Tiempos de venganza

La persecución contra Harvey Colchado y su equipo policial de la Diviac responde a la furia presidencial.

La persecución montada contra Harvey Colchado y los policías que trabajan en la Diviac, y que participaron en el allanamiento del domicilio y las oficinas de la presidenta Dina Boluarte, se explica con una sola palabra: venganza.

La molestia por el acto legalmente autorizado por un juez a pedido de la Fiscalía se ha traducido en amenazas y exhibición del poder en varios actos llevados a cabo desde Palacio de Gobierno y en varias versiones e intensidades. Primero, fue un grupo de ministros encabezados por el primer ministro, Gustavo Adrianzen, que acudieron a primera hora del Sábado de Gloria a mostrar su solidaridad con la mandataria. Las declaraciones altisonantes y de abierto rechazo a la labor fiscal, y en especial al descerraje de la puerta presidencial, mostraban el enojo que la medida había desatado.

Luego, tuvo lugar el fatal mensaje a la nación, en el que Dina Boluarte por no asumir el regalo dijo que era préstamo, sin imaginarse que estaba declarando su culpabilidad en un delito de corrupción, donde lo que importa es el hecho y no la transacción que le dio origen. En el ínterin ha viajado a provincias, rodeada de férrea seguridad, lo que no ha impedido la protesta y el reclamo. Ha tenido discursos virulentos en respuesta a las pifias, las que ha atribuido a enemigos políticos, opositores, a quienes ella dice conocer muy bien.

En este estado de crispación, ha llegado la sanción para Harvey Colchado, el coronel de la Policía que dirigió la operación de allanamiento. Una torta de cumpleaños con una recreación del momento del descerraje desató la venganza, que muchos abogados califican de obstrucción a la justicia. Es decir, un nuevo delito en el que habrían incurrido la mandataria y sus operadores.

Pero sigue sin ser suficiente. Ahora pretenden sancionar a los 15 efectivos de la Diviac que trabajan en el Eficcop dirigido por la fiscal Marita Barreto. El brazo largo de la venganza se extiende y afecta instituciones y personas que actuaron en cumplimiento de su deber. Es un abierto amedrentamiento para el sistema de justicia y una muestra de la intolerancia y, al parecer, de la culpabilidad.