Las fuerzas corrosivas, por Eliana Carlín

De acuerdo a la definición de CEPLAN (2024, p.8), el Índice de Capacidad Estatal (ICE) “es una medida que expresa el nivel de habilidades organizacionales y de gestión que tienen las organizaciones estatales para la entrega de servicios públicos dirigidos a la población que habita el territorio”. La última publicación sobre ICE de CEPLAN evalúa servicios entre los años 2015 y 2023. Esta evaluación se realiza por región y toma en cuenta indicadores de salud, de educación, vivienda, y seguridad. Como todo índice, es una evaluación informativa, pero que sin duda no captura la enorme complejidad de los servicios estatales en su totalidad.

Revisemos de forma gruesa las áreas consideradas en este índice. Si hablamos de salud, tanto el Ministerio de Salud como Essalud se encuentran fuertemente politizados, dejando de lado la meritocracia en el nombramiento de directivos de ambas instituciones copadas por Alianza para el Progreso (APP), parte de la coalición gobernante. En este marco, los pacientes de enfermedades raras y huérfanas claman por la compra de medicamentos para atender sus padecimientos, la espera para exámenes, citas y cirugía se estira cada vez más. En el caso del MINSA, el pésimo funcionamiento de DIGEMID ha tenido como consecuencia sueros contaminados que han cobrado 7 vidas, mientras hay denuncias de irregularidades en los exámenes del SERUMS.

Pasando a hablar de educación, las Direcciones del MINEDU fenecen sin presupuesto mientras el sindicato de la institución denunció que los ascensores no funcionan, generándose colas larguísimas para entrar, salir y retirarse a almorzar. Esto no es nada si consideramos la denuncia de Contraloría respecto a la existencia de 147 docentes con títulos falsos en la UGEL Ventanilla, los más de 500 casos de violencia sexual de docentes contra estudiantes en Condorcanqui y claro, como cereza del helado la denuncia constitucional contra el señor Morgan Quero por llamar ratas a las personas asesinadas durante las protestas contra el régimen que él ayudó a imponer y que ahora sirve tan indignamente.

Si hablamos de vivienda, el déficit habitacional del país no se ha movido en este gobierno. Pero si hablamos de transporte e infraestructura no hay solo estancamiento, sino supuestos avances que nos alejan del futuro. Estamos viviendo la mediocridad en la “entrega” del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que reporta retrasos, pasajeros atrapados, déficit de combustible para los aviones e inundación de oficinas.

Finalmente, si hablamos de seguridad, tenemos medidas que fracasaron estrepitosamente como los estados de emergencia. De acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Lima, el 85% de la población se siente insegura y el 27.5% de personas mayores de 15 años han sido víctimas de robo en la capital. Tomando en cuenta todo esto, es muy probable que cualquier evaluación concreta que se realice, incluyendo el ICE, presente una caída significativa durante este periodo presidencial. Consideremos, además, que la inseguridad detiene el crecimiento económico, y de acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima esto podría tener como consecuencia la caída de 11 millones de personas debajo de la línea de pobreza, lo cual representa al 31,8% de la población.

¿Es acaso lo que ocurre responsabilidad exclusiva de Dina Boluarte y su mediocre gobierno?, ¿no es acaso esta situación causa de factores estructurales? De hecho, la responsabilidad recae principalmente en la mediocridad con la que se manejan las instituciones, a factores de agencia y al contexto político que afrontamos. Estos tres elementos son responsabilidad absoluta de los actuales gobernantes. Las instituciones se ven debilitadas al colocar cuadros anti-técnicos que priorizan las prebendas y las consultorías por encima del bienestar general, y tienen de la mano al Congreso de la República para movilizar las normas para debilitar la institucionalidad o directamente favorecer al crimen y la informalidad. Quienes encabezan las instituciones no tienen ningún peso específico y desde Palacio de Gobierno se les valora por su calidad de adulones. En cuanto al contexto político, una presidenta con virtualmente 0% de aprobación, que se asentó en la gestión sentada sobre 50 cadáveres, no representa precisamente un espacio de estabilidad política.

En un momento en que una mirada general del gobierno revela la debacle estatal, el gobierno de Dina Boluarte no solo fracasa en salud, educación, vivienda y seguridad, sino que perfecciona el arte de la mediocridad. Con instituciones copadas por leales sin mérito, un Congreso que legisla para el caos y una presidenta sin legitimidad, el Perú se hunde en un pantano de inseguridad y pobreza. ¿Responsabilidad estructural? Sí, pero la ineptitud y el oportunismo de este régimen son un ácido que carcome el Estado, y no era necesario esperar a las palabras del exministro Luis Miguel Castilla para saberlo, pero al parecer sí hacían falta para convencer a un grupo de tecnócratas particularmente pacientes con Boluarte y compañía.

Hoy, los profesionales y servidores públicos debemos garantizar elecciones transparentes, fortaleciendo instituciones con meritocracia y neutralidad. Su rol es clave para legitimar el proceso y así restaurar la confianza ciudadana. Un nuevo momento fraudista nos podría llevar a rutas intransitables.