Recesión democrática: ausencias y complicidades, por Diego García-Sayán
"El poder político en Perú es, esencialmente, un delictivo pacto de corruptos. Muy semejante al que prevaleció en Guatemala, el cual se superó después de una intensa movilización popular y la acción de la comunidad internacional”.
Significativo título llevó el año pasado el último informe de Latinobarómetro (2023): Recesión Democrática. Título preciso, bien puesto, pues tenía —y sigue teniendo— sentido con lo que ocurre en la región latinoamericana.
Y que no surgió, pues, del aire o porque a alguien le sonase bonito… o “porque sí”. Brotó de la realidad misma y de la percepción de la gente. Se aplicaron en la región cerca de 20.000 entrevistas entre habitantes, de 18 años, a muestras representativas de la población de cada país. De la viva realidad, pues, salió la sustancia que le dio ese título al estudio.
Varios meses después de publicado, el contenido de este informe tiene más sentido que nunca. Pues eso de la “recesión democrática” sigue siendo expresión representativa de un sentir ciudadano prevaleciente en América Latina, en la actualidad. De hecho, en la realidad y tendencia regional, es fácil constatar la continuada —y acentuada— prevalencia de esa recesión democrática en este 2024.
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Modesta y respetuosa sugerencia desde estas líneas: el informe de este año podría llamarse, irreprochablemente, “2024: Recesión Democrática bis”.
Corrupción y recesión democrática
Varios son los factores que generan esa fundada percepción extendida de recesión democrática en nuestros países. Ayer y hoy, pues la realidad no ha variado significativamente.
La corrupción de gobernantes elegidos sigue siendo elemento crucial en el socavamiento de las democracias. Sin embargo, “corrupción” puede ser entendido en un sentido más amplio… o profundo. Y no siempre circunscrito a la vil apropiación de dinero o de bienes, sea a modo de propiedad, como supuesta “comisión” por asignación de recursos públicos o por “ayuditas” a privados (por lo general, grandes como Odebrecht) para la contratación pública.
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También podría entenderse, en nuestro “creativo” país, a generosos “préstamos” de bienes muebles (joyas o relojes de lujo…) para que se posean a modo de propiedad. Como es el patético caso de los Rolex “prestados” a la presidenta Dina Boluarte, según parece, a cambio de la asignación de recursos presupuestales. Es uno de los más recientes y groseros ejemplos.
Forzando las reglas de juego
Yendo más allá de ese caso de angurria, para ganarse “alguito”, aprovechando que se está en el poder, otra faceta de la corrupción es aferrarse al poder contra las reglas y el sentido común. Va más allá de la codicia.
Los intentos de forzar las reglas del juego para quedarse en el poder tuercen el poder del voto y, en general, de las reglas democráticas. Esto deja casi como un simple incidente el peso del poder de dinero corrupto en el financiamiento de las campañas.
De esto —y de todo lo anterior—, nuestro país lamentablemente es pródigo de escándalos de campañas con financiamiento ilegal y/o de actos graves de corrupción en pleno ejercicio del poder democrático. Hoy, factores de poder oscuros conspiran abiertamente para someter políticamente a nuestros órganos electorales que se han venido comportando con independencia y corrección. Independencia que es pecado mortal en nuestro pestilente contexto político.
Esto pocas veces tiene una respuesta oportuna y efectiva del sistema penal. En otras, la respuesta de la justicia es perversamente lenta (i.e.: caso Cócteles) o, simplemente, inexistente.
Mientras, desde los poderes oscuros hay intereses actuando para socavar y aniquilar áreas institucionales claves: por ejemplo, los fiscales anticorrupción como “objetivos” del poder corrupto en el Congreso, ciertos medios bajo la lupa y ciertos empresarios con las manos sucias comprometidos en financiar ilegalmente campañas.
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Lo que viene
Partidos políticos debilitados y prevalencia de personalismos, más que de propuestas programáticas o ideológicas. Lo que viene en la región es preocupante.
En Radar Latam 360, valiosa publicación periódica que dirige Daniel Zovatto, él se ha referido al “frenético panorama electoral” para los siguientes cuatro meses: “Una consulta popular y un referéndum en Ecuador el próximo domingo 21 de abril; elección general en Panamá, el 5 de mayo; elección presidencial y legislativa en la República Dominicana, el 19 de mayo; elecciones generales en México, el 2 de junio; elecciones para definir las candidaturas presidenciales en Uruguay, el 30 de junio; y elección presidencial en Venezuela, el 28 de julio”.
Como sabemos, todo dentro de un delicado contexto de bajo apoyo a la democracia, desplome de partidos políticos, preferencia y actitudes favorables al autoritarismo y posiciones autoritarias.
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Y en Perú: “¿Que se vayan todos?”
En el “radar” de Zovatto sobre las elecciones latinoamericanas no aparece, ciertamente, el Perú, ya que no hay elecciones programadas para este año.
Mientras, el poder político hoy en el Perú consiste, esencialmente, en un deleznable y delictivo pacto de corruptos. Muy semejante al que prevaleció en Guatemala hasta hace pocos meses. Y que pasó a mejor vida solo después de una intensa movilización popular y la acción de la comunidad internacional. Esto generó condiciones para elecciones generales (2023). Y, luego de forcejeos con el atrincherado pacto de los corruptos, el respeto de los resultados y que Bernardo Arévalo sea hoy presidente de Guatemala.
En el Perú, y bajo el colapso institucional galopante, es indispensable recordar dos asuntos fundamentales y hacerse algunas preguntas.
Primero, la naturaleza de la interacción diabólica prevaleciente. Entre el Gobierno gris, ineficiente e impopular de Dina Boluarte y, por otro lado, un Congreso, también impopular (95% de rechazo). No solo plagado el legislativo de corrupción, sino hasta presidido por un corrupto (no es “adjetivo”: su presidente está condenado por corrupción por la justicia penal).
Segundo, no vienen elecciones generales inmediatas. En el contexto del colapso de las organizaciones políticas y de los liderazgos democráticos, difícil pensar que unas elecciones podrían ser per se la única ruta de salida ante el colapso democrático.
La deleznable legitimidad, generalizada, del poder político impulsa a muchos sectores de la sociedad al clamor: “Que se vayan todos”, junto con “¡Elecciones generales, ya!”. Camino deseable pero complicado. Pues, ¿qué “elección” legítima puede venir de la práctica extinción de los partidos políticos? Que deja caminos abiertos a impredecibles y poco confiables caudillismos de ocasión (i.e.: Antauro Humala).
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Transición democrática trabada
Tres razones por las cuales la transición democrática está trabada.
La primera: el relativo “aletargamiento” del movimiento de masas. Sigue pesando el temor por la impune muerte de decenas de civiles por agentes del Estado, en el contexto de las movilizaciones de diciembre del 2022.
La segunda: partidos políticos debilitados, cuasi extinguidos. Y, por otro lado, organizaciones de la sociedad civil que, salvo excepciones, no pasan a la acción. Algunas de ellas, acaso, paralizadas por el “temor reverencial” a ser calificadas de caviares por vocingleros extremistas de derecha. Muchas de estas organizaciones fueron cruciales en el desmoronamiento —y fuga— de la autocracia corrupta de Fujimori a fines de los noventa. Grave su pasividad actual.
La tercera: pese a existir las causales para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, dada la “ruptura del orden democrático” (art. 19, 20, 21), no se ha avanzado en esa dirección. Sería un camino para impulsar diálogos políticos efectivos, monitoreados internacionalmente.
Tenemos entidades no gubernamentales valiosas, pero que no parecen haberse enterado de que la activación de la Carta Democrática Interamericana o la activación de la diplomacia de terceros países no viene sola. Lo que se aplica también para otras rutas internacionales a gestionar: la aplicación por el Gobierno de los EEUU de la Ley Magnitsky, diseñada para reaccionar frente a atropellos y corrupción. Tan relevante en Guatemala este 2023-24. Pues actuó contra los corruptos —en el Congreso y el empresariado— retirando más de 300 visas e interviniendo en sus finanzas en EEUU.
El fin del pacto de los corruptos no cayó del cielo. Lo que sí cayó fue el pacto. Precedente a no dejar caer en saco roto.
Atando cabos
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.