Cuidado, inmigrantes en USA: estado ofrecería a policías US$2.500 por cada indocumentado deportado si se aprueba proyecto de ley
En Arizona, se presenta un nuevo proyecto de ley, SB1111, que propone recompensas de US$2.500 por cada detención que lleve a la deportación de inmigrantes indocumentados.
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En Arizona, un nuevo proyecto de ley busca ofrecer una recompensa de US$2.500 a las fuerzas del orden por cada detención que conduzca a la deportación de inmigrantes indocumentados. Esta iniciativa, promovida por el Partido Republicano, ha suscitado un amplio debate en torno a sus posibles repercusiones en los derechos civiles y en la comunidad inmigrante, de acuerdo con lo reportado por Arizona Mirror.
La iniciativa, conocida como SB1111, busca establecer un "Fondo de Deportaciones de Arizona" que financiaría estas recompensas. A pesar de las críticas de activistas de derechos humanos, los legisladores republicanos defienden la propuesta como una forma de recuperar fondos que, según ellos, se envían al extranjero a través de remesas.
El proyecto de ley, patrocinado por el senador Jake Hoffman, ha sido calificado como un ataque directo a las comunidades de inmigrantes y ha reavivado el debate sobre la política de inmigración en el estado, que ya había sido marcado por la controvertida ley SB1070 en 2010.
Ley SB1111, un enfoque polémico hacia la inmigración en Arizona
La SB1111 representa un cambio radical en la forma en que se aborda la inmigración en Arizona. La propuesta no solo busca penalizar a los indocumentados, sino que también transforma a las fuerzas policiales en agentes de caza de inmigrantes. Activistas como Noah Schramm, de la ACLU de Arizona, advierten que esta medida podría intensificar el perfil racial y violar los derechos constitucionales de los residentes, independientemente de su estatus migratorio.
La crítica se centra en que, al ofrecer incentivos económicos a las fuerzas del orden, se priorizará la aplicación de leyes federales de inmigración sobre las leyes estatales, lo que podría llevar a un aumento en las detenciones basadas en la raza o el origen étnico. Lena Avalos, de Living United for Change in Arizona, calificó la legislación de "hateful" y "racista", argumentando que desvían la atención de problemas más urgentes que enfrenta el estado, como la vivienda y la atención médica.
SB1111: ¿en qué consiste el financiamiento a través de remesas en Estados Unidos?
El financiamiento para las recompensas provendría de un aumento en los impuestos sobre las transferencias de dinero al extranjero, un método que ha sido criticado por su impacto desproporcionado en las comunidades inmigrantes. Hoffman argumenta que este impuesto es necesario para recuperar los fondos que, según él, se pierden en la economía local debido a las remesas enviadas por indocumentados.
Sin embargo, los opositores a la ley, incluidos algunos demócratas, han señalado que penalizar a quienes envían dinero a sus familias en el extranjero es injusto. El senador Flavio Bravo destacó que muchos de estos migrantes son trabajadores que han contribuido a la economía local y que simplemente buscan apoyar a sus seres queridos.
Reacción de la comunidad y la Policía ante la SB1111
La propuesta ha encontrado resistencia no solo entre los activistas, sino también dentro de la comunidad policial. La Asociación de Policía de Arizona, que representa a más de 12,000 oficiales, se opone a la creación de un sistema de recompensas por arrestos, argumentando que monetizar las decisiones de arresto es inapropiado.
Además, investigaciones previas han demostrado que la policía en Arizona ya ha sido acusada de discriminación racial. Un informe del Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que los oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa detuvieron a latinos con una frecuencia desproporcionada. Esto plantea serias preocupaciones sobre cómo se implementaría la nueva ley y su potencial para exacerbar la discriminación.
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El futuro de la SB1111 en Estados Unidos
La SB1111 ha pasado en el Comité de Gobierno del Senado, controlado por los republicanos, y se espera que sea aprobada por el Senado estatal. Sin embargo, si llega a la oficina de la gobernadora Katie Hobbs, se anticipa que será vetada. Hobbs ha expresado su compromiso de no permitir que se convierta en ley, argumentando que no se puede poner un precio a la seguridad y dignidad de las personas.
La gobernadora ha abogado por un enfoque más humano hacia la inmigración, buscando aumentar el financiamiento para las comunidades en lugar de criminalizar a los inmigrantes. Su portavoz ha dejado claro que no se permitirá que la política de inmigración se convierta en un juego de mensajes políticos a expensas de los derechos de los ciudadanos y residentes de Arizona.
