Este 27 de julio inicia una nueva legislatura en el Congreso de la República, y con ella, una renovada ofensiva de la coalición autoritaria que cogobierna con Dina Boluarte. Más que una agenda legislativa, lo que se perfila es una maquinaria parlamentaria dedicada a garantizar impunidad, más blindajes y peores retrocesos institucionales en nombre de la “gobernabilidad y el fortalecimiento de la justicia”. Nada más falso.

Es, entonces, lamentable para la historia del Perú el partido que alguna vez confrontó sin titubeos al fujimorismo bajo el liderazgo de Alberto Andrade -Somos Perú- hoy se pliegue a él.

En la actualidad, Somos Perú ha sido un engranaje de la coalición autoritaria parlamentaria que incluye a Fuerza Popular (FP), APP, Perú Libre, Avanza País y Bloque Magisterial, sumando unos 88 votos, entre ellos los 7 de Somos Perú.

Ha impulsado una serie de contrarreformas orientadas a debilitar la lucha contra la corrupción y garantizar impunidad. Ha votado a favor de leyes que recortan los plazos de interceptaciones telefónicas, limitan la colaboración eficaz, y benefician a organizaciones criminales mediante la modificación de la extinción de dominio.

Como ha advertido la fiscal superior Fany Quispe a La República, estas reformas minan las capacidades del Ministerio Público para desarticular organizaciones criminales.

Somos Perú también ha respaldado amnistías para violadores de derechos humanos y la delegación de funciones fiscales a la Policía. En ese contexto, resulta perfectamente coherente que se plantee ahora que Somos Perú, convertido en un brazo operativo del fujimorismo, asuma la presidencia del Congreso en la próxima legislatura.

En ese sentido, la repartija en ciernes no es solo de cargos, sino de coartadas legales.

Los peruanos deben están advertidos que lo que está en marcha es un proyecto deliberado para capturar el Estado, neutralizar a la fiscalía y garantizar que ningún poder investigue los delitos cometidos desde el poder.

Si bien esta legislatura será recordada por ser un episodio más obsceno de la repartija de impunidad que mancha la historia de la república, el desafío, ahora, es que la ciudadanía no permanezca indiferente.

Porque cuando se naturaliza el blindaje, se entierra la justicia. Y con ella, la democracia.

Editorial

La nueva repartija del Congreso en marcha

Coalición autoritaria parlamentaria propone a Somos Perú para presidir la próxima legislatura.

La República

Cada 9 de diciembre convergen dos conmemoraciones que dialogan profundamente sobre el destino republicano del Perú. Por un lado, la Batalla de Ayacucho (1824), culmen militar del proceso de independencia hispanoamericano. Por otro, el Día Mundial contra la Corrupción, que es recordatorio incómodo de la sujeción interna que aún impide la realización plena del proyecto republicano.

Una fecha encarna la gesta emancipadora. La otra, el persistente fracaso en consolidar un Estado con los fundamentos necesarios para el desarrollo de sus pueblos.

La paradoja es evidente. Hace 201 años, el Perú logró expulsar un poder imperial que parecía inquebrantable, pero no ha conseguido desmontar la maquinaria de corrupción que, desde los albores de la república, ha socavado su crecimiento. El historiador Alfonso W. Quiroz, en su obra monumental Historia de la corrupción en el Perú, advertía que esta opera como “un tributo clandestino y destructivo que drena recursos, debilita instituciones y erosiona la vida pública”. Prácticas enquistadas, reproducidas y normalizadas durante generaciones.

Frente a esta persistente atadura, la memoria de Ayacucho irradia una lección que suele pasarse por alto. La historiadora Carmen Mc Evoy ha demostrado que la victoria de 1824 no fue únicamente el resultado del genio estratégico de Bolívar o Sucre, sino, sobre todo, de una concertación popular inédita, capaz de articular a indígenas, criollos, campesinos, milicianos y élites locales en torno a un horizonte común. La independencia continental fue viable gracias a ese entramado de solidaridades, forjado en medio de carencias extremas, tensiones internas y un enemigo todavía poderoso.

Esa comparación resulta dolorosa porque evidencia la incapacidad contemporánea de reproducir un pacto mínimo para enfrentar la corrupción. Allí donde en 1824 existió un impulso integrador, hoy predominan la atomización social y la captura de instituciones a manos del pacto parlamentario autoritario.

Conmemorar Ayacucho, entonces, es un llamado a recordar que la emancipación auténtica, que parte desde lo ético para luego desenvolverse con seguridad en lo político,&nbsp; exige la disposición colectiva a sostener un proyecto común. Y evocar el Día Mundial contra la Corrupción debería obligarnos a reconocer que el país no logrará completar su independencia mientras tolere redes ilícitas como engranaje habitual de su vida pública.

La gesta de 1824 nos recuerda que el Perú, cuando es capaz de unirse, trasciende sus fracturas y redefine su destino. En ese sentido, la tarea pendiente es romper, al fin, con la forma más persistente de dominación que arrastramos. La independencia inconclusa del Perú no se juega ya en los campos de batalla, sino en la construcción de un Estado garantista del imperio de la ley sobre las bravatas personalistas o mercantilistas, y por ende digno de la ciudadanía que lo sostiene.

Ayacucho y la independencia que aún nos falta

El régimen que hoy gobierna desde el Congreso ha intentado construir una narrativa de orden y determinación tras el cambio de ficha en el Ejecutivo, hoy con José Jerí como actor sometido. Desde su asunción, requisas televisadas, declaraciones altisonantes y apelaciones a una supuesta “recuperación de la autoridad” componen el guion con el que buscan persuadir a la ciudadanía de que el Estado ha retomado la iniciativa frente al crimen.

Sin embargo, el país observa una realidad diametralmente opuesta, donde la violencia se ha intensificado hasta alcanzar el promedio diario de homicidios más alto de los últimos siete gobiernos.

Esa distancia entre discurso y realidad se revela con mayor crudeza en la vida cotidiana de los peruanos. El Perú popular, ese que sostiene la economía desde sus mercados, bodegas, talleres y líneas de transporte, vive en un estado de zozobra que el Gobierno prefiere recubrir con escenografías antes que enfrentar con acciones que retomen la institucionalidad fundamental para garantizar el cumplimiento justo de la ley, y no arbitrario como quieren hacer.

Los estados de emergencia se han convertido en rituales sin ningún tipo de eficacia.

Frente a esta evidencia, el Gobierno insiste en descalificar críticas como “clichés”, repitiendo el reflejo defensivo de un poder que se protege detrás de eufemismos.

Lo que se constata, en cambio, es un Estado diluido. En otras palabras, un aparato que no controla el territorio, que no dispone de inteligencia policial efectiva y que no ha logrado articular una política pública capaz de revertir la penetración creciente del crimen organizado en la vida del país.

La verdadera cara del Gobierno de Jerí, y del pacto parlamentario que lo sostiene, es la de un régimen que administra la criminalidad y no la combate.

Hasta que esa tarea no sea asumida con la derogatoria de la leyes procrimen y el inicio de una reforma policial profunda, los peruanos seguirán atrapados en la paradoja perversa que quieren instalar como status quo: un régimen que invoca autoridad mientras el Estado se repliega, y una ciudadanía que carga, sola, con los costos de una inseguridad que este Gobierno no ha contenido, sino profundizado.

La verdadera cara del gobierno de Jerí

El nuevo lema difundido desde Palacio de Gobierno “Dios, patria, ley” marca un viraje consciente del régimen hacia un lenguaje que históricamente ha sido empleado por regímenes autoritarios para justificar la concentración del poder bajo la apariencia de orden moral.

Si “Dios, Patria, Familia” fue el emblema clásico de los nacionalismos conservadores del siglo XX, la sustitución de “familia” por “ley” revela un desplazamiento más inquietante, el tratar a la ley ya no como garantía de derechos, sino como herramienta de control político.

Este giro coincide con un momento crítico para la institucionalidad peruana. El Tribunal Constitucional declaró infundada, por falta de votos, la demanda que solicitaba al máximo ente del orden jurídico del país resolver la controversia generada por la promulgación de la ley que busca imponer prescripción al año 2002 a crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, es fundamental aseverar que este resultado no equivale a declarar la norma constitucional. De hecho, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH sigue siendo vinculante y prohíbe toda forma de amnistía o prescripción para crímenes atroces. No es casual que sea el pacto parlamentario autoritario y el Ejecutivo sometido quien lo proclamen como una victoria política.

En ese sentido, que el discurso del régimen haga énfasis en la “ley” a nivel de la divinidad y el espíritu de patriotismo pretende apelar acaso al abuso de la legalidad para seguir consolidando su impunidad.

Esta narrativa, acompañada de imágenes castrenses y una retórica de obediencia, pretende instalar la idea de que la ley es lo que el poder dice que es. Ese es siempre el primer paso para vaciar al Estado de Derecho de su contenido más profundo: el democrático.

Mientras, el Congreso avanza sin contrapesos, por ejemplo,&nbsp; capturando organismos constitucionales, hostigando a jueces que aplican control de convencionalidad ante normas antijurídicas aprobadas por el pacto parlamentario y blindajes selectivos para figuras investigadas. La ley se vuelve, así, un arma con destinatario, que pretenderá ser severa para quienes desafían al régimen, maleable para quienes lo sostienen.

La defensa del Estado de derecho exige desmontar esta ilusión. Quienes gobiernan no necesitan aplicar consignas marciales, sino instituciones capaces de resistir la tentación autoritaria. En por ende que “Dios, Patria, Ley” debe ser leído por lo que es, un mensaje de ambición de control en un país donde la justicia pende de un hilo.

El discurso abusivo del régimen

Las políticas públicas, en tanto tienen rango de ley, no son sugerencias ni aspiraciones voluntaristas. Se tratan de obligaciones estrictas para el Estado. Su cumplimiento es la base mínima de cualquier pacto social que desee vivir en armonía o, en otras palabras, con paz social.

Durante casi dos décadas, el Perú intentó construir esa convicción. Hubo un esfuerzo colectivo, desde sectores reformistas del Ejecutivo, el Congreso, la academia y la sociedad civil, por profesionalizar la gestión pública, defender la meritocracia, fortalecer las decisiones basadas en evidencia y honrar compromisos internacionales que impulsaran el desarrollo.

Sin embargo, los últimos años han significado una involución preocupante. Quienes ocupan el Ejecutivo y el Parlamento han erosionado sistemáticamente las bases de confianza que se buscó edificar. La captura de espacios institucionales, el desmontaje de sistemas meritocráticos y la toma de decisiones guiadas por prejuicios, cálculos políticos o intereses subalternos han convertido al Estado en un actor errático, incapaz de sostener sus propias políticas.

La ciudadanía lo percibe y responde con algo que hoy es palpable en cada encuesta y conversación pública: desconfianza profunda.

Dos hechos vividos en los últimos días revelan ese decaimiento. El primero es la reducción abrupta de becas para los estudiantes más destacados del país. Han sido recortados sin más.

El segundo punto, de más larga duración y más complejo, es la seguridad ciudadana. Ninguna política pública ha colapsado con tanta claridad. El régimen que tuvo a Dina Boluarte como rostro visible y que hoy tiene a José Jerí en la presidencia repite la misma fórmula fallida que es prolongar estados de emergencia como si fueran un plan. No lo son. Son, en el mejor de los casos, un recurso extraordinario para situaciones extraordinarias. Convertirlos en rutina solo demuestra ausencia de estrategia.

En ese contexto, el ultimátum de los transportistas, que le da siete días al gobierno para presentar un plan maestro contra la inseguridad o ir a un paro de 48 horas, refleja el agotamiento de un sector que vive en carne propia el abandono estatal.

Si la política no recupera la capacidad de cumplir lo que promete, la desconfianza seguirá creciendo hasta convertir al Estado en una estructura totalmente ingobernable. Y, además,&nbsp; se convierte en caldo de cultivo de conflictos sociales de mayor complejidad que los que hemos sufrido en nuestra historia hasta la actualidad.

La desconfianza ciudadana hacia el Estado

La coyuntura política peruana está marcada por un proceso sostenido de cooptación institucional. El pacto parlamentario autoritario que hoy gobierna de facto ha ido capturando, paulatinamente, los organismos encargados de garantizar la separación de poderes, así como la vigencia del Estado de derecho.

El ejemplo más reciente es la ofensiva contra el Ministerio Público. Dicho conjunto de acciones es impulsado desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y respaldado por una mayoría en la Junta Nacional de Justicia y por algunos miembros del Tribunal Constitucional que, en conjunto, operan como un bloque dispuesto a emitir sentencias funcionales a los intereses del régimen, y no a un criterio jurídico serio.

En ese contexto se inscribe el caso de la Defensoría del Pueblo. Desde su nombramiento, el defensor Josué Gutiérrez ha optado por respaldar a un régimen que se ha caracterizado por medidas abiertamente antidemocráticas, dejando de lado su mandato de proteger a los ciudadanos más vulnerables, como lo exige constitucionalmente su rol.

El que debería ser defensor de los DDHH en el Perú, ante las demandas de los deudos de las víctimas de la represión ocurrida desde que Dina Boluarte asumió el poder, así como frente a la ley que persigue y restringe el trabajo de las ONG, guarda silencio.

Para diversos exdefensores peruanos, la institución que fue creada para defender derechos de los más desperdigados ha sido convertida en un escudo político.

Pero el mundo observa. La Alianza Global de Instituciones de DDHH, que agrupa a las defensorías del pueblo del planeta, ha iniciado una revisión especial de la Defensoría peruana para evaluar si sigue cumpliendo con su mandato constitucional y con los Principios de París. Este acto es trascendente porque revela una variable que el poder difuso instalado en el Parlamento no puede ni podrá controlar: la vigilancia permanente de la comunidad internacional frente a los abusos y violaciones de DDHH que se han cometido, se cometen y se pretenden cometer en el país.

Tarde o temprano, quienes hoy capturan instituciones deberán rendir cuentas, no solo ante el mundo, sino ante la justicia de la historia. Y existe otra variable que tampoco pueden controlar: la dignidad ciudadana. La sociedad peruana tiene la responsabilidad de seguir de cerca, con mirada crítica, el proceso electoral y la actuación del régimen en instituciones copadas que intentarán influir en los comicios.

Podrán controlar organismos, pero no el voto de un país que, cuando se hace consciente de su poder, es capaz de cambiar el rumbo, como ya lo ha demostrado tras la dictadura fujimorista a inicios del siglo.

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