Aprueban ley agraria que es rechazada por empresas y trabajadores
Agroindustria. Pleno del Congreso dio luz verde a un texto que incluye, adicional al sueldo básico de S/ 930, un bono no remunerativo de S/ 279 al mes. Sindicatos no aceptan la autógrafa. AGAP pide al Ejecutivo observarla y pedir facultades.
A casi un mes de derogar la ley de promoción agraria, y tras cinco textos sustitutorios, el pleno del Congreso consiguió ayer aprobar el nuevo “régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y de riego, agroexportador y agroindustrial”, con 58 votos a favor, 32 en contra y 29 abstenciones.
En palabras del presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, el texto sustitutorio –que sufrió de hasta tres variaciones en las 24 horas previas– " no contiene el porcentaje que los trabajadores esperaban (sobre su remuneración) pero es un punto de partida de la masa trabajadora. Es una gran victoria. Es resultado de su lucha”, enfatizó.
Pero los trabajadores no opinan igual. Ayer en la zona de Chao en La Libertad, algunos sindicatos salieron a protestar. Su dirigente que llegó a Lima, Darwing Valdiviezo, rechazó el proyecto de la Comisión de Economía, pues “se siguen prorrateando nuestros beneficios laborales, se restringe la negociación colectiva por ramas de actividades, y se busca pagar la asignación familiar por día de trabajo y no completo”.
En tanto, Walter Campos, secretario del sindicato de trabajadores de Camposol, manifestó –al cierre de esta edición– que las bases aún se encontraban evaluando una decisión respecto a las acciones que se tomarían. “Necesitamos reorganizarnos bien”, manifestó.
Cabe señalar que la ley tendrá vigencia hasta el 2030.
Sueldo que no convence
Sobre el componente laboral, el texto contempla que el sueldo básico no sea menor a la remuneración mínima (RMV) hoy fijada en S/ 930, a ello se le sumaría una bonificación (BETA) no remunerativa del 30% de la RMV, es decir, S/ 279. Así, el jornal diario básico pasaría de S/ 39,19 a S/ 48,48 (incluidas la CTS y gratificaciones).
Pero Susan Quintanilla, dirigenta del Comité de lucha de Ica, solicitó que se eleven los ingresos en 25% mediante un bono pero con carácter remunerativo. Aunque el congresista Lenin Bazán pidió que se volviera a votar para incluir este punto, su reconsideración fue rechazada.
Otro punto está relacionado a los alcances de la ley, pues aplicaría en aquellos productores con más de 5 hectáreas. En la víspera, la Junta Nacional de Café se mostró en contra de esta inclusión. Pese a ello, Valdiviezo dijo que si bien las cooperativas y asociaciones son pequeñas, los acopiadores “que son transnacionales, principalmente, sí están en la capacidad de pagar los beneficios laborales completos”.
Por su parte, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios (AGAP), manifestó estar en desacuerdo con el texto aprobado. “Los sobrecostos impuestos a la fuerza y sin análisis técnico van a afectar más de 200 mil puestos de trabajo, y generar más informalidad en el sector. El costo laboral es el costo más relevante en los productos que producimos y varía entre 40 a 60% del costo total”, dijo a La República.
Asimismo, a través de una conferencia de prensa, el gremio también señaló que serían más de 2 mil pequeñas empresas las que podrían quebrar en poco tiempo. En ese sentido, opinó que el Ejecutivo debería observar la ley. Y, mientras esa discusión dure, debe emitir una norma transitoria para mantener los beneficios al sector.
Cabe indicar que el camino del texto aprobado es el siguiente: la autógrafa deberá ser enviada a más tardar hoy al Ejecutivo, que tendrá 15 días para observarla o promulgarla.
La AGAP busca que se derogue y que sea en el Consejo Nacional de Trabajo donde dialoguen Ministerio de Trabajo, empresas y trabajadores.
El texto (ver infografía) establece que la jornada de trabajo sea de 8 horas diarias como máximo o 48 horas a la semana. Asimismo, que la participación de las utilidades sea de 5% entre el 2021 y 2023, para luego subir gradualmente hasta el 10%.
Beneficios diferenciados
Por el lado del componente tributario, las 3.600 empresas acogidas a la anterior ley de promoción agraria podrían mantener su tasa de Impuesto a la Renta del 15% al 2021.
Según el texto, dicho beneficio tendrá una vigencia según el tamaño de la empresa: aquellas con ingresos netos hasta 1.700 UIT pagarán el 15% del IR hasta el 2030, para luego pasar al 29,5% desde el 2031. En el caso de las agroindustriales con ingresos mayores a 1.700 UIT –como Camposol, Drokasa, Virú, otros– tendrían que pagar una tasa del 20% para el 2023-2024, del 25% entre el 2025 y el 2027, para llegar al 2028 con la tasa del 29,5%.
Si bien varios congresistas solicitaron que desde el 2021 las 122 empresas más grandes del sector paguen el impuesto general, la Comisión de Economía no logró incorporarlo.
Situación similar pasó con el aporte a EsSalud, los congresistas del Frente Amplio y Frepap, así como Podemos Perú, pidieron que las grandes empresas paguen desde el 2021 la tasa del 9% –como cualquier otra empresa–, pero no se accedió. Así, recién para el 2025 se alinearán con el resto de empresas. Los trabajadores han reiterado sobre la obligación del empleador de cubrir el 9%.
Benefician a empresas de palma aceitera
“De contrabando han incorporado en los alcances de la ley a las empresas de palma aceitera”, alertó ayer el investigador principal de Grade, Eduardo Zegarra.
Efectivamente, el texto de la Comisión de Economía incluyó en su octava disposición complementaria que “los alcances del régimen laboral son aplicables a las actividades agroindustriales del cultivo de palma aceitera y palmito”.
Cabe señalar que este punto fue incluido a pedido del congresista Fernando Meléndez Celis, quien argumentó que dichas empresas “tratan en pésimas condiciones a sus trabajadores”.
Por otro lado, el texto aprobado no incorporó a las empresas acuícolas y forestales, así como tampoco a las avícolas, o aquellas relacionadas con trigo, cerveza, tabaco, semillas oleaginosas y aceites.
No obstante, se ha dejado que el Ejecutivo sea quien reglamente la ley en un plazo no mayor a 30 días a fin de precisar las actividades agroindustriales que podrían acogerse a la ley aprobada ayer, en el último día de la legislatura.
Las cifras
3,6 mil empresas se acogieron al anterior régimen de promoción agraria.
15% del Impuesto a la Renta continuarán pagando las empresas hasta el 2022.
Régimen agrario y asesoría de expertos
Javier Zúñiga, economista
La empresa clasificadora de riesgos Fitch disminuyó la perspectiva del Perú de “Estable” a “Negativa”, colocándonos en una situación poco viable, debido a las distintas disposiciones legales emitidas por el Congreso. Un tema que perjudica la recuperación de la economía es la problemática generada en el sector agrario.
En el tema agrario, el Congreso no tiene una solución inmediata. Con el dispositivo legal emitido estarían complicándose los estados financieros de las medianas y grandes empresas agroindustriales. El sector agroindustrial, que era la perla o la bala de oro para el Perú con el cual ya habíamos superado a Chile y a México en muchos productos de exportación como el arándano, las mandarinas, el mango, la palta, etc., podría verse afectado considerablemente.
Con esta disposición legal nuestra agroindustria podría quedar rezagada de esta ventajosa posición internacional alcanzada. Las personas que han estado protestando en su mayoría corresponden al sector informal y a las familias de agricultores, pero no pertenecen a las medianas y grandes empresas. Las empresas formales no tienen personal tercerizado, pagan adecuadamente a sus trabajadores, les entregan bonos de productividad y están asegurados.
El actual Congreso está emitiendo medidas populistas que no velan por las mejoras laborales de los trabajadores. Lo recomendable sería que sus dispositivos cuenten con la asesoría de expertos para desarrollar políticas que beneficien tanto a los trabajadores como a los empresarios.
Ley agraria: del lobo, un pelo
Enrique Fernández-Maldonado, TrabajoDigno.pe
La nueva ley agraria aprobada representa un avance parcial pero insuficiente, pues posterga las legítimas demandas de los trabajadores de la agroexportación. Para comenzar, el 30% de incremento sobre la remuneración básica (el jornal aumenta a 54 soles, incluida la asignación familiar), además de no contar con carácter remunerativo (lo cual significa que no se contabilizará para fines de CTS y pensiones), está muy por debajo de lo demandado por los trabajadores (un jornal de 70 soles). Especialistas han analizado la evolución de la productividad media y de las remuneraciones reales promedio en el sector agroexportador –en la última década– y han encontrado que la productividad promedio ha crecido más de 48% por encima de las remuneraciones reales promedio. Lo cual daba margen para un aumento más equitativo para los trabajadores.
En segundo lugar, persiste la inestabilidad estructural, al no establecerse ninguna garantía para la continuidad laboral del trabajador, y por tanto, para sindicalizarse. En tercer lugar, no se reguló expresamente el derecho a firmar convenios colectivos por rama de actividad, reduciendo la capacidad de los trabajadores para negociar en mejores condiciones. La contribución menor a EsSalud persiste como un subsidio inaceptable a las medianas y grandes agroexportadoras, lo mismo que las exoneraciones tributarias.
Aunque en lo inmediato mejoran los ingresos laborales, en términos generales, la ley aprobada no hace justicia al aporte de los trabajadores al crecimiento de la agroexportación.
detalles ley agraria
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