Alimentando fantasmas, por David Rivera
“¿Son conscientes de las implicancias que tendrá la suma de estas variables en la inestabilidad política y social y, por lo tanto, en la propia economía del país?”.
Si luego del Gobierno de Castillo la derecha tenía la cancha relativamente servida para el próximo proceso electoral, ella misma se está encargando de crear el escenario no solo para no ganar una elección, no solo para que a la izquierda se le abra una nueva oportunidad, sino sobre todo para que la indignación termine prevaleciendo en las próximas elecciones y un sector cada vez mayor del país termine apostando por un discurso radical. El solo hecho de que exista esa posibilidad debería encender las alarmas, pero no lo hace. ¿Por qué?
Tal vez sea así porque también existe la posibilidad de que triunfe un discurso radical de derecha. ¿Debería ser ese un factor tranquilizador? Más específicamente, ¿debería tranquilizar a nuestra élite económica?
No debería, pero parece que lo hace. Una muestra es la reciente encuesta a gerentes generales de Semana Económica realizada por Ipsos. Es entendible el rechazo absoluto al Gobierno de Castillo, pero ¿cómo explicar que un 71% apruebe al Gobierno de Dina Boluarte? ¿Cómo así nuestra élite económica aprueba a un Gobierno que se hace el muertito no solo ante la arremetida golpista del Congreso, sino que hace lo propio con reformas importantes para la productividad y el crecimiento económico como la universitaria? ¿Dónde quedó la preocupación por la pérdida de capacidades en la administración pública y, por ejemplo, la relevancia de fortalecer la salud pública tras la pandemia? ¿Cómo así ya no es importante la gestión que un Gobierno haya tenido y pueda tener ante el fenómeno de El Niño y su impacto en los niveles de pobreza?
Tal vez sea mucho preguntar, pero es necesario hacerlo. ¿Dónde quedó el supuesto entendimiento que habían alcanzado respecto a la importancia de la institucionalidad como factor clave en el crecimiento y desarrollo de los países? ¿O cómo así es de su agrado un Gobierno que no solo justifica la violación de derechos humanos durante las protestas de inicios de año, sino que lanza amenazas asolapadas con frases como “cuántos muertos más quieren”?
¿Son conscientes de las implicancias que tendrá la suma de estas variables en la inestabilidad política y social y, por lo tanto, en la propia economía del país? Porque se puede comprender que en lo económico prefieran el escenario actual al que existía con Castillo. Pero resulta preocupante que no haya una posición abierta, clara y contundente contra la intención de los sectores mafiosos del Congreso por capturar el sistema de justicia y los órganos electorales, por traerse abajo casi todo aquello que había costado trabajo construir y por estigmatizar (terruquear) el descontento y las protestas sociales.
Con variables como la seguridad ciudadana deteriorándose a la velocidad que lo está haciendo, un Bukele peruano es una posibilidad no menor. Pero esa promesa de mano dura puede llegar de cualquiera de los dos extremos. Si habitualmente en cada elección un tercio del país buscaba cambios radicales al “modelo” y una nueva Constitución, pues ahora tendrán más convicción y apostarán por alguien no solo que los represente y con quien se identifiquen, sino que confronte con más vehemencia a los sectores que los han denigrado con violencia y sin reparos.
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De ahí la importancia de la respuesta que se vaya a dar frente a las marchas convocadas para el próximo miércoles 19 de julio. Si algo de ecuanimidad queda, la élite económica y la derecha democrática tendrían que rechazar no solo los potenciales actos de violencia que puedan surgir en las protestas, sino también la violencia con la que el Gobierno, algunos sectores políticos del Congreso, algunos medios de comunicación y agrupaciones como ‘La Resistencia’ pretenden “lidiar” con el malestar ciudadano. La otra opción es que continúen alimentando sus propios fantasmas.
