¿Y cómo lo hacen nuestros vecinos?, por Humberto Campodónico
“La Constitución de 1980 de Pinochet prohibió de manera explícita la privatización de Codelco, que sigue aportando buena parte del ‘sueldo de Chile’”.
Colombia y Chile son dos países muy distintos en cuanto a su dotación de recursos naturales de las actividades extractivas, vale decir de hidrocarburos y minerales. Pero muchas de sus políticas son comunes.
Chile es el primer país productor de cobre del mundo y la estatal Codelco es la empresa cuprífera más grande del mundo; hay 10 grandes empresas privadas productoras de cobre. Chile casi no tiene petróleo: solo produce 4.000 barriles diarios (bd) y la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) es propietaria de las dos únicas refinerías de petróleo.
Colombia es el segundo país productor de petróleo de América del Sur, después de Brasil. La estatal Ecopetrol (ECP) es la productora de petróleo más grande del país. Colombia es #12 en la producción de carbón del mundo y primera en América Latina (empresas privadas).
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Las políticas de Estado
Las empresas estatales y privadas participan de las mismas actividades. Pero algunos de sus comportamientos difieren. Veamos.
En Chile, 10 empresas privadas extranjeras producen el 73% del cobre y Codelco el 27%. Michel Jorrat, exjefe del Servicio de Impuestos Internos (SII, la Sunat chilena) dice que (1), del 2000 al 2019, la renta económica del cobre fue de US$176.900 millones: 44% para las empresas privadas y 56% para el Estado, las mismas que provinieron de las rentas de Codelco (el 27%) y de los impuestos a las privadas (el 29%). Sin Codelco, la renta del Estado hubiera sido mucho menor. La Constitución de 1980 de Pinochet prohibió de manera explícita la privatización de Codelco que sigue aportando buena parte del “sueldo de Chile”.
En Colombia, de los 780.000 bd producidos el 2022, el 60% provino de la explotación directa de ECP y el 40% de empresas privadas con contratos de asociación (una parte de esa producción va a ECP). Cuando terminan, el 100% del petróleo pasa a propiedad de ECP. Así sucedió en el 2010 con Cupiagua de British Petroleum (30.000 bd); y con Cusiana (44.000 bd) en el 2016. También en el 2016, con los 200.000 bd de Pacific Rubiales.
Ese petróleo constituye un aporte de capital en especie a ECP, lo que le da mayor fortaleza productiva y económica. Ese aporte en especie, no en dinero del Tesoro, ¿por qué no podría darse en el Perú? Ahí está el Lote X.
Refinar es negocio
En Chile no existe el mito que se impulsa en Perú: ¿para qué construir una refinería si la producción nacional de petróleo no alcanza para abastecerla? Chile produce 4.000 bd y consume 390.000 bd de petróleo. Las dos refinerías existentes de ENAP (Concón en Valparaíso y Petrox en Bio Bío) pueden destilar 220.000 bd.
Más del 95% del petróleo es importado (una parte la produce ENAP en Argentina y Egipto). Lo mismo sucede en Alemania, Francia, Japón, España y muchos más. Hay varias razones. Una, la seguridad energética: un país debe ser capaz de producir los combustibles que necesita. Otra: el margen de ganancia que se obtiene al refinar petróleo. Y ese margen aumentó enormemente en los últimos años, sobre todo debido a la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022.
En efecto, el margen “normal” de 8 a 10 dólares/barril se elevó a 100 dólares por barril al inicio de la invasión. Y se quedó en niveles de 30 a 40/barril hasta bien entrado el 2023 en que “cayó” a 25 dólares/barril. Por ello, ENAP obtuvo una utilidad de US$575,3 millones para el ejercicio del 2022, US$433,8 millones superior al 2021. Dice ENAP que ese resultado se logró, sobre todo, por los mejores márgenes mundiales de refinación —los llamados “cracks spreads”—.
Así, en el IV Trimestre del 2023, ENAP concluyó la transferencia de recursos al Fisco por US$400 millones, solicitado por el ministro de Hacienda como anticipo de utilidades de 2023 y 2024. Vaya, vaya.
Lo mismo en Colombia con las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, que alcanzaron una carga de 357.000 bd la más alta en los últimos 3 años, y un récord histórico anual en el margen de refino. Para el 2023, las utilidades de ECP alcanzaron US$1.500 millones: la mayor parte proviene de su importante producción de petróleo, pero también de las refinerías.
Gustavo Petro ha dicho que desea una transición energética, lejos del consumo de combustibles fósiles. No está claro aún cómo llevará a cabo este objetivo. La reforma tributaria del 2022 se apoyó fuerte en la no deducibilidad de las regalías petroleras para el cómputo del impuesto a la renta, lo que aumentaba los ingresos fiscales y disminuía las utilidades de ECP. Pero la Corte Constitiucional la declaró inexequible, lo que perjudica los ingresos fiscales y beneficia a las petroleras.
El buen Gobierno corporativo
El énfasis que le da cada país es importante, a la vez que existen diferencias. Veamos solo dos temas: directores y venta de acciones. La Ley 21.025 del 2017 establece que 4 de los 7 directores de ENAP deben ser seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública (objetivo: realizar concursos públicos y transparentes en las instituciones de Gobierno). Hace pocos días, el presidente Boric designó a Laura Albornoz y Rodrigo Azocar, nominados por el Sistema, al directorio de ENAP.
En Colombia, de acuerdo a la Ley 1118 del 2006, el presidente de ECP es elegido por los 9 miembros de la Junta Directiva en 3 etapas: identificación por una reputada firma internacional de los candidatos acordes con el perfil; selección de un reducido número de candidatos; elección del presidente, que debe contar con el voto mayoritario de la Junta, integrada por los ministros de Hacienda y de Energía, el director del Departamento Nacional de Planeación y 6 miembros independientes (uno de ellos representa a los accionistas minoritarios). El presidente de la República nada tiene que ver aquí. En los dos países hay una ley. En el Perú, no.
La venta de acciones no está contemplada en Chile para ENAP y Codelco. Son estatales 100%. En Colombia, en el 2007 se autorizó la venta de hasta el 20% de las acciones de ECP. Hasta la fecha, solo se ha vendido el 11,5%, que está en manos de accionistas minoritarios, más de 245.000 colombianos.
Concluyendo
Quizá lo más importante es que, tanto en Chile como en Colombia, existe un consenso positivo para la existencia de empresas públicas estratégicas, necesarias para la seguridad del país. No se les ocurre decir que “vamos a importar combustibles porque es más barato” (que no lo es, como hemos visto). Se trata de un asunto de seguridad en el abastecimiento energético de todo el país, sus industrias y consumidores, incluidas las provincias más alejadas y pobres.
En ninguno de los dos países se establece en la Constitución la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. Por contrario, allí donde es estratégica, se les asigna un rol para el mediano y largo plazo en los planes de desarrollo. La excepción podría venir por el lado del recorte de las proyecciones de inversión de ECP debido a los planes de Petro para la transición energética. Pero no por el carácter ni naturaleza de la misma.
A tener en cuenta.
Cristal de mira
Humberto Campodónico. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.