El Pacto Corrupto y la toma del Estado, por Diego García-Sayán

En el Perú, la política ha dejado de ser una actividad pública para convertirse en un reality de mafia institucional que ha capturado el Estado. Ya no hay debates, hay operaciones. Ya no hay partidos, hay bandas criminales. Y como si eso fuera poco, el Congreso se ha convertido en un bufete de operadores y abogados para corruptos y organizaciones criminales, el Tribunal Constitucional en su notaría, y el Ministerio Público… bueno, ahí se libra la última batalla por lo que queda de decencia.

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En reciente entrevista en La República lo deja clarísimo Gino Costa: el retorno de Patricia Benavides no fue un error administrativo ni un malentendido legal; fue una jugada política fríamente calculada para recapturar el Ministerio Público y garantizar que el Pacto Corrupto —esa alianza multipartidaria de impunidad liderada por Keiko Fujimori, con cómplices de Acuña, Cerrón y José Luna— termine de tomarse el Estado como quien se reparte un botín.

Operación del Pacto fracasó

La operación “Reinstala a tu fiscal favorita” fracasó. Por ahora. Pero el golpe era claro y frontal: Patricia Benavides, con más investigaciones encima que hojas en un expediente penal, fue “reinstalada” por una Junta Nacional de Justicia que se saltó sus propios procedimientos y principios. Como quien pasa un semáforo en rojo con la placa del vehículo tapada. ¿Actas? No hay. ¿Firmas que exige la ley? Tampoco. ¿Legalidad? Una anécdota.

Benavides no perdió el tiempo: “volvió” a su despacho, como quien recupera un trono usurpado. Fue recibida con cantos de “¡Keiko presidenta!” —una sutileza ideológica que confirma lo que saben hasta las piedras: el Ministerio Público es la última pieza que le falta al Pacto Corrupto para garantizar su inmunidad total. Como dijo Costa en su entrevista, con precisión quirúrgica: “Ella no vuelve para trabajar, vuelve para copar el Ministerio Público y blindar a su red de aliados en el Congreso”.

Porque aquí nadie es “inocente”: el plan incluye la restauración de jueces supremos cuestionados como Tomás Gálvez, Rodríguez Monteza y Arce Córdoba, todos viejos conocidos de los “Cuellos Blancos”, célebre argolla de jueces corruptos. Plan que consiste en un “regreso” no al orden, sino al desorden organizado, en el que la justicia se administra con calculadora y cronograma electoral.

El Congreso, mientras tanto, hace su parte en el Pacto, como lo viene haciendo ya por más de año y medio. Con entusiasmo perruno. Ya tiene al “defensor del pueblo” como peón, al TC como cómplice y a la JNJ como marioneta a medio tiempo. Solo faltaba recuperar el Ministerio Público; con Benavides en la silla, la organización criminal estaría completa.

Asalto institucional

La ironía es de esas que solo el Perú puede producir: el retorno de Benavides se intentó mientras aún pesa sobre ella una suspensión judicial de 24 meses y una destitución firme por parte de la JNJ. En otras palabras: una fiscal sin funciones intentó usurpar un cargo que ya no le corresponde, con apoyo político abierto y custodia mediática. En cualquier otro país, esto se llamaría golpe institucional.
Costa, en su entrevista, advierte algo obvio pero medular: este no es un lío de competencias, sino un asalto institucional. No hay Estado de derecho posible cuando la mafia y el crimen organizado están manejando el Estado. Y la propuesta de Costa, que comparto, no es una nostalgia liberal, sino una alarma ciudadana: si la sociedad civil no reacciona, si no se defiende a los fiscales honestos, no quedará ninguna trinchera desde donde enfrentar a este ejército de corruptos disfrazados de legisladores.

En beneficio del crimen organizado

Y “la pepa”: como lo precisa bien el informe de Human Rights Watch presentado este lunes: múltiples medidas tomadas por el Congreso del Pacto debilitan el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales. Y un Poder Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar.
Se han limitado drásticamente los mecanismos de cooperación eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos. También se ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal. ¿Se les puede ocurrir algo peor?

Ante este horror, que tiene impacto internacional, el mundo, sin duda, reaccionará. No va a permanecer inerte ante esta poderosa muleta para el crimen organizado en que se ha convertido el Pacto Corrupto, poniendo al Perú como una pieza más de las organizaciones criminales.

Objetivo del Pacto: capturar todo el Estado

Nos están acostumbrando a lo grotesco, y ese es el crimen mayor. Y aquí entra el humor negro. Por ejemplo, si el Congreso del Pacto decidiera nombrar a Benavides como “Fiscal de la Nación Emérita”, ¿alguien se sorprendería? Si el TC dice que el sol sale por el oeste y que los jueces cuestionados son víctimas del “lawfare” de los “caviares”, ¿nos escandalizaríamos? Ya no.

Porque el objetivo es simple y letal: capturar el Estado para garantizar impunidad. Que no se investigue Lava Jato, que no se investigue a Fuerza Popular, que no se toque a los empresarios que compran congresistas como si fueran laptops en oferta. Y, por supuesto, que los fiscales y jueces que todavía creen en la ley sean hostigados, desplazados o reemplazados por títeres bien peinados. ¿Y el crimen organizado? “Bien, gracias…”.