El golpe a la justicia sigue en marcha
Quienes hoy operan desde el Congreso y la JNJ lo hacen con una visión estratégica que apunta a apoderarse del sistema judicial.
Lo que ocurre hoy con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirma que el proyecto de captura autoritaria de las instituciones del sistema de justicia sigue en pie, y que ha diversificado sus métodos.
Lo revelado por La República supera a la frustrada reposición ilegal de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. También deja en evidencia un plan más amplio —coordinado con el Congreso— que coincide con el objetivo de sancionar, remover y reemplazar a los fiscales y jueces incómodos por otros que sean funcionales a la impunidad que intentan instaurar.
La búsqueda de sostener un concurso para designar a un nuevo fiscal supremo cuando no existe una vacante real constituye una maniobra abierta y peligro, ya que es un proceso que debió cancelarse.
No solo no se ha suspendido de acuerdo a ley, sino que avanza con rapidez, como si desde la JNJ ya se supiera que nuevas vacantes están por venir.
¿Por qué tanto apuro? Porque la coalición autoritaria en el Congreso y el Ejecutivo necesita colocar magistrados serviles en posiciones claves.
El plan parece seguir un guion: desde el Parlamento, mediante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya se han activado procesos contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, a partir de denuncias fabricadas por Renovación Popular, el partido del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. No es coincidencia que estos fiscales mantengan abiertas carpetas contra varios actores de esta coalición.
La intención es inhabilitarlos para dejar las plazas libres, y ocuparlas con perfiles alineados al interés político de blindar a sus promotores.
En paralelo, la JNJ ha convocado tres concursos adicionales que deben ser vigilados de cerca. Uno para nombrar 22 magistrados de la Corte Penal Nacional —la que lleva los casos más delicados de corrupción y crimen organizado—, otro para cubrir 74 plazas de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial —órgano clave para la vigilancia interna de los jueces— y otro más para designar al presidente de la Corte Penal Nacional.
Es consecuente sostener que, si logran controlar estas plazas, tendrán en sus manos todo el engranaje institucional que permite investigar, acusar, juzgar y eventualmente exonerar a quienes hoy enfrentan procesos judiciales.
La ciudadanía y las instituciones democráticas deben mantenerse alertas. Si esta arremetida se consolida, no solo se perderá la poca independencia que queda en la justicia peruana, sino también la posibilidad misma de un futuro democrático con rendición de cuentas. No es un error. Es un golpe por goteo. Y está en marcha.