Contrariamente a lo que podríamos imaginar, los penales no son lugares en donde impera el caos sino más bien lugares con jerarquías establecidas y territorios bien delimitados. El mundo del hampa tiene sus códigos. En el libro “Faites y atorrantes”, José Pérez Guadalupe nos describe un mundo carcelario con sus “barrios” y sus jerarquías. Guadalupe recoge los testimonios de los internos quienes señalan que “no es lo mismo un pescuecero (que asalta con cuchillo) que un apretón (que asalta con pistola); no es lo mismo un ciego (un primerizo en la cárcel) que un canero (con experiencia carcelaria); en definitiva, no es lo mismo un atorrante que un faite” (*).
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Las políticas de seguridad ciudadana han sido políticas cojas, pues han marchado sobre una sola pierna al centrarse exclusivamente en la represión, una vez consumado el hecho delictivo. Interviene cuando las personas ya “perdieron”, ya sea que les robaron, las extorsionaron, las violaron y en el peor de los casos las asesinaron. Y, aun así, la policía actúa como en el juego de la “gallinita ciega”, dando de palos con los ojos vendados a una esquiva piñata. Ello ocurre por no tener una brújula y no considerar la verdadera dimensión del problema. Las encuestas de victimización nos revelan que el 85% de los delitos no son denunciados por diversas razones, entre las que destaca el sentimiento de que “es una pérdida de tiempo”. La actualidad nos lo recuerda cada día. Los extorsionadores operan en toda impunidad desde sus (iba a decir oficinas) celdas en las prisiones en las cuales cuentan con celulares y servicios de internet de una calidad envidiable para muchos hogares en los mismos distritos.
Las consecuencias para las víctimas son múltiples y duraderas, tanto materiales como inmateriales. Por un lado, lo visible: pérdida de bienes, de ahorros, pérdida de vidas o lesiones por heridas de bala, arma blanca, granadas de guerra. Por el otro, las pérdidas invisibles: cierre de negocios, inversiones desincentivadas, empleos perdidos, temor de circular en la ciudad, traumas psicológicos, todos difíciles de cifrar, pero no por ello menos reales.
Definir las estrategias de lucha contra la criminalidad guiándose por indicadores sesgados y que solo reflejan la punta del iceberg, difícilmente puede producir buenos resultados. A ello se agrega estrategias cortoplacistas y que yerran al creer que estados de emergencia (una emergencia que dura años) en algunos distritos son suficientes, ignorando que los delincuentes responden a ello cometiendo sus delitos en distritos desprotegidos, precisamente por la misma política de concentrar los recursos policiales en algunos distritos, quitándoselos a otros.
Poco o nada se ha hecho en materia de políticas de prevención del delito. El diseño de políticas de prevención requiere, además del desarrollo de la inteligencia policial, un conocimiento de los factores asociados a la comisión de los delitos, en particular las trayectorias de vida y el perfil de los delincuentes, así como de las características de los delitos asociados a esos distintos tipos de perfiles. Conocer las trayectorias delictivas ayuda a identificar el riesgo de reincidencia, en función de los antecedentes del delincuente y de sus circunstancias familiares, sociales y psicológicas. También es útil para focalizar las intervenciones ya que una misma política no puede ser eficaz para presos con trayectorias muy diferentes (delincuencia juvenil, reincidencia, delincuencia organizada, etc.).
Los delincuentes suelen ser parcos cuando son interrogados por la policía, pero, afortunadamente, sí respondieron a las numerosas preguntas que los encuestadores les hicieron a más de 80.000 internos en el Censo Nacional de Población Penitenciaria y del Censo Nacional en los Centros Juveniles de Adaptación y de Rehabilitación, ambos llevados a cabo en 2016 conjuntamente por el INEI y el INPE. A través de las respuestas de los internos podemos tener una idea de su perfil. En el caso de la población juvenil, ¿se trata de jóvenes que no estudian ni trabajan, los famosos NINIs? ¿Dónde y qué tipo de delitos cometieron? En el caso de los delincuentes adultos, ¿cuántos son reincidentes?
“Si tu en la calle estás ‘pescueciando’ y el agraviado te dice ‘oye, yo soy de tu barrunto’, ¿lo sigues pescueciando? ¡No! No pasa nada, si es mi ‘barrunto’ ¿cómo lo voy a cuadrar” (Pérez Guadalupe, 1994). Esto es en buena medida lo que ocurre en la capital. Seis de cada 10 (58.4%) los internos que residían en la capital y cometieron delito contra el patrimonio (robo, hurto), lo cometieron en un distrito distinto al de en donde residían antes de ser internados en el penal. En distritos en donde se concentran los delitos como el Callao, Ate, El Cercado, San Juan de Lurigancho, Comas, La Victoria, San Martín de Porres y Villa El Salvador, más de la mitad de los delitos cometidos por los delincuentes que allí residen fueron cometidos en otros distritos de la capital. Por ejemplo, los delincuentes chalacos asaltan y roban principalmente en los distritos del cono norte en una proporción similar que en su propio distrito. Las políticas más efectivas, represivas y preventivas, de lucha contra la inseguridad ciudadana deben focalizarse en los distritos de origen de los delincuentes y no consistir únicamente en declarar estados de emergencia circunscritos a algunos distritos.
Orígenes, perfiles y trayectorias
Según el INPE, en marzo 2025, un total de 101.302 personas estaban privadas de libertad en los distintos penales del país. Tan solo seis de cada diez tiene una sentencia mientras que el resto permanece hacinado en las prisiones en calidad de procesado en espera de una decisión de justicia que tarda. La gran mayoría son reos primarios pues tres cuartos de los internos cuentan con un solo ingreso en centros cancérales. Los extranjeros representan actualmente el 5.3% de la población penitenciaria, siendo los venezolanos el grupo más importante (74% del total de extranjeros).
Tres condiciones marcan el origen y el destino de la población en los penales. En primer lugar, un entorno familiar marcado por la violencia, del padre a la madre y hacia los hijos; padre o familiares con pasado delincuencial, consumo de alcohol y drogas. En segundo lugar, un entorno violento de amigos delincuentes y barrio con pandillas. En tercer lugar, bajas calificaciones e inserción laboral precaria en empleos elementales. En el caso de los menores de edad, el 83% había trabajado antes de ingresar en el Centro Juvenil mientras que este era el caso para el 92.7% de los adultos en los penales. La mitad no alcanzó a tener secundaria completa. El abandono escolar es muy elevado pues seis de cada diez abandonaron la primaria y cuatro de cada diez abandonaron la secundaria y los estudios superiores. En suma, estamos lejos de la imagen del joven que no estudia ni trabaja; en lugar del famoso “nini” tenemos el que ya no estudia, pero si ha trabajado. La senda hacia la delincuencia se inicia muy temprano en la ausencia de políticas de protección de los menores frente a entornos familiares negativos, barrios tomados por pandillas, fracaso escolar y una consiguiente muy precaria inserción laboral. Es hora de considerar conjuntamente políticas represivas y políticas preventivas.
(*) (Guadalupe 2000, La construcción social de la realidad carcelaria. PUCP, p.172).