¿Quién quiere protestar conmigo?, por Rosa María Palacios

Entre la última elección parlamentaria (abril 2021) y hoy se han inscrito 13 partidos y 5 más están en carrera. A diferencia de los 10 partidos que salvaron la inscripción pasando la valla del 5%, los nuevos tienen una militancia reclutada los últimos 24 meses. Son 25.000 militantes obligatorios por partido en todo el Perú. Muchos experimentados o reciclados de otras organizaciones políticas, pero todos con los que he conversado, muy interesados en participar en elecciones generales bastante antes del 2026. No teniendo representación parlamentaria, solo les queda el activismo. Hablamos de más de 300.000 personas recientemente inscritas. Es decir, “militancia fresca”, con ganas de pelearla. Eso incluye a grupos con experiencia como el Apra o el Frepap.

El dato ha sido invisibilizado hasta ahora porque estamos acostumbrados a partidos, cascarón o franquicia. Un caudillo o una cúpula que decide por todos. Una coalición de lo que caiga, solo para el proceso. Las elecciones internas no convocaron ni al 5% de la supuesta militancia para el proceso electoral 2021. Pero algo muy importante ha cambiado. En el 2019, como parte de la reforma política, cambiaron las reglas de inscripción de partidos y permanencia en el registro. Hoy, necesitas militancia activa, no firmas de adherentes. La novedad está en tener, por primera vez en nuestra historia política, más partidos “frescos” (o refrescados) fuera que dentro del Congreso y a solo dos años de su instalación. Hay, pues, un incentivo inmenso para acelerar la salida de un Congreso que solo tiene 6% de aprobación popular y 10 partidos que son herederos de varios salvatajes legales de su inscripción, por lo que sus militancias han ido abandonándolos.

El adelanto de elecciones les interesa y no son los únicos. El Gobierno ha construido una alianza precaria con el Congreso de punto único: nos quedamos todos. Pero solo con esa agenda es imposible gobernar. Ni siquiera en piloto automático.

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Las capas de descontento ya forman una pirámide. En la base están ciudades, comunidades y familias que han puesto 49 muertos por proyectil de arma de fuego de la Policía y el Ejército. La respuesta del Gobierno ha sido negarlo todo y garantizar impunidad en los hechos. También mentirnos y terruquear a todos. Eso es inaceptable. A quien cometa delito de daños, disturbios o toma de una vía (que siempre los habrá) se le detiene y se le juzga. No se le mata. No en una democracia.

Sigue una población a la que no se le explicó que no le habían robado su voto, con paciencia y docencia política. Donde Castillo dio un golpe, la población entendió que el Congreso lo derrocó. ¿Por qué? Hay varios factores. Desde la ausencia en medios de Boluarte sustituida por una prensa “alternativa” (véase el estudio del Centro Wiñak citado por Fernando Vivas) hasta el recuerdo de Vizcarra, ese sí, derrocado por el Congreso.

Sobre ellos, avanza el descontento de millones por una situación económica que no va a mejorar, menos con un fenómeno de El Niño, con un Gobierno que no sabe gestionar servicios básicos como el de salud. El descontento se entiende mejor cuando las promesas se rompen. El 11 de diciembre pasado Boluarte prometió un proceso de adelanto de elecciones. El Congreso se negó. Basta con que ella renuncie, sin ninguna otra condición, para que tengamos elecciones. Pero más pudo la ambición y, eso, tampoco se lo perdonan.

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Mientras tanto, el Congreso arrasa con el Estado de derecho con un Tribunal Constitucional que, por ejemplo, le da una inconstitucional iniciativa de gasto a los parlamentarios (mientras que unos supuestos liberales aplauden), aprueba que la Constitución se cambie por ley o dice que el Congreso solo puede ser disuelto “cuando así lo desee”. Las acusaciones constitucionales se usan como cuchillo para cortar las cabezas de todo el sistema de justicia y el electoral y los intereses mercantilistas en educación, transporte, actividades ilegales y obra pública, priman. Se han traído abajo la colaboración eficaz, por si no les quedó claro el pacto con la corrupción.

En el colmo del cinismo, la ministra de Cultura manda a recibir a las fuerzas de choque fascistas de las cuales he sido víctima. Si necesitaba la gotita, fue esa. No soy comunista ni terrorista y Castillo está bien preso. Me importa poco que el Gobierno haga (ellos sí) campañas de terror auxiliado por una prensa decadente, unas fuerzas del orden manipuladas y un ejército de troles. Tampoco comparto consignas de la izquierda (ni de la ultra ni de ninguna). Pero no voy a dejar que se extinga la democracia, en silencio. ¿Seremos 4 gatos? Tal vez. Pero por el miedo que exhibe el Gobierno, tal vez seamos un poquito más este 19 de julio pidiendo que nos permitan votar. Ese es el único acto revolucionario que pido: votar.