Otra oportunidad perdida, por José Ignacio Cabrejos Portocarrero

José Ignacio Cabrejos Portocarrero
*Profesor de Humanidades de la Universidad del Pacífico

Como todos los años, el 28 de julio, los peruanos escuchamos el Mensaje a la Nación que la presidenta de la República está constitucionalmente obligada a brindar ante el pleno del Congreso. La mandataria llegó con un archivador que contenía un discurso de 97 páginas que leyó —con un tono destemplado y sin capturar la atención del público— durante más de 4 horas. A lo largo de ese tiempo, la presidenta Boluarte enumeró los supuestos logros de su gestión e incluso se atribuyó algunos que no le pertenecen al gobierno. Sin embargo, lo más grave fueron las omisiones. A continuación, mencionaré brevemente cuatro áreas que, dada la situación del país, merecían una atención mucho más profunda y detallada: economía; protección social (salud y educación); seguridad ciudadana; y lucha contra la minería ilegal.

En primer lugar, en el ámbito económico, la presidenta hizo énfasis en la importancia de la estabilidad de la moneda y del aumento de las reservas internacionales. No obstante, estos son logros del Banco Central de Reserva (BCR) y no del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de su gobierno. En ese sentido, intentó —sin éxito— maquillar los problemas que ha generado su gestión (como el aumento del déficit fiscal) apalancándose en éxitos ajenos. Además, es importante subrayar que, en un discurso que contenía más de 250 veces la palabra “millones”, no hubo una sola mención a la desigualdad: uno de los temas que más preocupa a los peruanos y que tiene la posibilidad de socavar nuestra democracia.

En segundo lugar, en cuanto a temas como la educación y la salud, la presidenta hizo referencia a grandes montos destinados a obras y programas públicos en esos rubros, pero sin contextualizar dicha inversión de acuerdo con una meta establecida. Esta omisión es importante, pues los montos absolutos, aunque puedan sonar bien, necesitan poder compararse con objetivos claramente medibles. Solo así se puede realizar una verdadera evaluación de la eficacia y pertinencia de estas políticas públicas. Igualmente, quedaron fuera del discurso temas que siguen preocupando a los expertos, como la crisis de aprendizaje (comprensión lectora y capacidad matemática) o la precariedad del primer nivel de atención en salud (que, día tras día, hace colapsar nuestros hospitales).

En tercer lugar, el discurso no trazó una estrategia para combatir el problema de la inseguridad ciudadana. La presidenta Boluarte subrayó el número de efectivos policiales que se han incorporado al servicio o la inversión en equipos nuevos. A pesar de que esto puede ser importante, no mencionó cómo ello podría ayudar a luchar contra la criminalidad organizada. Hubiese sido ideal saber cómo se planea reducir los índices de victimización, las extorsiones o el alarmante incremento de los homicidios que reporta el SINADEF. El silencio del gobierno frente a estos flagelos transmite una preocupante falta de liderazgo y compromiso real con la protección de la ciudadanía.

Finalmente, el mensaje tampoco abordó el problema de la minería informal e ilegal de manera congruente. A pesar de que se anunció la existencia de una “Estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal al 2030”, no se esbozaron metas claras para la misma, lo cual dificulta su evaluación y el escrutinio público. Menos aún se mencionaron posibles alternativas de solución al problema de la minería ilegal por parte del Estado; solo hubo referencias vagas e imprecisas respecto a la nueva ley MAPE, sin establecer una agenda clara de trabajo sobre la misma.

Las comunicaciones de los líderes con la ciudadanía son una ocasión para acercarse a la población y generar confianza. Este mensaje, en cambio, fue una nueva oportunidad perdida para trazar un rumbo claro para el país y generar confianza entre los peruanos. La presidenta optó, a lo largo de 4 horas, por el recuento burocrático y la evasión de los temas de fondo, que son aquellos que realmente interesan a la ciudadanía. Un mensaje claro y directo, con un tono más conciliador y con metas alcanzables y medibles, hubiese servido para comenzar a reparar la confianza ciudadana en las instituciones.

Quisiera concluir subrayando que la falta de confianza en el Estado no es un tema menor. Diversos estudios apuntan a que la confianza en las instituciones es un pilar esencial para la cohesión social. Cuando esta se rompe, se erosiona la legitimidad del Estado y se dificulta el compromiso ciudadano, lo que menoscaba el progreso social. Este año, el Perú “debutó” en el Barómetro de Confianza de Edelman con el nivel de confianza más bajo entre todos los países medidos a nivel global. Este hallazgo, tan simbólico como preocupante, debe servir como una alerta urgente para nuestras autoridades. Cuando la confianza se erosiona, el resultado es una ciudadanía descontenta —aunque por ahora apática—, y que, en las próximas elecciones, podría mostrar su descontento optando por alternativas autoritarias que debiliten más nuestra ya precaria democracia.