El año del daño

Dina Boluarte atinaba a frases y lugares comunes en un discurso ante gremios de pequeña y microempresa, mientras que en la cárcel de Barbadillo se iban alistando para liberar a Alberto Fujimori y en la Junta Nacional de Justicia el Pleno sesionaba para darle forma a la medida disciplinaria que obligara a la fiscal de la Nación a dar un paso al costado, en tanto duren las investigaciones sobre la presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

Se trataba de un discurso emitido en el universo paralelo en el que ella y su Gobierno viven o pretenden vivir, a la vez que la crudeza de la realidad va colocándonos con pasivos en materia de derechos humanos, inseguridad ciudadana, calidad educativa, entre otros retrocesos.

Mientras ella aseguraba que el Estado de derecho está debidamente garantizado, el Gobierno peruano se aprestaba a dar cumplimiento al mandato del TC sobre la libertad de Fujimori, en abierto desacato al derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado ayer que el indulto a Fujimori es inaplicable. Lo fue en el 2017 y lo es ahora, porque nunca se reconoció el daño provocado ni se impartió justicia debida a las víctimas.

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La falta de contenido del discurso de la mandataria lo hace inconsistente y hueco. Desde que formó parte de la dupla Castillo-Boluarte hasta que se colocó la banda presidencial hace un año, solo ha sido una larga sucesión de fracasos y errores. Este último año ha sido flagrante la violación de derechos humanos que, al inicio de su accidental mandato y en respuesta a la protesta social, dejó el saldo de 49 personas asesinadas, sin que se vea avance en las investigaciones fiscales para sancionar a los responsables.

La separación de poderes es otra de las carencias generadas por el régimen, genuflexo ante un Legislativo que tiene la reelección y el fin del mandato de Boluarte como mecanismo de presión y chantaje siempre a la mano.

Es un balance negativo de los últimos 12 meses de Gobierno: incumplimiento de obligaciones internacionales, impunidad, corrupción, retroceso en las principales materias obligatorias para el Estado, agudización de pobreza, recesión y una acumulada desesperanza de peruanos que no ven la luz al final del túnel.