Abogado constitucionalista
Resistencia democrática, por Diego Pomareda
El abuso político se perfila como el principal problema en Perú, generando un clima de arbitrariedad que afecta la democracia. La resistencia democrática se propone como una alternativa viable ante esa situación.
El reino de la arbitrariedad es el resultado del principal problema que tenemos en el Perú: el abuso político. Enfrentar este escenario bajo las actuales circunstancias es una tarea titánica, pero no imposible y hay que hacerlo hasta que se les acabe el efímero poder que tienen los actuales “representantes”.
¿Qué hacer frente a amnistías, inmunidades, persecuciones y al desequilibrio entre poderes? ¿Necesitamos patear el tablero? ¿Es posible, en este contexto autoritario, apelar a la democracia? ¿Podemos aún confiar en las instituciones para defendernos del abuso?
Considero que la respuesta debe ser una: resistencia democrática; es decir, ser radicales dentro del marco institucional y autocríticos con un Estado de Derecho que ha incumplido gran parte de sus promesas. Esto se traduce en recuperar la democracia y hacerla mejor y que dé respuestas efectivas a los problemas de las mayorías.
Ni la violencia ni los golpes de Estado son el camino. No solo debido a que rompen la convivencia pacífica, sino porque —como señala Laura Gamboa— terminan deslegitimando a la oposición y otorgando a los autoritarios la excusa perfecta para una represión más aguda. La resistencia democrática consiste en no volver a elegir a los mismos, en derogar leyes inconstitucionales, en protestar pacíficamente y en recurrir a aquellos espacios en donde la justicia siga libre de intervención política.
Realidades como las de Polonia, Canadá y Ecuador muestran que podemos recuperar el Estado de Derecho través de las urnas en el 2026, pero mientras tanto nos toca denunciar ante el Poder Judicial todo tipo de abuso, promover referéndums derogatorios y apelar a la comunidad internacional para que interceda frente a la arbitrariedad.
Si de forma inconstitucional se dan amnistías, remociones de integrantes de la JNJ, inhabilitaciones de jueces y fiscales, sanciones éticas a las minorías parlamentarias o suspensiones como en mi caso frente al Congreso, denunciemos que de esa forma defendemos la democracia.
Muchas de estas denuncias han sido declaradas fundadas, lo cual demuestra que aún “hay jueces en Berlín”. Por lo pronto, en lo que a mí concierne, la denuncia que plateé contra el Congreso ha sido admitida y estoy listo para demostrar ante la justicia laboral el abuso que han cometido en mi contra. Sigamos en la resistencia.
