El cambio de nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia representa no solo la discusión sobre una nomenclatura. Trae un fondo mayor y obedece a la ola de conservadurismo que, poco a poco, va sometiendo bajo su ideología y control a instituciones y puntos de vista.
Los derechos de la mujer, los avances obtenidos en educación, salud y trabajo, las libertades políticas y la ansiada paridad, que forma parte de las metas universales del milenio, podrían invisibilizarse si es que se impone esta propuesta, ya aprobada en la Comisión de la Mujer del Congreso.
Se trata de reducir a la mujer al círculo familiar, como si fuera su espacio natural. Quedan por fuera los esfuerzos que han desplegado millones de mujeres que en su momento alcanzaron el derecho al voto, y que ahora ingresan a las universidades, trabajan en puestos no siempre remunerados a la par del de los hombres, pese a que son similares, y van logrando equipararse como iguales en un mundo cada vez más competitivo.
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La ola conservadora actúa en alianza con partidos políticos que llevan consignas contrarias a la educación sexual, enfoque de género, matrimonio igualitario y el controvertido aborto. Forman parte de ese discurso retardatario que busca imponerse en el espacio público, dándole interpretaciones prejuiciosas a lo que debería ser pura política pública de protección y promoción de los derechos de las mujeres.
En ese contexto se inscribe esta nueva iniciativa del Congreso para el cambio del nombre del MIMP. Es un nuevo intento de frenar los avances obtenidos por las mujeres en los espacios públicos y de constreñirlas al círculo familiar para limitar su desarrollo. Un vuelco en la lucha por la igualdad y un obstáculo más para impedir la ansiada equidad. Un paso atrás en políticas públicas. Un lamentable retroceso.
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