Comisión para la Impunidad de Asesinos, por Diego García-Sayán

La reciente decisión de otorgar impunidad a asesinos y violadores viene de la mal llamada Comisión de Constitución del Congreso corrupto. Amenaza de extrema gravedad.

En los hechos, esa comisión debería ya haber sido rebautizada como “Comisión para la impunidad de asesinos”. No otra cosa es lo que se deduce de sus recientes actuaciones, orientadas a blindar a violadores de derechos humanos ya condenados por la justicia.

Tragedia de magnitud

En el Registro Único de Víctimas (RUV) se tiene registrados 8,661 casos de desapariciones forzadas durante las dos décadas del conflicto armado interno, la mayoría atribuidas a la organización terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, informes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), del Ministerio Público y del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) elevan la estimación real a entre 13,000 y 16,000 personas desaparecidas. Esas cifras reflejan la magnitud de la tragedia, pero también la deuda del Estado con las víctimas pues la mayoría lo son por acción de las fuerzas del orden…

Caso emblemático: el periodista de La República, Jaime Ayala Sulca, desaparecido en 1984 tras ingresar a la base de la Marina en Huanta, Ayacucho, para presentar una queja por abusos cometidos por efectivos militares. Fue su última aparición con vida. Su familia ha librado una batalla larga y dolorosa por justicia.

Hasta que la lenta justicia peruana se pronunció (2023) con claridad: la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria dictó una sentencia histórica. Se estableció que la desaparición de Jaime Ayala constituye un crimen de lesa humanidad, que no prescribe, y se condenó a 18 años de prisión al ex oficial de la Marina Alberto Rivero Valdeavellano, por su responsabilidad en la desaparición forzada cometida por sus subordinados hace 40 años.

Afrenta al país

La sentencia de la Cuarta Sala Penal presidida por la magistrada Miluska Cano estableció que la desaparición fue parte de un patrón sistemático de represión contra periodistas, activistas y ciudadanos, ejecutado bajo la política contrainsurgente del gobierno de entonces. Pero pasan los meses y el condenado Rivero sigue no habido. En dinámica que para algunos sólo se explicaría por la complicidad/protección de sus colegas de armas y su institución castrense.

Una afrenta a la memoria del país, a los jueces que han actuado con independencia, y a las Fuerzas Armadas que han defendido su honor sin mancharse las manos de sangre. Quienes, abusando del uniforme, incurrieron en prácticas criminales deben pasar por la justicia. No pueden equipararse ni vestir el uniforme de grandes oficiales de la Marina como Miguel Grau, Manuel Ferreyros, Aurelio García y García o Lizardo Montero.

Frente a una clara verdad judicial como la establecida por la Cuarta Sala Penal, lo que intenta ahora la Comisión de Constitución es escandaloso: dar impunidad retroactiva, obstaculizar procesos penales en curso y rehabilitar a criminales condenados tratándolos como “víctimas”.

Plantear, a estas alturas, que abdique la justicia y renuncie a investigar - como se pretende desde el Congreso corrupto- es complicidad con el crimen. ¡Una más! Constituye la completa abdicación de la razón de ser de una comisión congresal llamada nada menos que “de Constitución” y de un legislativo que debe empeñarse en adecuarse a la legalidad y al Estado de Derecho. De seguir en la misma “onda” de protección del mal, podrían pasar a llamarse, propiamente, “Comisión de Protección de Asesinos o Congreso de Protección de Asesinos”.

Perú no necesita más pactos de impunidad. Necesita justicia, verdad y memoria. Y, también, que sus instituciones legislativas no sigan siendo trincheras del encubrimiento ni refugio de criminales sentenciados. Si esta norma no es dejada sin efecto, la justicia internacional que asumirá su competencia.