El silencio del defensor

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, no solo sabe esconder la cabeza cuando se requiere que fije posición por un tema que directamente le atañe como es el acoso al que está siendo sometida la Junta Nacional de Justicia, también entiende de coyuntura y ahora busca aprovechar la ola conservadora y autoritaria para terminar de liquidar a una institución que fue un pequeño oasis de democracia, la Defensoría del Pueblo.

Ha presentado un proyecto que anula los criterios que mantuvieron siempre el perfil técnico que caracterizó a la institución. Ahora pretende que se elija a dedo al secretario técnico y a los defensores adjuntos, la perpetuidad en el cargo para permanecer hasta que se logre la designación de su reemplazo, y otras modificaciones a la ley actual, que, en vez de fortalecerla, lamentablemente la debilitan.

Organismos como la Junta Nacional de Justicia y las entidades del sistema electoral han sido víctimas de un Congreso agresivo y de un Ejecutivo permisivo con el poder ejercido sin límites desde el Legislativo. El silencio del defensor ha sido una muestra palpable de su vínculo con esa coalición autoritaria que hoy nos gobierna.

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Producto del pacto del fujimorismo con el cerronismo, logró los votos que de otra manera hubieran sido imposibles. Sin preparación académica adecuada y con desaciertos de primera intención, al sentarse en la mesa con los lúmpenes de ‘La Resistencia’, no pudo ni supo ubicarse en su rol, que es la defensa del ciudadano frente a los abusos de la autoridad.

Sus primeras acciones lo llevaron a recorrer las áreas castigadas por las lluvias y los fenómenos climáticos en busca de damnificados que le dieran alguna justificación para no pronunciarse ante la violencia con la que la Policía y el Ejército actuaban contra civiles desarmados en protestas callejeras.

Los silencios cómplices han ido rebajando la calidad que siempre caracterizó a la Defensoría. Hace poco fueron contratos sin que se mantenga el estándar de calidad que demanda el Estado. Para lograrlo se modificó el propio cuadro de calificación que exige títulos y grados académicos. Ahora no le basta, quiere seguir siendo la agencia de empleo que devuelva el favor de los votos. Es una lástima que la sociedad haya perdido una institución que siempre fue garante de la democracia.