Las declaraciones de un delator, por César Azabache Caracciolo

La semana del 5FEB un canal de televisión organizó una noticia sobre uno o dos fragmentos de la declaración que Jaime Villanueva presentó el 30ENE, la parte en que se refería a las relaciones entre Gustavo Gorriti y los fiscales Sánchez y Vela. De inmediato la demanda por conocer el texto entero se hizo masiva. El resultado, las 23 páginas de esa declaración empezaron a circular en redes. Uno de los programas de noticias de la noche del 11FEB puso sobre la mesa una declaración más, que se difundió completa al día siguiente, el 12. Y ahora comienza a expandirse la demanda por las transcripciones de todas las declaraciones que Villanueva haya dado o dé en el futuro.

Empieza a instalarse en nuestro ya cargado ambiente legal un nuevo factor de organización de los debates sobre lo justo e injusto en materia de castigo: contando desde principios de siglo primero fue Matilde Pinchi, luego Jorge Barata y ahora es Jaime Villanueva.

Es aquí, en los casos sobre corrupción, donde se produce esta extraña metástasis. Olvidamos quién es quién y entregamos la posición de acusadores a quienes en verdad solo están intentando no llegar a ser acusados, o no serlo tanto. En este caso, por ejemplo, el personaje de esta historia debería ser la fiscal Delia Espinoza. La fiscal Espinoza está investigando a la fiscal Benavides, suspendida. Villanueva declara interrogado por ella. Y usa los espacios que le conceden preguntas abiertas sobre los personajes del caso para contar historias de las que dice haber sido protagonista o testigo, mezclándolas con cosas que deduce, adjetiva o ha escuchado decir a otros.

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La Fiscalía podría haberle interrumpido, porque no son esos los asuntos que está investigando. Pero acaso por mostrar su imparcialidad registra todo lo que dice. Sin embargo, no ha tomado aún una decisión sobre el mérito que concederá a cada uno de estos aspectos. Alguien pierde la paciencia, rompe la reserva y las saca al público. A partir de ahí lo que sigue es un enorme desorden de acciones impulsivas mezclado por intentos de equilibrar las cosas.

Se trata de procedimientos sobre colaboración eficaz relacionados con corrupción. Este tipo de síndromes, en los que rompemos los caudales del procedimiento y organizamos la agenda en función a lo que dicen o no dicen los colaboradores no ocurre cuando se trata de casos sobre terrorismo, narcotráfico o impuestos, en los que la colaboración eficaz está instalada como alternativa hace décadas, en algunos casos desde los 80. Estoy seguro, de hecho, que muy pocas personas pueden recordar el nombre de un delator que haya presentado declaraciones fuera de asuntos vinculados a corrupción. Solo cuando se trata de asuntos vinculados al abuso del poder se apodera de nosotros esta tendencia impetuosa a sobredimensionar el papel de los delatores, a empoderarlos, a convertirles en acusados privilegiados, en el fiel de la balanza. Comenzamos a violar de manera consentida la regla de reserva que no en vano imponen las leyes sobre el contenido de sus declaraciones y devoramos sus dichos como si fueran pan en un desierto.

Al final en este tipo de casos las colaboraciones se convierten en aceleradores de procesos de incriminación que deberían usar procedimientos más equilibrados para cernirse antes de establecerse. Precipitamos las cosas en la espiral que forma una noticia que avanza sin resistencias institucionales. Entonces el Congreso pide copias de todo, los tirios piden que se investigue a Hernán Garrido Lecca, a Keiko Fujimori y Martha Moyano mientras los troyanos piden la cabeza de Gustavo Gorriti, Pablo Sánchez y Rafael Vela. La JNJ, acaso por las secuelas de una crisis que aún no termina, abre investigaciones sobre tres fiscalías olvidando que la fiscal Espinoza, ante quien se han presentado las declaraciones de Villanueva, aún no ha decidido qué hará con ellas. Al hacerlo, en mi opinión comprensiblemente pero antes de tiempo, abren además una paradoja: las declaraciones de Villanueva mencionan también al magistrado Thornberry, actual miembro de la propia JNJ, a quien se relaciona con la influencia que la fiscal Benavides podría haber tenido en el procedimiento en que se le eligió como fiscal suprema.

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Me parece imposible contener el interés que convocan estas revelaciones a nivel de medios. Imposible e innecesario. Pero el sistema institucional tendría que ofrecer alguna resistencia al impulso. Contener esas sobreexposiciones que se producen cuando resulta que todas las oficinas públicas pretenden inmiscuirse a la vez en el mismo asunto para terminar en declaraciones a veces contradictorias, a veces extemporáneas. Sin esa resistencia que ponga algo de orden en la crisis, nuestra adicción a estas revelaciones contagia al sistema entero y nos expone a una forma de dependencia que estalla cuando pasan cosas como la que está ocurriendo en el caso Humala-Heredia: Jorge Barata decide que no vendrá al Perú a declarar en el juicio y la posición entera de la Fiscalía queda en riesgo.

Es un pésimo negocio entregarle la organización de la agenda institucional a quien intenta evitar ser acusado o ser lo menos acusado que sea posible. Al hacerlo distorsionamos el peso del sistema legal, que termina subordinado a quienes deberían someterse a la Justicia y punto.

De hecho el esquema de las declaraciones de Jaime Villanueva reproduce uno que puede verse en los antecedentes de estas historias.

Siempre me pareció que Vladimiro Montesinos manejaba de una manera u otra los destapes de la señora Pinchi Pinchi. No pude confirmarlo nunca. Pero mantengo esa impresión. De hecho la mecánica seguida con los videos (primero uno, luego todos) se reprodujo en sus declaraciones, y supone mezclar respuestas a preguntas directas con una serie de afirmaciones que, por moverse en la más absoluta y temeraria ambigüedad, crean secuelas que dependen de lo que en adelante diga, revele o corrija quien declaró originalmente.

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Barata hizo algo semejante. Obligado a declarar por los acuerdos de Odebrecht, saltó de los casos sobre sobornos a los casos sobre campañas: amplió el espectro hasta una zona suficientemente ambigua como para concederse a sí mismo cierto control sobre las secuelas de sus declaraciones.

Parece sencillo notar que Jaime Villanueva reproduce la misma mecánica de expansión de las cosas hacia sus borrosos confines.

Entonces parece urgente volver a poner en el centro el peso neutro de las evidencias. Los pantallazos de chats del caso Valkiria deberían ocupar un papel decisivo en la construcción del imaginario colectivo sobre el caso Benavides. Esos pantallazos siguen siendo más importantes que las declaraciones de Villanueva, especialmente cuando estas se refieren a asuntos que aún no está claro si deberán ser investigados oficialmente o no.

Las evidencias no acumulan poder ni influencia. Los delatores sí.