El dolor de los ajenos, por Eliana Carlin

Cristian Vilcatoma Águila tenía 18 años y había cumplido la mayoría de edad un día antes de su muerte. Estudiaba en Huancayo y jugaba de centrocampista en el Club Sport Juventud Buena Libra Vizcatán. William Núñez Soto, conocido como El Flaco, tenía 19 años, era natural de Yauli y atajaba en los partidos de Copa Perú que tanto amaba. Jaime Bendezú Paraguay, de 28 años, era agricultor en Colcabamba, soñaba con ser danzante de tijeras y dejó atrás a una hija de apenas un año. Wilder Romero Sivi Páucar, de 30 años, había salido de Pichanaqui hacía una década para echar raíces en Colcabamba, donde vivía de la chacra y del fútbol de los fines de semana. El quinto era Nilsson Eduardo Montenegro, un joven colombiano de 22 años que llevaba años viviendo en Huancayo. Los cinco iban en la misma camioneta, camino a un campeonato local, cuando una patrulla del Ejército Peruano abrió fuego unilateral contra ellos.

En los últimos días hemos visto desoladoras imágenes del dolor de sus madres, sus padres y sus hermanos. Las investigaciones posteriores a este crimen han arrojado preocupantes conclusiones: los atacantes estaban vestidos de civil; se les detuvo primero y se les liberó después; un sobreviviente fue amenazado para autoinculparse de un delito que no cometió y, finalmente, un testigo escuchó: 'No hay nada, hay que sembrar'. Tal vez quienes tienen poder están muy ocupados pensando en auditorías de un fraude inexistente, o quizás nos hemos acostumbrado a mirar de lado cuando el dolor es de 'ajenos'.

¿Por qué ocurren este tipo de hechos en las segundas vueltas en el país? Recordemos la masacre ocurrida en San Miguel del Ene (Vraem), en mayo del 2021. No hay respuestas sobre lo que pasó entonces y todo parece indicar que tampoco las habrá ahora. Con hechos de sangre como este, no es posible que la ciudadanía confíe en las fuerzas de seguridad; tampoco es posible pensar que los peruanos de las regiones tienen la misma importancia que la gente de Lima para las élites que nos gobiernan, desde el poder o desde el dinero. Es un dolor lejano, ajeno.

La impunidad no es solo la ausencia de castigo; es un mensaje que el Estado envía a la ciudadanía más vulnerable: que sus vidas valen menos, que su dolor importa menos, que su muerte puede ser sembrada con una coartada y enterrada con el silencio. Una sociedad que no puede garantizar que sus fuerzas del orden rindan cuentas es una sociedad que regresó al estado de naturaleza, donde el más fuerte decide quién vive y quién muere. Y eso —no el fraude que nunca existió— es la verdadera amenaza a la democracia peruana.