se ha focalizado en las desigualdades de ingresos. Formularlo de esta manera es problemático. Como señala Rochabrun (“La retórica de la igualdad” Ideele revista nª229, 2019), ello implica referirse, sin definirla claramente, a una imposible igualdad perfecta. Pero, importan los procesos, la toma de consciencia de privación a la cual se tiene derecho y con quienes uno se compara. El sentimiento de no ser iguales en derechos es un potente factor de insatisfacción y combustible (aunque no detonante) de revueltas sociales. En 2024, según la enaho, ocho de cada diez (84.4%) considera que no hay respeto por la igualdad ante la ley, porcentaje que se mantiene constante desde hace 18 años.

Reducir todo a desigualdad de ingresos es llegar después de la batalla, cuando el mercado ya dio su veredicto. Mientras la igualdad trata a todos por igual, la equidad implica un trato diferenciado que busca igualar condiciones y oportunidades más que resultados. La redistribución del ingreso tiene dos instrumentos: la política tributaria, que además de recaudar puede reducir desigualdades imponiendo mayores tasas a quienes más tienen; y las políticas redistributivas, cuyo alcance depende de lo recaudado y de la eficiencia del gasto focalizado en ampliar oportunidades.

Según datos de 2023 armonizados por la OCDE, el Perú tiene una de las tasas de presión fiscal más bajas de la región. Los ingresos tributarios representan apenas el 17% del PBI, por debajo de países con niveles de desarrollo comparable o inferior (Colombia 22.2%, Bolivia 23.9% o Ecuador con 20.6%). Según el MEF, los ingresos tributarios, como porcentaje del PBI, han caído de 17.2% en 2022 a 14.7% en 2024, reduciendo aún más el espacio para incrementar el gasto.

La desconfianza en el gobierno, el sentimiento de no respeto dela igualdad ante la ley aunada a la muy deficiente calidad de los servicios públicos de educación, salud, seguridad ciudadana, conectividad, etc. conducen a incentivos muy bajos a la formalización y por ende a una menor recaudación de impuestos. La disposición a formalizarse se reduce si al mismo tiempo se descarta poner un impuesto a las sobreganancias extraordinarias de las grandes empresas mineras caídas del cielo gracias al alza de los precios de los metales sin que hayan invertido un sol para lograrlas y se exonera o reducen inútil e innecesariamente los impuestos a los casinos o a las empresas agroexportadoras (ley Chlimper 2.0). Si debo yo mismo destinar mis ingresos para poder acceder a la salud, la educación, la seguridad ya que no los recibo del Estado, difícil de poder conciliar ello con formalizarse y pagar mayores impuestos (tan importantes como los impuestos a la renta es el impuesto ciego al consumo a través del IGV).

Según datos del Latinobarómetro, en 2023 un poco más de 8 de cada diez (84.7%) personas considera que la desigualdad en el país es injusta o muy injusta (en 2020 eran 81.7%). Este resultado llama la atención tanto por el hecho que los niveles de desigualdad muestran una ligera disminución entre 2020 y 2023, como por el hecho que el sentimiento de injusticia distributiva es más alto comparado con otros países de la región con niveles más elevados de desigualdad. Ello no se explica por una supuesta inclinación política hacia la izquierda del espectro político. Según datos de Latinobarómetro de 2023, tan solo uno de cada cuatro personas (25.8%) manifiesta inclinarse hacia la izquierda política (el 27.9% y el 37.3% se ubican a la derecha y al centro).

Este mayor sentimiento de injusticia frente a la desigualdad de la distribución ¿implica una preferencia por la intervención del Estado para que este asegure un nivel de bienestar suficiente a la población? La encuesta World Values Survey de 2018 nos revela que no existe un consenso marcado pues muestra una opinión dividida. Un poco más de la mitad (53%) piensa que el gobierno debe cumplir una función redistributiva mientras que el 45% piensa lo contrario.

La medición de la desigualdad de ingresos se enfrenta a varios problemas, empezando por el hecho que las encuestas a hogares, por si solas, no dan cuenta de su real dimensión. La probabilidad que hogares extremadamente ricos, pertenecientes al 1% o al 10% más rico del país sea seleccionado en la muestra es muy poco probable y aun si es el caso, una proporción importante no responde a la encuesta. Nuevas metodologías, desarrolladas en el World Inequality Database (WID) por Piketty y su grupo, que combinan datos de encuestas con registros administrativos y agregados de cuentas nacionales nos dan una imagen más precisa de la dimensión y evolución de la desigualdad de ingresos y de la riqueza. Así, según las estimaciones del WID, el 1% de la población concentra el 36% de la riqueza en 2023, 2.2 puntos más que en 2019. Si consideramos el 10% más rico, encuentran que concentran el 69.1% de la riqueza mientras que la mitad menos rica posee apenas el 2.5% de la riqueza. Ello significa una desigualdad y polarización muy elevada de la riqueza. Hay que notar que el concepto de polarización, aunque relacionado al de desigualdad, no son significan lo mismo.

El concepto de desigualdad medido a través del coeficiente de Gini (igual a 1 cuando la desigualdad es total y 0 cuando no existe) mide la desigualdad en general mientras que el de polarización alude a cuán divida esta una sociedad entre ricos y pobres, con una clase media muy reducida. Dos países pueden tener el mismo nivel de desigualdad global, pero con distintos niveles de polarización. Nuestras estimaciones del índice de polarización de Foster-Wolfson muestran tendencias similares, aunque a partir del 2012 se nota una relativa inercia en la polarización. El desacoplamiento regional ya observado en la evolución de la pobreza se manifiesta también en el caso de la polarización de los ingresos. La polarización en la capital y el resto urbano cae durante el periodo de fuerte crecimiento en donde las clases medias ganan terreno para luego estancarse hasta 2019. La pandemia ha “liquidado” buena parte de la clase media en la capital y en menor medida en el resto urbano. En el área rural la polarización se reduce tardíamente, pero mantiene una tendencia descendiente apenas alterada por la crisis del COVID-19.

En conclusión, fortalecer la cohesión social exige una política tributaria justa y eficaz que asegure recursos suficientes. Solo así podrá garantizarse una redistribución que reduzca desigualdades y sostenga un desarrollo inclusivo. De lo contrario, la persistencia de inequidades seguirá debilitando la confianza ciudadana en el Estado