Todo depende del Congreso, por Rosa María Palacios

La política peruana es como la garúa costera. No moja nada, pero igual ensucia. Acostumbrados ya estamos a esa pasmosa grisura de los cielos que inunda el estado de ánimo y convive con un gobierno que se hace el que gobierna y una oposición que también finge serlo, cuando ninguna de las dos cosas en realidad sucede.

No hay ni gobierno ni oposición, en un cabal sentido. Hay una convivencia tóxica, muy normalizada, donde, por ejemplo, hacerte el muerto ya ni siquiera sorprende.

Sin embargo, el tedio poselectoral ha tenido esta semana un súbito arrebato de actividad frenética. En la litigiosidad irrefrenable y simultánea de todos los poderes del Estado, en una orgía de recursos donde lo que prima es el “todos contra todos”, la denuncia constitucional de la fiscal de la nación contra el presidente es el plato fuerte del día.

La investigación preliminar ha concluido, dejando a Pedro Castillo más embarrado que ningún otro presidente en ejercicio del que se tenga memoria. En resumen, se le encuentra sospechoso de haber vendido todo lo que no podía tocar y más. Desde puestos de confianza hasta millonarios contratos de obra pública con empresas chinas. Desde prebendas para sobrinos y otros familiares hasta “alitas” para sus ministros.

¿Este es el fin del gobierno de Castillo? De ninguna manera. Para eso, debería tener un poco de vergüenza y eso es algo, seamos claros, que ya se perdió en la política peruana. Sus antecesores huían, renunciaban o se mataban.

Este ni cuenta se ha dado de que tiene que salir del lamento mendicante del “pobrecito de mí” y rendir cuentas sobre los hechos que se le imputan. Hechos, hay que decirlo una vez más, que no ha respondido nunca. Ni ante la fiscalía ni en sus parametradas conferencias de prensa ni a través de sus voceros ministros, que el martes tenían cara de asistir a su propio velorio.

El fin del gobierno de Castillo pasa por otro obstáculo que parece insalvable: el Congreso. Si a los ciudadanos se les hace difícil entender que el artículo 117 de la Constitución devino en inconstitucional por quedar abrogado por el artículo 30, parte 2 de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, ¿se imaginan lo que será de complicado de entender para un congresista que se juega la quincena cada mes?

En realidad, es muy sencillo. Todo privilegio e inmunidad (por ejemplo, ser juzgado directamente por la Corte Suprema o el antejuicio en el Congreso) debe guardar equilibrio con la necesidad de investigar, juzgar y condenar efectivamente a todo funcionario.

En una prohibición absoluta no hay ningún equilibrio. El 117, que prohíbe acusar al presidente por cualquier delito que no sea traición, es inaplicable cuando se trata de corrupción porque el tratado mencionado tiene rango constitucional. Fácil, ¿verdad?

El tercer obstáculo viene del proceso y sus consecuencias. De nuevo, para la mayoría de las personas, las instituciones de acusación constitucional, vacancia presidencial, antejuicio y juicio político son un sancochado inentendible. Lo sorprendente es que, para los congresistas, también. Confunden todo y se confunden más.

Pero lo mismo podría decirse del Consejo de Ministros, los abogados de Castillo y hasta de él mismo. Para que quede claro: lo que ha pedido la fiscal es un antejuicio, para que, luego de un proceso de unos meses, el pleno del Congreso autorice con una resolución acusatoria el juzgamiento del presidente ante la Corte Suprema. Nada más.

Las consecuencias accesorias de esa decisión son competencia exclusiva del Congreso. Y ahí esta la madre del cordero. Sobre esto, la permanencia o no en el poder de Castillo, se abren varios caminos. El primero, se le juzga estando en funciones. El segundo, se le suspende, pero retiene la presidencia hasta el término del juicio o hasta que termine el mandato original (una interpretación del artículo 114).

El tercero, se le suspende, destituye o se le inhabilita, pero por mandato de un simultáneo juicio político derivado de la infracción de la constitucional (artículo 100). Hay los que insisten con la vacancia por incapacidad moral, un camino probadamente sedicioso e inconstitucional. Cada uno de esos caminos tiene, por supuesto, votaciones calificadas diferentes y consecuencias en la permanencia del Congreso o la activación de la sucesión presidencial.

Nuestros congresistas ¿podrán con esto? Les dejo la respuesta a ustedes.