Estados Unidos

California 2024: la NUEVA PROPUESTA que aumentaría las deportaciones en Estados Unidos en los próximos meses

Para las elecciones en Estados Unidos, los ciudadanos del 'Golden state' deberán votar para aprobar o no la Proposición 36, medida que tendría consecuencias en las leyes penales.

El propósito de la ley en California es reestructurar las sanciones para los inmigrantes en Estados Unidos. Foto: composición LR/AFP
El propósito de la ley en California es reestructurar las sanciones para los inmigrantes en Estados Unidos. Foto: composición LR/AFP

California se encuentra en una situación expectante ante la posible aprobación de la Proposición 36, la cual propone cambios significativos en las leyes penales. Esta propuesta busca ampliar la clasificación de ciertos delitos como graves y aumentar las penas para cargos relacionados con drogas y robos repetidos, según informa CalMatters.

A pesar de que los impulsores de esta medida buscan reforzar las acciones contra el crimen, es importante tener en cuenta que esta iniciativa, que será sometida a votación por la ciudadanía el próximo 5 de noviembre, coincidiendo con las elecciones en Estados Unidos, también podría tener como consecuencia un aumento en las deportaciones.

¿Qué establece la NUEVA MEDIDA de la proposición 36 en California?

La aprobación de esta iniciativa parece ser un hecho casi seguro, ya que, según diversas encuestas, aproximadamente tres cuartas partes del electorado californiano tiene la intención de votar a favor. Según el sondeo realizado por el Instituto de Políticas Públicas de California, el 73% de los encuestados afirmaron que la respaldarán, mientras que el 25% tiene previsto oponerse.

La propuesta que mencionas tiene como objetivo reestructurar las sanciones para aquellos que reinciden en delitos relacionados con estupefacientes y robos. Anteriormente, ciertos actos como el hurto de bienes valuados en menos de 950 dólares se consideraban faltas menores. Sin embargo, de aprobarse este proyecto, una persona que cometa un tercer delito de esta naturaleza podría enfrentar cargos de felonía, con sentencias de hasta tres años de prisión.

Esta reforma busca revertir algunas disposiciones de la Proposición 47, aprobada en 2014, la cual tenía como objetivo reducir el hacinamiento en las cárceles al disminuir las penas para delitos menores no violentos.

Por otro lado, la Proposición 36 establece que las sentencias por delitos relacionados con la venta o posesión de drogas como el fentanilo, la heroína y la metanfetamina deben ser cumplidas en prisión estatal y no en cárceles de condado, lo que ampliaría la clasificación de crímenes que requieren condenas más severas. Según el análisis legislativo del proyecto, esta disposición podría resultar en un aumento en el número de personas con largas condenas en el sistema penitenciario del 'Golden state'.

 Las principales ciudades de California son los epicentros de estas solicitudes de detención. Foto: LA Times.

Las principales ciudades de California son los epicentros de estas solicitudes de detención. Foto: LA Times.

Las posibles consecuencias en el sistema judicial y para la comunidad inmigrante en California

La medida propuesta podría tener un impacto significativo en California, especialmente en lo que respecta al aumento de deportaciones. La reclasificación de delitos menores como graves podría llevar a que algunos inmigrantes en el estado se enfrenten a consecuencias inmediatas. Según la ley federal de inmigración, aquellos que cometan ciertos tipos de crímenes graves pueden ser repatriados, independientemente de su tiempo de residencia en Estados Unidos. En este escenario, la Proposición 36 tendría un impacto relevante en estas comunidades, donde los antecedentes penales podrían desencadenar procesos de expulsión del país en coordinación con las autoridades federales.

El aumento de casos clasificados como delitos graves en lugar de faltas menores representaría un desafío adicional para el sistema judicial de California. El procesamiento de un delito grave generalmente requiere más recursos y tiempo, lo que podría sobrecargar a los tribunales locales. Además, el número de personas encarceladas se vería afectado, con proyecciones de un aumento en la población carcelaria.

Por otro lado, la reducción del financiamiento destinado a programas de salud mental y tratamiento de drogas, que se incrementó con la Proposición 47, podría ocurrir al aumentar los costos para el sistema penitenciario. Aunque no está confirmado, esta reasignación de fondos podría impactar en servicios comunitarios clave, dejando aparte de la población sin el apoyo necesario para su rehabilitación.