De la tragedia a la farsa, por Marisa Glave

Nuestro país vivió un período oscuro y doloroso entre 1980 y 2000. Cálculos conservadores señalan que en ese tiempo al menos 69 mil peruanos y peruanas murieron asesinados. Cientos de miles sufrieron tortura física. Miles de mujeres, violencia sexual. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señala que, en el caso de los homicidios, el principal responsable fue el PCP - Sendero Luminoso con 54% de las muertes. Más de 35 mil personas perdieron la vida por la acción criminal y terrorista de esta agrupación. No cabe olvido ni perdón para sus atrocidades. Recordarlo es central para no descuidarnos nunca del perverso efecto del fundamentalismo en la acción política. 

Pero esta terrible etapa de nuestra historia incluye un elemento adicional, que no puede ni debe ser borrado y que es profundamente interpelador e hiriente. El 37% de estas muertes tienen como responsables a las fuerzas armadas y policiales. Más de 25 mil compatriotas fueron asesinados por agentes del Estado. Hagamos una pausa y volvamos a ver la cifra. Más de dos decenas de miles de personas perdieron la vida por acción directa de destacamentos del ejecito, la marina y la policía. 

No se pueden hablar de decenas de miles de muertos como casos aislados, ni como casos excepcionales. En algunos lugares del país, particularmente en Ayacucho y durante períodos específicos de tiempo, el asesinato y la tortura fueron sistemáticos. Se instalaron centros de detención, se usaron hornos para quemar los restos de quienes no sobrevivían la tortura. 

Las sentencias de los casos más simbólicos, como Cabitos 84, debieran leerse. Construir nuestra ciudadanía supone hacernos responsables de la acción del Estado. La Sala Penal de la Corte Suprema señala explícitamente que sí está probado que en Ayacucho hubo instalaciones de tortura donde se incineraron los restos de cadáveres de personas secuestradas por las fuerzas armadas. También señala explícitamente que muchas de estas personas no tenían vínculo con Sendero Luminoso. El asesinato se impuso como práctica cotidiana y tuvo el desprecio y el racismo como base.

Estos crímenes, porque son crímenes, no pueden borrarse. Ninguna ley podría hacerlo. Lo que sí puede pasar es que queden impunes. Que la opción que tomemos como sociedad ante esta realidad no sea la justicia y la reparación sino la ignominia y la impunidad. 

1995, Fujimori y el primer intento de amnistía…

Lo patético de la situación que vivimos hoy, el 2025, es que hace 30 años se intentó exactamente lo mismo. Fujimori y su parlamento, en ese tiempo controlaban ambos poderes de manera explícita – hoy lo hacen de manera tácita – aprobaron normas de amnistía para policías y militares que hubieran sido sentenciados por casos ocurridos en la “lucha antisubversiva”. 

Esta norma fue cuestionada por varios sectores de la sociedad, pero el peso del fujimorismo terminó por imponerla. La narrativa oficial era – como es ahora – que se aprobaba porque quería beneficiar a los oficiales que habían enfrentado la violencia terrorista. Pero desde su gestación, como quedó claro también en uno de los procesos seguidos en la Sala Penal de la Corte suprema, se buscó beneficiar especialmente a un grupo de oficiales que actuaron en la clandestinidad, como aparato paramilitar. Esta norma, como se revelan audios de los años 90 presentados en audiencias judiciales, estaba pensada para el Grupo Colina, que tuvo entre sus crimines más conocidos las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. 

Esta norma otorgó impunidad a los asesinos de Colina. Pero sólo por un tiempo. Eso suele pasar con las normas que buscan impunidad para crímenes contra derechos fundamentales, como la vida. 

Algunos jueces, como la señora Saquicuray, en un tiempo de abierta dictadura y con un servicio de inteligencia amenazante, decidieron no aplicar la amnistía. Esto llevó al congreso de aquel tiempo a sacar otra norma para impedir que la Ley de Amnistía sea interpretada en sede judicial. Una muestra más del ejercicio autoritario del fujimorismo. 

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declara, en un fallo histórico, que “las leyes de amnistía peruanas carecen de efectos jurídicos tanto para el caso de Barrios Altos como para cualquier otro caso ocurrido entre 1980 y 1995 en el cual se hayan violado los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 

La repetición como farsa

El 2024, el Congreso aprobó una Ley de Prescripción paraque las violaciones de derechos humanos cometidas entre los años 1980 y el 2000 – antes que adoptáramos el Estatuto de Roma que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad – no pudieran ser procesadas por la justicia. Esta norma simplemente no ha sido aplicada por el Poder Judicial. Jueces y juezas, como hiciera la señora Saquicuray años atrás, se han negado a aplicarla porque esta norma contraviene tratados internacionales y sentencias de nuestro Tribunal Constitucional sobre la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. 

En primera votación el Congreso aprobó otra Ley de Amnistía, para liberar a sentenciados con más de 70 años y para anular los procesos en curso, porque aún hay casos de más de 30 años sin sentencia. Es decir, hay familias de víctimas que esperan justicia hace decenas de años. 

Esta pretensión es violenta. Agravia a las víctimas que luchan por justicia hace años en el país. Pero además es una farsa, es una repetición grosera de una estrategia que se sabe, de arranque, que contraviene tratados internacionales y también, para que no lo olviden nuestros padres de la patria, contraviene la Constitución Política del Perú. 

Falta una segunda votación. Esperemos que algunos legisladores retiren su apoyo. Pero si no lo hacen, recordemos que la impunidad no dura, que la oscuridad se vence.