Volvemos a la normalidad, por Rosa María Palacios

El Ejecutivo nombró a Javier León como procurador general del Estado. Por su parte, el Legislativo nombró a Luis Grados como jefe de seguridad del Congreso.

El primero tiene investigaciones por pertenecer al entorno de Fernando Zevallos, alias el Lunarejo, narcotraficante de muy alto vuelo, hoy preso y recordado por el infame mérito de haber integrado la lista de los más buscados (Foreign Narcotics KingPin Designation Act) para el Gobierno de los Estados Unidos.

El segundo es acusado de haber participado en la masacre de Putis en 1984, donde el Ejército asesinó a 123 personas, incluidos 16 niños, cuyos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes que permanecieron ocultas hasta el 2001. Fosas que los mismos militares les obligaron a cavar para luego fusilarlos porque “parecían” simpatizantes de Sendero, cuando en realidad estos eran víctimas de repetidas incursiones terroristas como investigó la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Este es el resumen más sintético de lo que son los poderes del Estado hoy. Acabada, apenas en una quincena, la campaña política más triste y sin esperanza que se recuerde, volvemos a la normalidad que consiste en este penoso concurso de miserias en el que compiten Ejecutivo y Legislativo. Cuando uno hace un disparate, el otro se esfuerza solo en superarlo.

Se podría pensar que, pese a sus carencias obvias, la oposición parlamentaria al menos ha resultado una muralla contra las intenciones primarias de Castillo y Perú Libre de destruir el capítulo económico de la Constitución, protegiendo el libre mercado, garantizando la libertad de contratación, defendiendo la propiedad privada de los arrebatos de Vladimir Cerrón Rojas y su elenco estable. Sin embargo, ni para eso ha servido.

Esta semana han permitido el asalto a la Derrama Magisterial que es, aunque les pese, una empresa privada. El Congreso, con mayoría de centroderecha que se reclama liberal o de economía social de mercado, no ha podido reunir los votos para detener la invasión que el sindicato personal del presidente Pedro Castillo pretende hacer al directorio de la institución poniendo en riesgo los ahorros de 300.000 maestros. Basta una ley para derogar un decreto supremo.

La oposición parlamentaria está más entretenida en ir a la puerta de la Asamblea 52 de la Organización de Estados Americanos a gritar “¡la OEA es atea!” (como si tuviera que ser confesional, ¡qué vergüenza ajena!) embarcada en una farisea guerra santa que de católica no tiene nada (no es más que un distractor), en vez de legislar, algo que solo ellos pueden hacer.

Por ejemplo, atender las condiciones laborales de miles de trabajadores que prestan servicios tercerizados y que el Gobierno y su entonces ministra de Trabajo, Betssy Chávez, han dejado en la calle. Si no fuera por las medidas cautelares obtenidas, el desastre laboral sería gigantesco, en un momento en que el empleo y el ingreso promedio están en caída. ¿Qué ha hecho el Congreso por derogar este decreto supremo y el nefasto de relaciones colectivas de trabajo? Nada.

Igual que con la Derrama, el auxilio y la defensa del libre mercado contra Castillo y sus ministros están en Indecopi y el Poder Judicial. No tenemos un Congreso proinversión ni promercado. Si alguien lo creyó, fue un error. Tenemos un Congreso tan mercantilista como el Ejecutivo.

Mientras que Castillo, ahora transmutado al terno y corbata, contrata abogados para perseguir a su investigadora, la fiscal de la Nación, la oposición en el Congreso trata de desaparecer a la congresista que presentó el proyecto de ley de reforma constitucional para adelanto de elecciones. Casi censuran a Digna Calle, que pertenece a un partido que tiene chicharrones hasta en su inscripción, pero que los demás necesitan para lograr conquistar, por ejemplo, la Mesa Directiva.

Con estos pleitos, ¿en serio alguien puede creer a estas alturas en los arrebatos vacadores de Avanza País, Renovación Popular o Fuerza Popular? No es más que un disfuerzo, cada día más doloroso para los millones de peruanos hartos de tener no solo un gobierno corrupto, sino absolutamente incompetente para generar las condiciones de inversión que traerán prosperidad, con un comodísimo Legislativo sosteniendo el pacto de facto de “nos quedamos todos”.

Y así, ya pasaron 15 meses. Faltan 45 y parece que nada va a cambiar en ellos. Salvo ir a nombramientos más brutales. Narcos y torturadores atentos. Seguro que les liga una chambita.