Un equipo para reconstruir el Perú, por Flor Pablo

Estamos viviendo un proceso sistemático, progresivo e intensivo de destrucción de nuestro país. El daño moral, el desmantelamiento institucional, el debilitamiento de nuestra democracia y el retroceso en las reformas alcanzadas son descomunales, y son los líderes de los partidos políticos que hoy gobiernan, y que eligieron a sus representantes, los principales responsables de esta situación. Más allá de los nuevos nombres y grupos en el Congreso, la mayoría de ellos encarna a los partidos de siempre. Su capacidad y habilidad para la destrucción se ha ido perfeccionando en estos años.

Desde que se instaló este Congreso en el 2021, estos grupos han gestionado y avalado proyectos de ley y acciones en favor de: a) investigados o sentenciados que buscan impunidad, b) ultraconservadores que desde sus sesgos religiosos e ideológicos se empeñan en limitar derechos, c) grupos mercantilistas que quieren desaparecer el rol de fiscalización y regulación del Estado, d) detractores de la meritocracia que necesitan controlar un Estado basado en el clientelismo político, e) gestores de la minería y la tala ilegal que afectan el derecho de los pueblos originarios y destruyen nuestro medio ambiente, y así un largo etc.

Lo que han logrado da cuenta del éxito de las alianzas que han generado a todo nivel, y hoy se sienten todopoderosos, usan la política para favorecer sus propios intereses y se sirven de ella en vez de servir al país.

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Pero ¿cómo llegamos a un Congreso tan nocivo?

Este capítulo de destrucción del país comienza en el año 2016. Pedro Pablo Kuczynski (PPK) gana las elecciones y Keiko Fujimori pierde por segunda vez. Sin embargo, su partido Fuerza Popular logra ser la primera fuerza en el Congreso con 73 de 130 congresistas. Con esa mayoría, se dedicaron a obstruir la acción del Ejecutivo, bloquear reformas, interpelar y censurar ministros, y no pararon hasta lograr la renuncia de PPK.

De allí vinieron tres presidentes: Vizcarra, Merino, Sagasti; y un centenar de ministros. En aquel momento, tuvimos la esperanza de recuperar el curso del país mediante elecciones democráticas. Una vez más vez estábamos en un callejón sin salida, teniendo que elegir en una segunda vuelta entre “el mal y el mal menor”.

El 2021 es historia reciente, gana Pedro Castillo por 40.000 votos y Keiko Fujimori pierde por tercera vez, no reconoce los resultados electorales y enarbola la bandera del “fraude” como estrategia política para desacreditar a los órganos electorales. Fuerza Popular ya no tiene mayoría en el Congreso, pero rápidamente articula el mal llamado “bloque democrático” con Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso, en un primer momento. Luego se suman Podemos, Somos Perú y, en el último año, Perú Libre.

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Con esa fuerza de votos deciden cómo alternarse en la Mesa Directiva, eligen y se reparten las comisiones, definen las prioridades del Gobierno y del Congreso; y por supuesto, usan el presupuesto del Parlamento para asignarse todas las gollerías de bonos y aumentos de manera discrecional.

Para Fuerza Popular y sus aliados, desestabilizar y traerse abajo un gobierno esta vez fue una tarea más fácil. Castillo se cayó solo, pasó rápidamente de ser improvisado e inexperto a liderar un gobierno corrupto y golpista, no tenía capacidad y menos autoridad para gobernar. Con la salida de Castillo, se instala el “gobierno del Congreso”, no ganaron elecciones, pero tienen ahora en Boluarte una presidenta que les teme: no defiende sus fueros, calla, concede y, aún peor, “pone orden” enfrentando con balas a la ciudadanía. Los 49 peruanos asesinados en las protestas ciudadanas son la mayor expresión de impunidad y destrucción de nuestra democracia.

¿Cuál es el nivel del daño?

Las leyes y decisiones tomadas en los últimos tres años no solo han afectado reformas específicas y sectoriales como educación, ambiente, transporte, lucha contra la corrupción, entre otras. El nivel de destrucción ha impactado en la capacidad del Estado de dar servicios públicos oportunos y de calidad. Hemos retrocedido décadas. Hoy tenemos más pobres en el país, más niños con anemia, más niñas violadas, más niños fuera de la escuela, más jóvenes sin educación superior, más violencia, más inseguridad, más corrupción y una lista larga y dolorosa que lleva a muchos peruanos a tomar la difícil decisión de irse del país.

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El Gobierno ha desprovisto de garantías a los ciudadanos que hoy temen movilizarse porque ponen en riesgo sus vidas. Pero como siempre se puede estar peor, la meta de la mayoría congresal en el 2024 es dejar fuera de carrera a los partidos en proceso de inscripción, ampliar el número de parlamentarios, condonar las deudas de las organizaciones políticas, eliminar a los movimientos regionales y con la excusa de crear una Escuela Nacional de la Magistratura, desaparecer a la Junta Nacional de Justicia para darle al Parlamento la competencia de elegir al jefe de la ONPE y del Reniec. El Congreso ha roto el equilibrio entre poderes y se ha puesto por encima de todo y de todos tomando el control del Estado.

¿Hay salidas ante tanta destrucción?

El reto es grande. Tenemos que derribar los estereotipos que nos dividen: rojos, caviares, comunistas, capitalistas, liberales, clase obrera, clase empresarial, solo por mencionar algunos. Necesitamos superar los prejuicios y la desconfianza, reconstruir relaciones y ensayar rápidamente nuevas formas de hacer política. Nos han mantenido divididos porque saben que hay un importante número de ciudadanos honestos, con vocación de servicio, con capacidad de indignación y de propuesta; y que está dispuesto a recuperar el país para las nuevas generaciones.

El camino es una alianza política electoral amplia que vaya desde la derecha liberal, el centro democrático y la izquierda progresista, que recupere la mayoría en el Congreso y llegue al Gobierno para hacerles frente a los grupos mafiosos y corruptos.

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Hoy ya no es posible imaginar el Perú al 2030 sin recuperarlo por la vía democrática el 2026 o antes. La mayoría congresal que hoy tenemos ha destruido el país, pero también nos ha mostrado el camino para su reconstrucción: acción colectiva y planificada sobre acuerdos mínimos y con unidad programática. 

Haciéndonos cargo de nuestros orígenes partidarios e ideológicos, estoy segura de que podemos hacerle frente a la pobreza, luchar contra la corrupción, vivir en paz y restablecer la institucionalidad democrática y recuperar el camino del desarrollo para todos. Aún hay fuerzas y esperanza, pero no tenemos mucho tiempo.