La importancia de la sindicalización en el ámbito estatal, por Lily Ku Yanasupo
“En un país como el nuestro es necesaria una mayor organización sindical, pues esto favorece que el equilibrio social se sitúe en un punto más justo”.
En mi anterior columna escribí sobre la necesidad de retomar el debate de la reforma del empleo público desde una perspectiva abierta y deliberativa, reconociendo los niveles de desorden, clientelismo y desigualdad laboral que existen en el Estado peruano. Así también, hice hincapié en la labor que en este tema le corresponde a las organizaciones sindicales del ámbito público, pues son los trabajadores estatales los que mejor conocen los problemas que atraviesan sus entidades.
Lo hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, con el Sindicato Nacional de la Contraloría General de la República (SINTRACGR), cuya Secretaria de Organización ha venido realizando declaraciones públicas para cautelar la seriedad, el profesionalismo y la autonomía de la labor de control en el país.
Siguiendo esa misma línea, en la presente columna quisiera brindar algunas reflexiones sobre la situación del sindicalismo en el sector público y apuntar algunos aspectos que se podrían mejorar.
Lo primero que debemos precisar es que el desorden en la contratación de personas en el sector público no es cosa de los últimos años. Comienza con las medidas de flexibilización laboral implementadas en la década de 1990, consistentes básicamente en la diversificación de las modalidades de contratación, las que también abarcaron el ámbito público bajo el pretexto de la “optimización de recursos” y la “reducción de gastos improductivos” .1
Estas medidas de flexibilización, tanto en el sector privado como público, incrementaron las figuras de contratación temporal con el objetivo de reducir los costos laborales y del despido, principalmente. Esto, como es lógico, produjo la precarización de las relaciones de trabajo.
En el sector público en particular, como ahora muestra la realidad, dichas reformas laborales flexibilizadoras no ayudaron a implementar una carrera pública ni a mejorar la eficiencia del Estado; por el contrario, la precarización del empleo público tuvo un fuerte impacto negativo en la gestión de las entidades y en los derechos de los trabajadores estatales.
El descenso de la tasa de afiliación sindical en el ámbito estatal
Los bajos niveles de afiliación sindical en el Perú tienen una estrecha relación con el uso intensivo de los contratos temporales en el mercado de trabajo que, como dijimos, comenzó con las medidas de flexibilización en la década de 1990.
Así, tomando como fuente al MTPE e INEI, entre los años 1990 y 2000, la tasa de afiliación sindical disminuyó de 22% a 3%, sin poder recuperar posteriormente los niveles que tuvo antes de la reforma laboral de inicios de los noventa (ver gráfico).
Actualmente, por ejemplo, en el sector privado formal dos de cada tres trabajadores tienen un contrato temporal. En el caso del empleo público, la tasa de temporalidad alcanza, por lo menos, el 36% (sumando los contratos CAS y de terceros). Esto afecta negativamente el ejercicio de los derechos laborales colectivos, tales como la libertad de sindicación y la negociación colectiva, que son instrumentos para alcanzar cierto equilibrio en las relaciones de trabajo. En el ámbito estatal, dicho impacto se ve reflejado en el hecho de que solo el 16% de trabajadores públicos están afiliados a un sindicato .
Ciertamente, es difícil que los servidores civiles quieran organizarse sindicalmente o afiliarse a un sindicato si no cuentan con estabilidad laboral, pues esto los hace vulnerables a cualquier tipo de represalia, es decir, amedrentamientos o ceses que podrían traducirse en procedimientos administrativos direccionados o despidos encubiertos con el vencimiento del plazo contractual.
La necesidad de un nuevo enfoque sindical ante la grave crisis institucional
En general, no podemos ignorar que en las últimas décadas el Estado peruano se ha convertido en un espacio de pugnas políticas para colocar a la mayor cantidad de personas –no necesariamente por sus méritos profesionales y su trayectoria ética–, y esto ha provocado que tengamos un manejo autoritario y poco transparente del aparato estatal, así como la falta de identificación de los servidores civiles con los valores que deberían guiar una administración pública honesta.
Si bien dicha realidad representa en parte la grave crisis institucional por la que atraviesa el país, que muchas veces desalienta la organización social, hay otros factores que en particular inciden en la poca afiliación sindical en el ámbito estatal, los cuales son una proyección de las falencias que aún existen en el sindicalismo peruano, como son el sectarismo, el economicismo y la falta de programas de acción.
En el caso de las organizaciones de trabajadores en el sector público, además, falta una mayor concientización sobre la importancia de que los trabajadores estatales se organicen, tengan un programa conjunto, logren presencia en el espacio público y, ¿por qué no?, ayuden a prevenir los males que afectan a las entidades públicas, las que son a su vez sus centros de trabajo. Esto último es más un deber moral.
Tampoco ignoremos las respuestas que pueden venir del otro lado. No faltarán quienes hagan mal uso de la normativa laboral en el sector estatal para atentar contra la libertad sindical y pretender silenciar a quienes denuncian conductas que afectan el manejo honesto y trasparente de las entidades, o quienes se aprovechen de la alta rotación de personal en el Estado para colocar a sus allegados y mantener espacios de clientelismo. Justamente por ello se trata de un contexto en el que se requiere con urgencia mayor organización social para orientar la atención de la ciudadanía hacia las cosas que realmente deben importarnos: ¿tenemos empleos decentes?, ¿las instituciones velan por nuestros intereses?, ¿las autoridades gastan adecuadamente los recursos públicos?, ¿qué políticas se han aprobado recientemente para contribuir a mejorar los servicios sociales?
Hace poco escuchamos la voz segura y valiente de una dirigente del SINTRACGR diciéndonos, como representante de su gremio y servidora pública, que existen normas que se deben cumplir más allá de los intereses de quienes actualmente tienen el poder político; y las repercusiones fueron importantes. Esta es una muestra de que en un país como el nuestro es necesaria una mayor organización sindical, pues esto favorece que el equilibrio social se sitúe en un punto más justo; no obstante, posicionar nuevamente el discurso sindical también pasa porque quienes integran dichas organizaciones discutan y tomen decisiones sobre los temas que aquejan a sus agremiados y sobre aquello que interesa al bien común, que también es el propio.
1 SAMAMÉ MORANTE, Víctor Raúl (2005). La flexibilidad del derecho de trabajo (p. 67). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/210
² Este dato no incluye a los locadores de servicios, quienes no tienen formalmente una relación laboral, aun cuando en la práctica muchos de ellos prestan sus servicios bajo subordinación y dependencia.
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